Anticorrupci¨®n reclama a Cospedal que explique las donaciones al PP

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha subido un pelda?o en el caso de los papeles de B¨¢rcenas y ayer envi¨® un escrito al juez Pablo Ruz en el que reclama que se interrogue, en calidad de testigo, a la secretaria general del PP, Mar¨ªa Dolores de Cospedal, o a su ¡°representante legal¡±. La intenci¨®n es que ¡°explique¡± en sede judicial ¡°el procedimiento de recepci¨®n de las donaciones an¨®nimas percibidas por el partido¡±. ¡°Entendemos (...) que puede esclarecer y aportar informaci¨®n sobre los hechos objeto de investigaci¨®n", destaca el fiscal Anticorrupci¨®n Antonio Romeral en respuesta a un escrito de Izquierda Unida, querellante en la causa de los papeles del extesorero. IU reclam¨® al juez que tambi¨¦n citase, con el mismo motivo, a los exsecretarios generales del PP Javier Arenas y Francisco Alvarez-Cascos, pero la fiscal¨ªa se opone porque el periodo en que ambos desempe?aron ese cargo es anterior a a?os que abarcan las pesquisas (2004-2008). La coalici¨®n no inclu¨ªa la cita de ?ngel Acebes ¡ªantecesor de Cospedal en la secretar¨ªa general, que s¨ª comprende ese periodo¡ª, por lo que el fiscal no se pronuncia al respecto.

La reacci¨®n del PP ante el previsible interrogatorio de su n¨²mero dos fue de ¡°tranquilidad¡± y "deseo de colaboraci¨®n con la justicia". Si finalmente es llamada por Ruz, es previsible que delegue en su representante legal, en el abogado del PP. Adem¨¢s, Cospedal sostiene que en el periodo al que se ci?en las pesquisas ella ocup¨® ese puesto durante seis meses: accedi¨® al cargo en mayo de 2008. Aun as¨ª, ayer se?al¨® su ¡°plena predisposici¨®n a aclarar todo aquello que sea susceptible de aclarar, a decir todo lo que sabe, y a decir la verdad, como es l¨®gico y normal¡±.

Anticorrupci¨®n recuerda a IU, que dentro de su bater¨ªa de nuevs pruebas demand¨® que el PP identifique oficialmente los nombres de los donantes, que esta prueba fue practicada y que el partido "ya aport¨® la informaci¨®n requerida el 25 de marzo de 2013, aunque limitada al per¨ªodo de 2004 a 2011¡± debido a que no dispon¨ªa de informaci¨®n anterior a 2004.

La finalidad de las pruebas solicitadas por IU a Ruz es aclarar si entre 1990 y 2008 el PP defraud¨® al fisco, favoreci¨® el cohecho y si se financi¨® ilegalmente (como dejan entrever las anotaciones de la caja B que elabor¨® de su pu?o letra el extesorero Luis Barcenas, en la que figuran 7,5 millones de donaciones an¨®nimas procedentes de grandes empresarios). Las cuentas reflejan asimismo entregas de dinero (supuestos sobresueldos) a la c¨²pula del partido durante esos a?os, entre los que destacan el presidente del Gobierno Mariano Rajoy y los otrora miembros del Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar Javier Arenas, Rodrigo Rato, Francisco ?lvarez Cascos y Jaime Mayor Oreja, entre otros.

Salvo el delito fiscal, y ce?ido al periodo 2007-2008, la sombra de la prescripci¨®n gravita sobre los dem¨¢s que se investigan en el caso de los papeles de B¨¢rcenas: cohecho, prevaricaci¨®n e incluso tr¨¢fico de influencias. Por eso el objetivo de los investigadores es tratar de determinar si hubo esos flujos de dinero y a partir de ah¨ª acreditar ?qui¨¦n lo don¨®, cu¨¢nto, qu¨¦ hizo el PP con el dinero, se rebas¨® el l¨ªmite mn¨¢ximo de 60.000 euros que establec¨ªa hasta 2007 la ley de Financiaci¨®n de Partidos Pol¨ªticos? ?Tribut¨® por ellos el partido, tributaron los supuestos perceptores de los sobresueldos? Y aclarado esto, en su caso determinar qu¨¦ delitos concurren y si han prescrito.

En fuentes de la investigaci¨®n se da por hecho que, en puridad jur¨ªdica, el asunto de los papeles de B¨¢rcenas no ir¨¢ m¨¢s all¨¢ del delito fiscal, dado que los otros, aparte de la complejidad que supone acreditarlos, estar¨ªan prescritos. Por eso, han dado instrucciones a los peritos judiciales para que centren sus ojos en las anotaciones de los cuadernos de los ejercicios de 2007 y 2008 y determinar si hay delito fiscal. El ¨²nico delito no prescrito y que se da por acreditado es el contable, y cabe atribuirlo a Luis B¨¢rcenas. Y es que la investigaci¨®n da por hecho que en el PP hubo una caja B elaborada (en los papeles figura su letra) por el extesorero Luis B¨¢rcenas. Y el C¨®digo Penal, en su art¨ªculo 310, castiga con hasta siete meses de c¨¢rcel ¡°al gestor¡± que elabore una caja B. Viene tipificado como delito contable. Y la responsabilidad tambi¨¦n puede extenderse al extesprero ?lvaro Lapuerta si se acredita que son suyos (¨¦l se?ala que no, que han imitado su r¨²brica) los visados que aparecen en los laterales de algunas hojas de los papeles.

IU pidi¨® al juez que requiera a algunas de las empresas que figuran como donantes del PP en los papeles de B¨¢rcenas para que aporten todas sus cuentas desde 1992. Una de las empresas aludidas es OHL, presidida por Juan Miguel Villar Mir. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n no se opone, pero s¨ª pone un l¨ªmite temporal: que aporte las cuentas del periodo comprendido entre 2004 y 2008, primer y ¨²ltimo ejercicio en el que aparece Villar Mir en los papeles. Tambi¨¦n ped¨ªa IU las cuentas desde 1999 de otras grandes empresas: las de AZVI, Sacyr-Vallehermoso, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Rubau Construcciones y Sando. El fiscal Antonio Romeral tambi¨¦n acota la petici¨®n de cuentas a los periodos en que figuran las donaciones en los papeles: en el caso de AZVI al periodo 2002-2008; en el de Sacyr, al periodo 2003-2004, y en el caso de FCC al periodo 2003-3008.

Los investigadores dudan de que en las cuentas de los empresarios figuren donaciones ilegales, como anot¨® B¨¢rcenas en sus cuadernos, o aportaciones econ¨®micas en negro para el PP. Primero porque ello supondr¨ªa un dinero no declarado al fisco y, segundo, porque la donaci¨®n ilegal ser¨ªa un fraude, estar¨ªa sujeta a tributaci¨®n y, por tanto, si supera la cuota de 120.000 euros en un ejercicio, constituirt¨ªa un delirto fiscal. Ven dif¨ªcil acreditarlo, per oquiere tener datos que ayuden a perfilar si el PP cometi¨® un delito fiscal en los ejercicios 2007-2008 al recibir donaciones ilegales y no declaradas, de las que responder¨ªa con las oportunas multas fiscales. Tambi¨¦n se est¨¢n indagando si los perceptores de los sobresueldos los declararon al fisco, aunque, a juzgar por las anotaciones de los papeles, ninguno rebasar¨ªa la cuota anual tributaria penalmente punible de los 120.000.