El Gobierno recurre en el Constitucional el decreto antidesahucios andaluz
El Consejo de Ministros acuerda recurrir la norma al creer que invade competencias
El Gobierno central ha hecho lo que el PP andaluz quer¨ªa evitar que hiciera: recurrir el decreto de la Junta contra los desahucios. Lo ha acordado este viernes el Consejo de Ministros y lo defendi¨® la vicepresidenta, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, con tres argumentos jur¨ªdicos: ¡°Afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda, que es una norma reservada a las Cortes Generales, establece una responsabilidad sancionadora al margen del principio de culpabilidad que viene exigido por la Constituci¨®n y establece una regulaci¨®n contraria al principio igualdad¡±.
La decisi¨®n est¨¢ tomada, diga lo que diga el Consejo de Estado, al que el Ejecutivo ha pedido que, con urgencia (tres d¨ªas), presente un informe sobre la constitucional de la norma andaluza. Tras la reuni¨®n del Consejo de Ministros, Santamar¨ªa se ampar¨® tambi¨¦n en las dudas mostradas por la UE hacia el decreto andaluz y, sobre todo, en una supuesta invasi¨®n de competencias por parte de la Junta que generar¨ªa, seg¨²n la vicepresidenta, desigualdad entre los ciudadanos andaluces y el resto. El pleno del Parlamento de Navarra tambi¨¦n aprob¨® esta semana, con el voto en contra de UPN y PPN, una norma similar para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra, presentada por PSN, Bildu, Aralar-NaBai, I-E y Geroa Bai.
El recurso se presentar¨¢ con dos partes del articulado del decreto: el art¨ªculo uno, que modifica la ley reguladora del derecho a la vivienda en Andaluc¨ªa, y la disposici¨®n adicional segunda, que hace referencia al Estatuto de Autonom¨ªa y la competencia del Consejo de Gobierno para la elaboraci¨®n de reglamentos generales de su leyes auton¨®micas.
El recurso ha cogido m¨¢s a contrapi¨¦ al PP andaluz que a PSOE e IU. Los populares, que se abstuvieron en la convalidaci¨®n del decreto en el Parlamento, no quer¨ªan que se recurriera porque supone entregar a la Junta el argumento de que el PP solo defiende a la banca.
Todo indica que los populares andaluces no sab¨ªan que el Gobierno hab¨ªa decidio llevar la norma al Constitucional. Este viernes, a la vez que se celebraba el Consejo de Ministros, la vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP andaluz, Alicia Mart¨ªnez, minimizaba el impacto que ha tenido hasta ahora el decreto e instaba a la Junta a desarrollar ¡°las otras medidas¡± de la norma, como las de fomento del alquiler, que contempla multas para los bancos que mantengan casas desocupadas. Horas despu¨¦s, la misma Mart¨ªnez consider¨® ¡°l¨®gica¡± la postura del Gobierno y la achac¨® a que PSOE e IU han rechazado las enmiendas presentadas por el PP.
Desde que se present¨® la norma, en las ocasiones en las que se les ha preguntado si el Gobierno deb¨ªa recurrirlo, el PP regional nunca ha dicho que s¨ª. Juan Ignacio Zoido asegur¨® en abril que la posibilidad de llevarlo al Constitucional no se hab¨ªa ¡°contemplado¡±, mientras que su n¨²mero dos, Jos¨¦ Luis Sanz, consider¨® que ser¨ªa ¡°una p¨¦rdida de tiempo¡± que el Gobierno se dedicara a estudiar un recurso al Constitucional del decreto andaluz. Seg¨²n Sanz, el ¨²nico objetivo de la Junta era ¡°provocar¡± al Ejecutivo para que la recurriera y pareciera as¨ª que daba la espalda a los ciudadanos, por lo que, en su opini¨®n, Rajoy no deb¨ªa entrar en el juego.
Pero, en el supuesto de que eso fuera lo que quer¨ªan PSOE e IU, el Gobierno central ha dado el paso. El gobierno andaluz niega que esperara el recurso, pero s¨ª que ha retado al Gobierno a presentarlo para obligarle as¨ª a definirse. La ¨²ltima vez, el pasado martes, despu¨¦s de que el Ministerio de Econom¨ªa le enviara una carta de los servicios del comisario europeo de Asuntos Econ¨®micos y Monetarios, Olli Rehn, en la que Bruselas advert¨ªa de los posibles efectos negativos del decreto en el mercado inmobiliario y sobre la estabilidad de la banca.
La Junta advirti¨® que el desarrollo del decreto iba a seguir seg¨²n lo previsto y record¨® que la Uni¨®n Europea no tiene competencias para frenarlo. ¡°La ¨²nica manera de retirar el decreto ley es que fuera inconstitucional¡±, se?al¨® la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cort¨¦s (IU). Ya hace unas semanas el Ejecutivo de Rajoy difundi¨® un correo electr¨®nico en el que Bruselas, supuestamente, cuestionaba la norma andaluza, aunque luego se vio que ese cuestionamiento no era tal y la Junta lo interpret¨® como un intento del Gobierno de criticar el decreto sin mancharse las manos. Cuando esta semana Madrid hizo p¨²blica la carta de los servicios de Rehn, la Junta asegur¨® que estaba buscando una ¡°coartada¡± para presentar un recurso de inconstitucionalidad.
Tras conocer ayer el acuerdo del Consejo de Ministros, la Junta vio cumplida su sospecha. Seg¨²n la Consejer¨ªa de la Presidencia, la decisi¨®n es una prueba de que el Gobierno ¡°da la espalda a los ciudadanos¡± y ¡°se pone del lado de los mercados y de la banca¡±. ¡°Llama poderosamente la atenci¨®n la falta de sensibilidad del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy ante el drama de los desahucios¡±, se?al¨® la consejera Susana D¨ªaz. ¡°?C¨®mo van a poder mirar a la cara a la gente que est¨¢ pagando las consecuencias m¨¢s da?inas de esta crisis recurriendo esta medida mientras al mismo tiempo le inyecta 41.000 millones de euros a los bancos?¡±, se cuestion¨®.
Los pasos de la norma
La Junta present¨® el nueve de abril su decreto ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la funci¨®n social de la vivienda. El texto contempla la expropiaci¨®n del uso de la vivienda a los bancos, durante un m¨¢ximo de tres a?os, en caso de desahucios de familias en riesgo de exclusi¨®n; y el fomento del alquiler de viviendas vac¨ªas a trav¨¦s de un sistema de penalizaci¨®n en el que se multar¨¢ con hasta 9.000 euros a las entidades bancarias y a sus sociedades filiales que no arrienden sus inmuebles.
La primera valoraci¨®n del PP fue criticar el decreto por considerarlo una "copia" de las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Rajoy contra los desahucios. Despu¨¦s pas¨® a infravalorarlo al advertir que "solo arregla el problema de 200 personas", la cifra dada por el Ejecutivo andaluz de familias que podr¨ªan librarse del desalojo gracias a la nueva norma.
El 9 de mayo, el Gobierno difundi¨® que Bruselas hab¨ªa remitido un escrito en el que cuestionaba el decreto andaluz por su impacto en la banca. D¨ªas despu¨¦s, la Comisi¨®n Europea rebaj¨® el tono que el Gobierno espa?ol otorg¨® a esas dudas y precis¨® que lo que hab¨ªa hecho Bruselas era enviar una comunicaci¨®n al ministerio para pedir m¨¢s informaci¨®n sobre ese decreto y su impacto en la banca espa?ola.
La norma sigui¨® su curso y el Bolet¨ªn Oficial de la Junta de Andaluc¨ªa public¨® el 23 de mayo a primera expropiaci¨®n, a favor d euna familia de Huelva. Desde entonces, ya se han producido otras seis.
E Esta semana, los servicios del comisario de Asuntos Econ¨®micos y Monetarios, Olli Rehn, han enviado una carta al Gobierno para advertir de los efectos negativos del decreto andaluz por su impacto sobre el ajuste en el mercado inmobiliario y sobre la estabilidad del sistema financiero. La Junta lo interpret¨® como una "coartada"¡¤ del ejecutivo para recurrir el decreto al Tribunal Constitucional. El Consejo de Ministros acord¨® ayer presentar el recurso.
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