Los modelos en Catalu?a, Galicia, Pa¨ªs Vasco y Comunidad Valenciana

Mientras que en Baleares ya no se exige catal¨¢n a los funcionarios, seg¨²n ha avalado el Tribunal Constitucional, este es lo que sucede en otras comunidades con lenguas cooficiales:

CATALU?A

Requisito, no m¨¦rito

La ley de la funci¨®n p¨²blica de Catalu?a vigente desde hace casi 30 a?os establece como requisito y no como m¨¦rito la exigencia del nivel C del catal¨¢n para el personal de la Generalitat, entes locales, comarcales o diputaciones.

El Estatuto tambi¨¦n reconoce a los ciudadanos el ¡°derecho a utilizar la lengua oficial que elijan¡± en sus relaciones con la Administraci¨®n. El precepto, avalado por el Constitucional, precisa que ese derecho ling¨¹¨ªstico ¡°obliga¡± a las Administraciones y entidades privadas que ejercen funciones p¨²blicas. La pol¨¦mica ling¨¹¨ªstica en Catalu?a se ha centrado en la exigencia de un grupo de padres a que sus hijos fuesen escoralizados en castellano. La petici¨®n ha sido respaldada por varias sentencias del Supremo ¡ªque obligan a que el espa?ol sea tambi¨¦n vehicular¡ª y que se fundamentan en el fallo del Constitucional sobre el Estatuto. La Generalitat los ha incumplido exhibiendo otras sentencias en sentido contrario del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, que es quien debe ejecutar los fallos.

GALICIA

Con un cursillo puede bastar

Para acceder a una plaza en la funci¨®n p¨²blica de Galicia, tanto en la Administraci¨®n auton¨®mica como en la municipal, es necesario pasar una prueba de gallego. Pero ese examen puede evitarse si el aspirante acredita que conoce la lengua, para lo que se necesita el diploma que expide la propia Xunta por la asistencia a un cursillo que suele durar unos tres meses. La posibilidad de esta convalidaci¨®n fue introducida en la Ley de la Funci¨®n P¨²blica por el actual Gobierno gallego, del PP.

La Ley de Normalizaci¨®n Ling¨¹¨ªstica fue aprobada en 1983 por un amplio consenso de las fuerzas pol¨ªticas y con un Ejecutivo aut¨®nomo de la desaparecida Alianza Popular. El Gobierno central recurri¨® la ley porque inclu¨ªa el deber de conocer el gallego, disposici¨®n que fue anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional. El Estatuto de Autonom¨ªa establece que el gallego es la ¡°lengua propia de Galicia¡±. Gallego y castellano son los idiomas oficiales y ¡°todos tienen el derecho de conocerlos y usarlos¡±, seg¨²n el art¨ªculo 5 del Estatuto.

EUSKADI

Con tiempo para aprender

En Euskadi, donde el euskera y el castellano son lenguas oficiales seg¨²n el art¨ªculo 6 de su Estatuto de Autonom¨ªa, conocer el primer idioma es m¨¦rito o requisito en funci¨®n de las plazas. En la Administraci¨®n hay puestos de trabajo en los que es obligatorio conocer ambas lenguas y otros en los que no. Cada plaza tiene un perfil ling¨¹¨ªstico adscrito con una fecha de preceptividad. A partir de ese momento, quien la ocupe debe alcanzar obligatoriamente el nivel requerido, sea un trabajador que tiene la plaza desde hace tiempo o sea un funcionario que llega al puesto. En los puestos en los que el euskera no es preceptivo, las ofertas p¨²blicas de empleo consideran su conocimiento como m¨¦rito y no como requisito.

La raz¨®n es que la ley de Normalizaci¨®n del uso del Euskera de 1982 plantea que el derecho a ¡°relacionarse en euskera y castellano con la administraci¨®n¡± se debe ¡°garantizar de forma progresiva¡±, aportando los medios y el tiempo suficientes para aprender euskera.

COMUNIDAD VALENCIANA

Se valora pero no se exige

La ley de Funci¨®n P¨²blica valenciana, aprobada en julio de 2010 con los votos de populares y socialistas, no obliga a tener conocimientos de valenciano/catal¨¢n para acceder a un puesto en la Administraci¨®n auton¨®mica. El conocimiento de la lengua cooficial de la Comunidad Valenciana se eval¨²a como un m¨¦rito en las pruebas para acceder a un puesto en la funci¨®n p¨²blica.

En la actualidad, ¨²nicamente se exige el valenciano a quienes aspiran a una plaza de docente en el sistema p¨²blico educativo no universitario. En la sanidad p¨²blica y en la Administraci¨®n general de la Generalitat los funcionarios no tienen obligaci¨®n de conocer el valenciano. Los socialistas se mostraron, en su d¨ªa, partidarios de introducir el requisito ling¨¹¨ªstico en la Funci¨®n P¨²blica, tal y como reclaman entidades c¨ªvicas como Escola Valenciana y sindicatos y partidos de izquierda. Los partidarios de incluir el valenciano como requisito argumentan que los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos por la Administraci¨®n en su lengua materna.

Con informaci¨®n de Pere R¨ªos, A. Elorza y J. M. J¨¢tiva.