La Audiencia ¡®invita¡¯ a los aforados a declarar por el ¡®caso ERE¡¯ ante Alaya
El tribunal dice que la juez debe ¡°apurar y depurar¡± la causa antes de enviarla al Supremo
La Audiencia de Sevilla ha sugerido a los pol¨ªticos aforados y se?alados en el caso de los ERE que declaren ante la juez instructora Mercedes Alaya si consideran ¡°que pueden quedar involucrados¡± en la investigaci¨®n. El recordatorio figura en un auto dictado esta semana y es relevante porque Alaya no es juez competente para imputar a diputados a Cortes y del Parlamento andaluz, y est¨¢ obligada a elevar una exposici¨®n razonada de indicios penales ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, la Audiencia abre una puerta para que antes del env¨ªo de parte de la causa al alto tribunal se aclaren ciertos extremos que ata?en a estos pol¨ªticos, se?alados por testigos e imputados durante la instrucci¨®n y los interrogatorios, entre ellos el presidente de la Junta de Andaluc¨ªa, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n.
¡°Nada impedir¨ªa al aforado que piense que puede quedar involucrado en una investigaci¨®n judicial salvaguardar su derecho de defensa poni¨¦ndose a disposici¨®n del juzgado para declarar (...) el juez puede recibir declaraci¨®n al aforado si voluntariamente se presta a ello¡±, recuerda la Audiencia. El primer pol¨ªtico aforado se?alado fue el diputado socialista a Cortes y exconsejero de Empleo Jos¨¦ Antonio Viera. Hace un a?o y medio la Guardia Civil subray¨® en un informe la responsabilidad y el ¡°papel esencial¡± que desempe?¨® Viera para que la Sierra Norte sevillana acaparara 30 de los 73 millones que la Junta concedi¨® de manera directa para empresas de toda Andaluc¨ªa entre 2001 y 2010.
M¨¢s tarde, en julio de 2012, la n¨²mero dos de la Intervenci¨®n General de la Junta, Teresa Arrieta, declar¨® como testigo que la consejera de Hacienda, Carmen Mart¨ªnez Aguayo, conoci¨® de primera mano el procedimiento con el que el Gobierno financi¨® los ERE y que la juez considera ilegal. Este conocimiento de manera verbal de Aguayo se suma a los 15 informes que la Intervenci¨®n emiti¨® para alertar de la opacidad del fondo, y que cayeron en saco roto.
Mientras, en la declaraci¨®n como imputado del abogado Carlos Leal, la juez le pregunt¨® de manera insistente por el papel desempe?ado en los ERE por el secretario federal de Pol¨ªtica Municipal del PSOE y exconsejero de la Presidencia andaluz Gaspar Zarr¨ªas. Y Leal relat¨® una comida de Zarr¨ªas con el empresario Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos y el intermediario encarcelado Juan Lanzas. Eso s¨ª, antes la Guardia Civil hab¨ªa aclarado que la relaci¨®n entre Lanzas y el diputado socialista es ¡°de dif¨ªcil definici¨®n¡±.
Finalmente, el exinterventor general de la Junta Manuel G¨®mez acus¨® a Gri?¨¢n [exconsejero de Hacienda entre 2004 y 2009] de ignorar las alertas incluidas en los informes sobre el fondo de los ERE. ¡°A Gri?¨¢n los informes de auditor¨ªa no le importaban nada¡±, declar¨® el alto funcionario en su reciente comparecencia como imputado ante Alaya.
Sin embargo, la opci¨®n que plantea la Audiencia parece improbable dados los pronunciamientos del PSOE andaluz. Su n¨²mero dos, Mario Jim¨¦nez, opin¨® que la elevaci¨®n al Supremo del caso es ¡°la ¨²nica v¨ªa para que haya justicia¡±, ya que la instrucci¨®n es ¡°un juicio pol¨ªtico que no busca conocer la verdad¡±.
La Audiencia aclara que Alaya ¡°debe apurar y depurar la instrucci¨®n practicando cuantas diligencias sean precisas para completar la investigaci¨®n¡±, salvo que desde un principio sea escindible la imputaci¨®n de un aforado. Es decir, los jueces matizan que antes de enviar la exposici¨®n razonada, la instructora debe determinar el grado de participaci¨®n de los aforados, ¡°individualizando la conducta concreta¡± de cada uno. Estas recomendaciones de la Audiencia, basadas en la jurisprudencia del Supremo, desbaratan los rumores sobre un inminente env¨ªo del caso al alto tribunal. Es probable que, si Alaya sigue dichas recomendaciones, no concrete los indicios (si los hay) contra los aforados hasta que haya tomado declaraci¨®n a los 20 altos cargos de la Junta imputados recientemente. De momento, solo G¨®mez ha comparecido ante la instructora de los ERE.
Dur¨ªsima reprimenda a un abogado
El auto de la Audiencia de Sevilla en el que se pronuncia sobre los pol¨ªticos aforados es la respuesta a la petici¨®n de la defensa del consultor en los ERE Jos¨¦ Gonz¨¢lez Mata para rebajarle su fianza a 450.000 euros. Y la r¨¦plica de los jueces al letrado no pod¨ªa haber sido m¨¢s dura. Tanto que la Audiencia ha enviado su recurso a la Fiscal¨ªa de Sevilla para que estudie si el abogado ha incurrido en delito por sus cr¨ªticas a la juez Alaya.
El auto se refiere a las cr¨ªticas de Cosano, que achaca a Alaya haber deseado "la muerte civil" de su defendido y tomar decisiones innecesarias e injustas. Cosano censur¨® a la juez por haber retrasado el env¨ªo de la causa al Tribunal Supremo: "Se demoran decisiones evidentes que conllevar¨ªan la p¨¦rdida de la competencia y la jurisdicci¨®n. Y no sabemos por qu¨¦ oscuras razones, pues no ser¨¢ porque se tema que el Supremo no vaya a mantener igual dedicaci¨®n u observar igual perspicacia que la actual instructora".
A continuaci¨®n, el letrado acusa a Alaya de "propiciar o permitir" continuas filtraciones a la prensa durante el secreto de las actuaciones. La Audiencia responde que ninguna filtraci¨®n provino del juzgado. Cosano prosigue: "Se concept¨²a a la Guardia Civil como aut¨¦ntico or¨¢culo. Lo que se escribe es verdad, va al cielo y no se le aplica la humana capacidad de cr¨ªtica".
En otro pasaje del recurso, Cosano acusa a Alaya de "poner en tela de juicio el papel constitucional" de los sindicatos, a los que hab¨ªa acusado de financiarse de manera irregular con comisiones por 7,6 millones. Los jueces acusan al letrado de confundir la libertad provisional con la condicional y reprochan a su defendido Gonz¨¢lez Mata que recibiera comisiones por 21 millones, 13 de los cuales superaron la comisi¨®n media del mercado.
La decisi¨®n de la Audiencia, in¨¦dita en el caso, supone un respaldo a la investigaci¨®n de Alaya, pero sobre todo un aviso a navegantes ante las cr¨ªticas a la magistrada, frecuentes tanto por parte de la Junta como por otros letrados. Recientemente Jos¨¦ Mar¨ªa Mohedano, letrado del viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano, acus¨® a Alaya de "corruptela procesal" por su manera de instruir la causa.
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