El Consejo de Estado ve constitucional la prisi¨®n permanente

Una de las medidas m¨¢s novedosas y m¨¢s duras del futuro C¨®digo Penal, la pena de prisi¨®n permanente revisable, ha pasado el visto bueno del Consejo de Estado, un ¨®rgano consultivo formado por juristas, acad¨¦micos, exministros de distinto color pol¨ªtico y expresidentes del Gobierno (aunque de estos solo est¨¢ Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero). El organismo p¨²blico ha emitido un informe, fechado el 27 de junio y citado este martes por la agencia Efe, en el que concluye que la nueva pena es constitucional. Aun as¨ª, da un rapapolvo al Ministerio de Justicia ¡ªdirigido por Alberto Ruiz-Gallard¨®n¡ª al subrayar que en ning¨²n momento ha explicado la necesidad de incorporar a la legislaci¨®n espa?ola esa medida tan relevante, que no la ha justificado con datos y que puede estar dej¨¢ndose llevar por la ¡°alarma¡± que determinados cr¨ªmenes especialmente graves hayan suscitado en la opini¨®n p¨²blica.

La prisi¨®n permanente revisable es como una cadena perpetua, pero reversible: el reo es condenado a c¨¢rcel de por vida, pero a los 25 o 35 a?os (en funci¨®n de la gravedad de los delitos) esa pena es revisada; si se considera que est¨¢ rehabilitado, se le deja en libertad (aunque condicional durante un tiempo). Si todav¨ªa no est¨¢ rehabilitado, sigue en la c¨¢rcel, sometido a nuevas revisiones peri¨®dicas. La libertad puede llegar incluso antes, porque a partir de los 15 a?os ¡ªcuando la condena es por un solo delito¡ª el reo tiene la posibilidad de acceder al tercer grado (volver a prisi¨®n solo para dormir).

En realidad, el C¨®digo Penal actual ¡ªuno de los m¨¢s duros de Europa¡ª ya prev¨¦ casos muy graves en los que el condenado puede pasar hasta 40 a?os en la c¨¢rcel; es decir, m¨¢s que con la prisi¨®n permanente revisable si el reo se rehabilita. Pero la nueva pena supone un salto cualitativo conceptualmente, porque implica la posibilidad de que el condenado pase toda su vida en prisi¨®n; seg¨²n algunos juristas, eso choca con el objetivo de ¡°reinserci¨®n¡± que da la Constituci¨®n espa?ola a las penas de c¨¢rcel.

De hecho, el informe del Consejo General del Poder Judicial ¡ªque tambi¨¦n tuvo que opinar sobre el anteproyecto el pasado enero¡ª concluy¨® que esa pena vulneraba el principio de legalidad y seguridad jur¨ªdica del art¨ªculo 25 de la Constituci¨®n, porque se basaba en la futura peligrosidad del condenado. Tambi¨¦n el Consejo Fiscal expres¨® sus dudas sobre la constitucionalidad de la pena.

Ahora, el Consejo de Estado ¡ªcuyo informe, como el del CGPJ, no es vinculante¡ª la considera constitucional. Porque no somete al preso a un trato degradante o inhumano y porque, al ser revisable, abre la puerta a la libertad condicional. El anteproyecto de ley, sin embargo, ¡°en ning¨²n momento apunta las razones, motivos, causas o circunstancias por las que se ha entendido que una reforma de esta magnitud resulta necesaria en el momento actual¡±, dice el organismo consultivo. Luego atribuye la iniciativa del Gobierno a que pueda estar dej¨¢ndose llevar por la ¡°alarma¡± que determinadas excarcelaciones de presos por delitos especialmente graves hayan generado entre la poblaci¨®n, lo que le lleva a ¡°discrepar¡± de la forma en que se ha presentado ¡°esta importante decisi¨®n de pol¨ªtica penal y penitenciaria¡±.

Cuando Alberto Ruiz-Gallard¨®n present¨® la reforma del C¨®digo Penal, el pasado septiembre, apel¨® en dos ocasiones a cr¨ªmenes que ¡°han ocurrido en Espa?a¡± y que ¡°en la mente de todos est¨¢n¡± para enmarcar las nuevas penas. Espa?a, sin embargo, tiene una de las tasas de poblaci¨®n penitenciaria m¨¢s altas de Europa, con uno de los ¨ªndices de criminalidad m¨¢s bajos. La pena de prisi¨®n permanente revisable se aplicar¨¢ a homicidios terroristas, magnicidio, genocidio, delitos de lesa humanidad y a los casos de ¡°asesinato agravado¡± (asesinatos de menores de 16 a?os o discapacitados, asesinatos m¨²ltiples, los cometidos por organizaciones y los que sean ¡°subsiguientes a un delito contra la libertad sexual¡±).

El Consejo de Estado tambi¨¦n ha considerado constitucional otra de las medidas nuevas del anteproyecto inicial, la custodia de seguridad (que permit¨ªa mantener en la c¨¢rcel al preso hasta diez a?os m¨¢s, tras cumplir la pena original). Pero esa medida ya ha sido suprimida del anteproyecto por el Ministerio de Justicia, seg¨²n confirm¨® un portavoz el pasado julio.

Adem¨¢s, el futuro C¨®digo Penal incluir¨¢ un nuevo delito para perseguir la ¡°divulgaci¨®n no autorizada de im¨¢genes o grabaciones ¨ªntimas, incluso si se han obtenido con consentimiento de la v¨ªctima¡±, como anunci¨® Gallard¨®n en octubre tras conocerse el caso de la concejal Olvido Hormigos. En la primera versi¨®n del anteproyecto ¡ªla definitiva solo se conocer¨¢ cuando sea aprobada por el Consejo de Ministros¡ª ese nuevo delito estaba castigado con entre seis meses y un a?o de c¨¢rcel; no supondr¨ªa, por tanto, la entrada en prisi¨®n si no hay antecedentes. El Ministerio de Justicia no aclar¨® entonces si la pena se aplicar¨ªa ¨²nicamente a la persona que grabara el v¨ªdeo ¨ªntimo y lo difundiera o tambi¨¦n a todo aquel que contribuyese despu¨¦s a su difusi¨®n (por ejemplo, retuite¨¢ndolo).

El anteproyecto endurece, por otra parte, el castigo contra la pirater¨ªa en Internet, un aspecto que ha generado divergencias en el seno del Ejecutivo y que a¨²n est¨¢ perfil¨¢ndose, seg¨²n fuentes gubernamentales. Tal y como est¨¢ ahora la propuesta de Justicia, se prev¨¦n, por ejemplo, penas de hasta seis a?os de prisi¨®n para quienes, ¡°con ¨¢nimo de obtener beneficio directo o indirecto¡±, faciliten la ¡°localizaci¨®n activa y sistem¨¢tica de contenidos objeto de propiedad intelectual ofrecidos il¨ªcitamente en Internet¡±, ofreciendo ¡°listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y contenidos¡±.