El Gobierno intenta poner coto a los gastos de los cargos p¨²blicos
El Ejecutivo aprueba un informe con 40 medidas contra la corrupci¨®n Se crear¨¢ un nuevo tipo delictivo de financiaci¨®n ilegal de partidos Se proh¨ªbe el uso de las tarjetas de cr¨¦dito en la Administraci¨®n Una norma regular¨¢ los ¡°derechos y obligaciones¡± de los cargos p¨²blicos
El Gobierno ha aprobado este viernes en Consejo de Ministros un informe con 40 medidas para "reforzar el control de la actividad econ¨®mica y financiera de los partidos, mejorar la regulaci¨®n de los cargos p¨²blicos y para endurecer la lucha contra la corrupci¨®n". El Gobierno intenta poner coto a los gastos de los cargos p¨²blicos. El informe ahora aprobado, que fue anunciado en plena vor¨¢gine por el caso B¨¢rcenas, va acompa?ado de una amplia reforma del C¨®digo Penal, que tambi¨¦n endurece los tipos de los delitos relacionados con la corrupci¨®n, entre los que se incluye un nuevo delito de financiaci¨®n ilegal de los partidos pol¨ªticos. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, ha asegurado que ser¨¢ obligatoria la comparecencia en el Congreso de los tesoreros de los partidos y se establecer¨¢n normas para que la persecuci¨®n de los delitos de corrupci¨®n pol¨ªtica "no se eternicen".
Santamar¨ªa ha a?adido que, entre otras resoluciones, se ha dise?ado una normativa del "ejercicio del cargo p¨²blico", para que se sepa "qu¨¦ derechos y qu¨¦ obligaciones" tienen quienes ejerzan esos cargos. Entre otras medidas, se prohibir¨¢ el uso en las administraciones p¨²blicas de las tarjetas de cr¨¦dito, as¨ª como los gastos reembolsables de los cargos p¨²blicos. "Hab¨ªa una dispersi¨®n normativa absoluta" sobre las obligaciones de los cargos p¨²blicos, ha precisado.
La vicepresidenta ha destacado que el proyecto de ley que se remite a las Cortes Generales revisa los tipos de malversaci¨®n, prevaricaci¨®n, cohecho o tr¨¢fico de influencias, entre otras novedades. "Lo importante es fijar qui¨¦n es el que ha cometido el delito de financiaci¨®n ilegal de los partidos", ha dicho la vicepresidenta, a la vez que ha recordado que ya se ha establecido la responsabilidad penal de los partidos pol¨ªticos.
La vicepresidenta ha anunciado tambi¨¦n que se crear¨¢ un nuevo tipo delictivo de financiaci¨®n ilegal de partidos, al tiempo que se incluir¨¢n medidas "para agilizar los procesos y que no se eternicen". Para ello, se facilita la persecuci¨®n del corrupto y la recuperaci¨®n de los bienes procedentes de sus actividades delictivas, seg¨²n ha subrayado.
Santamar¨ªa ha dado la palabra al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, para que este detalle las reformas del C¨®digo Penal. Lo primero que ha dicho es que los cambios suponen "una aut¨¦ntica transformaci¨®n" del sistema penal espa?ol, y que la reforma no est¨¢ al albur de la actualidad, de los casos que provocan alarma social, sino que ha sido meditada y muy estudiada.
La reforma del C¨®digo Penal endurece los tipos para delitos relacionados con la corrupci¨®n e incluye entre sus principales novedades la prisi¨®n permanente revisable para terroristas y casos de asesinato especialmente graves por la indefensi¨®n de la v¨ªctima. "Hay un nuevo planteamiento del criterio de penas para buscar una respuesta proporcionada al delito", pero con un car¨¢cter flexible especialmente para la delincuencia menor, ha precisado desde La Moncloa el ministro de Justicia.
Respecto a la prisi¨®n permanente revisable, destinada a los delitos de especial gravedad, ha precisado que el mero cumplimiento del tiempo de la condena impuesta no es condici¨®n suficiente para la puesta en libertad. El criterio a?adido ser¨¢ la evaluaci¨®n de la posibilidad de reinserci¨®n del reo. La revisi¨®n de la condena permanente podr¨¢ tener car¨¢cter anual, una vez cumplidos los a?os m¨ªnimos fijados en la propia condena.?Es una pena similar a la cadena perpetua, con la diferencia de que, si el preso demuestra estar reinsertado, puede ser excarcelado a partir de un cierto momento.
El titular de Justicia ha abundado en que la prisi¨®n revisable, el ministro ha subrayado que su constitucionalidad ha sido visada por el Consejo de Estado, porque "es plenamente compatible con la reinserci¨®n". Ha a?adido que ser¨¢ el tribunal sentenciador el que se encargar¨¢ de la aplicaci¨®n o no de la prolongaci¨®n del tiempo en prisi¨®n. "Creo esta es una incorporaci¨®n valiosa y avanzada a nuestra legislaci¨®n penal, y sirve para que la sociedad est¨¦ segura de que ese delito tan grave no vuelva a ser cometido", ha a?adido.
Gallard¨®n ha explicado que la pena que se imponga para aquellos que cometan un primer delito tendr¨¢ como objetivo el que no se vuelva a cometer, y por lo tanto ser¨¢ m¨¢s atenuada de la que se imponga para aquellos que perpetren el mismo delito pero de forma reincidente. El ministro lo ha resumido as¨ª: "El nuevo C¨®digo Penal incluye una mayor penalizaci¨®n de la reincidencia".
El ministro ha anunciado un endurecimiento de los delitos referentes a la alteraci¨®n del orden p¨²blico. As¨ª: el delito de desorden p¨²blico se agravar¨¢ cuando se ejerza en grupo y, adem¨¢s, ser¨¢ suficiente para su castigo el probar "que ha habido violencia sobre personas o cosas, o la mera amenaza de violencia, al margen de que finalmente haya habido da?os o no".
El proyecto clarifica la definici¨®n del delito de atentado, cuya pena se agrava cuando se utilicen armas u objetos peligrosos, se lancen objetos contundentes o l¨ªquidos inflamables o corrosivos, se acometa con un veh¨ªculo de motor o suponga cualquier acci¨®n que conlleve un peligro para la vida o pueda causar lesiones graves. No se equipara a la resistencia pasiva, que ve rebajada su pena mientras que la desobediencia solo ser¨¢ falta administrativa.
Los tribunales espa?oles podr¨¢n perseguir a los clientes de prostituci¨®n infantil tambi¨¦n en el extranjero, cuando se trate de ciudadanos espa?oles o residente. El texto explica:?"Se considerar¨¢ pornograf¨ªa infantil im¨¢genes realistas de menores participando en conductas sexuales expl¨ªcitas, aunque no sean reales". Estas modificaciones, a propuesta del Ministerio de Justicia y relativas a los delitos contra la libertad sexual relativos a los abusos cometidos sobre menores de edad, responden a una transposici¨®n al reglamento espa?ol de varias directivas europeas.
El Ejecutivo se puso a trabajar en este paquete normativo contra la corrupci¨®n en marzo, poco despu¨¦s de que el propio presidente del Gobierno anunciara estas medidas anticorrupci¨®n en el Debate sobre el estado de la Naci¨®n de mediados de febrero. El 1 de agosto, en el Pleno celebrado en el Senado con motivo del llamado caso B¨¢rcenas, el propio Mariano Rajoy confirm¨® que las presentar¨ªan en septiembre.
Entre esas medidas para mejorar la lucha contra la corrupci¨®n figura la Ley Org¨¢nica de Control de la Actividad Econ¨®mica y Financiera de los partidos; la Ley reguladora del ejercicio de las Funciones Pol¨ªticas; la reforma de la Ley de Contratos del Sector P¨²blicos; la modificaci¨®n de la Ley de prevenci¨®n de blanqueo de capitales y de financiaci¨®n del terrorismo; y la reforma del C¨®digo Penal.
Se trata de 40 medidas que afectan a una decena de leyes, seg¨²n adelant¨® este mi¨¦rcoles en el Congreso la vicepresidenta Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa. Los textos normativos no est¨¢n articulados porque el objetivo el intentar buscar el m¨¢ximo consenso con los grupos y escuchar sus aportaciones, seg¨²n fuentes del Ejecutivo.
Seis leyes afectadas
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, ya presidi¨® el pasado 3 de septiembre en el Palacio de la Moncloa una reuni¨®n del Grupo de trabajo para la Regeneraci¨®n Democr¨¢tica que analiz¨® los borradores de los textos normativos que conformar¨¢n el Plan de Lucha contra la Corrupci¨®n. El objetivo es dar "m¨¢s control y m¨¢s transparencia a la actividad p¨²blica", seg¨²n el Ejecutivo.
Ese grupo de trabajo, que arranc¨® el pasado mes de marzo bajo la coordinaci¨®n del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Jos¨¦ Luis Ayll¨®n, ha contado con la participaci¨®n del director del Centro de Estudios Pol¨ªticos y Constitucionales, as¨ª como con representantes de los ministerios de Presidencia, Justicia, Hacienda y Administraciones P¨²blicas, Econom¨ªa y Competitividad e Interior.
Entre estas medidas destaca la Ley Org¨¢nica de Control de la Actividad Econ¨®mica y Financiera de los Partidos, que contendr¨¢ el procedimiento obligado de aprobaci¨®n de cuentas en los estatutos de todos los partidos.
Adem¨¢s, regular¨¢ la figura del responsable de la gesti¨®n econ¨®mica-financiera de los partidos y su comparecencia anual ante el Parlamento, as¨ª como los procedimientos de contrataci¨®n por parte de los partidos, la obligaci¨®n de depositar las cuentas de los partidos en registro p¨²blico, la retenci¨®n de los pagos de subvenciones si las cuentas no se presentan, la publicidad de las subvenciones, la mejora del r¨¦gimen sancionador en materia de financiaci¨®n y el aumento de los plazos de prescripci¨®n.
El Gobierno trabaja tambi¨¦n en la reforma de la Ley de Contratos del Sector P¨²blico con la que se "fortalecer¨¢ el r¨¦gimen de prohibiciones de contrataciones con el sector p¨²blico a todas las personas -tanto f¨ªsicas como jur¨ªdicas- condenadas por delitos relacionados con la corrupci¨®n".
Otro texto regular¨¢ por ley las Funciones Pol¨ªticas para establecer las retribuciones de los cargos p¨²blicos de la Administraci¨®n General del Estado, regular la publicaci¨®n de las declaraciones tributarias de bienes y de actividades de los mismos y la realizaci¨®n de auditor¨ªas de su situaci¨®n patrimonial al final de su mandato. Dentro de ese paquete normativo se encuentra tambi¨¦n la modificaci¨®n de la Ley de Prevenci¨®n de blanqueo de capitales y de la financiaci¨®n del terrorismo, un texto que ha preparado el Ministerio de Econom¨ªa y Competitividad.
El Gobierno ha precisado el estado de la reforma de la administraci¨®n, con la que se refunden, eliminan, fusionan o extinguen organismos p¨²blicos. La vicepresidenta ha explicado que al final del proceso, cuando se concrete toda la reforma, se produzca un ahorro de 33 millones de euros. "Lo que se pretende es que los trabajadores de los entes afectados sean trasladados o ejerzan su trabajo supliendo vacantes, especialmente ahora con la tasa de reposici¨®n cero de los puestos de la administraci¨®n p¨²blica", ha precisado Santamar¨ªa a la pregunta sobre si estos cambios supondr¨¢n despidos.
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