Torres-Dulce arremete ante el Rey contra la corrupci¨®n p¨²blica y privada

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce ha arremetido durante la apertura del a?o judicial, a la que ha asistido el Rey, ¡°contra la corrupci¨®n, que es sin duda, una de las cuestiones que m¨¢s debilitan la fortaleza moral de nuestra sociedad¡±. Torres-Dulce ha asegurado que la fiscal¨ªa ¡°comparte esa preocupaci¨®n¡± ciudadana y que desde ¡°su atalaya procesal¡± trata de combatirla con los medios a su disposici¨®n.

Torres-Dulce ha dicho: ¡°El problema es espinoso, una manifestaci¨®n m¨¢s del desencuentro entre sociedad y justicia, que requerir¨ªa una extensa explicaci¨®n de las importantes limitaciones que presenta el proceso penal como medio de control de la acci¨®n administrativa¡±. El fiscal general ha advertido que, ¡°junto a la corrupci¨®n p¨²blica¡±, se ha alzado tambi¨¦n ¡°la corrupci¨®n privada, cuyos sujetos activos son los directivos y administradores de sociedades que se prevalecen de su condici¨®n de lucrarse a costa de la entidad que gestionan y de las personas que tienen intereses en ella¡±. Las palabras del fiscal general se producen en la recta final del caso Urdangarin, en el que est¨¢ implicado al yerno del Rey y en el que podr¨ªa acabar imputada la infanta Cristina.

Seg¨²n Torres-Dulce, abordar con eficacia el fen¨®meno de la corrupci¨®n ¡°exige aumentar la eficiencia de los ¨®rganos de inspecci¨®n y control de las Administraciones, corporaciones y mercados, y el establecimiento de unos mecanismos de detecci¨®n precoz que permitan abortar la corrupci¨®n en sus inicios. No menos importante¡±, ha a?adido Torres Dulce, ¡°es incrementar los recursos de la jurisdicci¨®n contencioso-administrativa y del Tribunal de Cuentas, como estancias claves del control¡±.

¡°Puedo afirmar sin desdoro de la verdad¡±, ha agregado el fiscal general, que la activa intervenci¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ¡°ha sido decisiva para el esclarecimiento de gran cantidad de delitos relacionados con el manejo de caudales p¨²blicos y con el ejercicio abusivo o desviado de las atribuciones p¨²blicas¡±.

Seg¨²n el fiscal general del Estado en el a?o 2012 se han incrementado las calificaciones por delitos de prevaricaci¨®n administrativa en un 23,85% y las de fraude cometido por autoridad o funcionario p¨²blico en un 120%, en tanto que han descendido las calificaciones por malversaci¨®n de caudales p¨²blicos en un 31%, por tr¨¢fico de influencias en un 22,37% y por malversaci¨®n de caudales p¨²blicos en un 31,23%.

El fiscal general tambi¨¦n ha pedido al ministro de Justicia ¡°una somera reflexi¨®n sobre el borrador de C¨®digo Procesal Penal¡±, que exhibi¨® Justicia a principios de este a?o. Seg¨²n Torres-Dulce, este borrador ¡°anuncia el viraje hist¨®rico de nuestro ordenamiento hacia un sistema acusatorio puro, ya que el texto contempla la desaparici¨®n del juez de instrucci¨®n, una investigaci¨®n dirigida por el fiscal y supervisada por un tribunal de garant¨ªas, un juicio oral basado en un acervo probatorio desvinculado de la instrucci¨®n.

Un sistema de ejecuci¨®n inspirado en el principio de concentraci¨®n de actos y centralizaci¨®n de la competencia en un solo tribunal y unas modalidades de proceso especial que tratan de garantizar los beneficios del enjuiciamiento inmediato¡±. ¡°Debo advertir que este texto¡±, ha subrayado Torres-Dulce, ¡°que presenta aciertos innegables en otras ¨¢reas, incurre en la fase preparatoria en una grave inconsecuencia: atribuir la direcci¨®n de la investigaci¨®n criminal al fiscal y negarle al mismo tiempo la capacidad de maniobra precisa para llevarla a buen t¨¦rmino. Particularmente grave es el recelo que muestra hacia a figura del fiscal, pres le somete a un constante escrutinio de su actividad investigadora por el tribunal de garant¨ªas¡±.

Torres-Dulce ha hecho una defensa a ultranza de la unidad de Espa?a, "como fundamento de la indisoluble unidad de la naci¨®n, patria com¨²n e indivisible de todos los espa?oles". Y ha rematado: "Todo esto desde 1978 es lo que justifica orgullosamente nuestra comparecencia ante usted [en referencia al Rey]".

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, ha pedido que el nuevo ¨®rgano de gobierno de los jueces ¡°se dise?e con el m¨¢ximo consenso entre las diversas fuerzas pol¨ªticas parlamentarias¡± y que no se utilice el habitual sistema de cuotas que suelen emplear los partidos pol¨ªticos para designar a los vocales. Moliner ha hecho esta petici¨®n durante la apertura del curso judicial que se est¨¢ celebrado en el Tribunal Supremo bajo la presidencia del rey don Juan Carlos. A las puertas del Tribunal Supremo hay concentrados medio centenar de miembros de los distintos s9indicatos de justicia que se quejan del recorte de medios por parte del ministro Alberto Ruiz-Gallard¨®n. Los sindicatos han recibido al ministro con pitos y gritos en los que piden su dimisi¨®n y exhiben una pancarta en la que se puede leer: ¡°Gallard¨®n acaba con la justicia para todos¡±.

Moliner ha dicho:; ¡°Se trata de entender que la reforma de la justicia constituye una cuesti¨®n de Estado que requiere por lo tanto un acuerdo de Estado para que la misma puede ser aceptada como definitiva y no sometida como hasta ahora a los vaivenes de cada situaci¨®n parlamentaria¡±. Y ha a?adido: ¡°En ello entra tambi¨¦n la elecci¨®n de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, pues su legitimaci¨®n, mayor o mejor, no solo deriva del sistema de elecci¨®n parlamentaria o corporativa que se elija sino tambi¨¦n del hecho de que esa elecci¨®n se haga por consenso y no por cuotas, que es lo que quiso el constituyente y lo que mejor garantiza una mejor elecci¨®n de sus integrantes¡±.