La reacci¨®n de Espa?a a la sentencia Parot, inusual entre los Estados europeos

¡°Las altas partes contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes¡±, dice el art¨ªculo 46 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que Espa?a ratific¨® en 1979, una vez finalizada la dictadura franquista.

La reacci¨®n de los Gobiernos ante sentencias de Estrasburgo, pese a las condenas que suponen, en muchos casos, para los Estados, suele ser la de aceptarlas, sin m¨¢s contestaci¨®n, tanto por parte de los Ejecutivos o de los partidos que sostienen a estos. As¨ª, la reacci¨®n del PP y de Mariano Rajoy al fallo de la doctrina Parot se encuentra entre las inusuales y comparable con otras que se recuerdan por ins¨®litas. En cualquier caso, entre las consultadas, nunca un Gobierno ha calificado una resoluci¨®n de Europa de ¡°injusta¡±.

Espa?a ha acumulado, entre 1988 y 2009, un total de 70 sentencias en contra. En ning¨²n caso los distintos Gobiernos han recusado al juez espa?ol designado en el Tribunal de Derechos Humanos, cargo que ahora ocupa Luis L¨®pez Guerra que, sin embargo, s¨ª se ha apartado de la deliberaci¨®n de m¨¢s de una veintena de casos en los que ha considerado que su imparcialidad pod¨ªa ponerse en duda. Entre ellos, la del rechazo del recurso del ex secretario de Estado para la Seguridad socialista, Rafael Vera, por el caso Marey.

¡°La Corte ha decidido que los crucifijos ofenden la sensibilidad de los no cristianos. Quien ofende los sentimientos de los pueblos europeos nacidos del cristianismo es sin duda la Corte. ?Que se averg¨¹encen!¡±, dijo en 2009 el ministro de Agricultura de Italia, Luca Zaia, miembro de la Liga Norte, ultracat¨®lica y antieurope¨ªsta tras el fallo de la Sala Peque?a del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo a favor de la prohibici¨®n de s¨ªmbolos religiosos en las aulas.

Espa?a acumula 70 fallos en contra del Tribunal de Derechos Humanos

¡°Discrepo profundamente del tribunal y esto no hace m¨¢s que reforzar mi determinaci¨®n de restringir el papel del Tribunal de Derechos Humanos en Reino Unido¡±, declar¨® el pasado mes de julio el ministro brit¨¢nico de Justicia, Chris Grayling, despu¨¦s de que Estrasburgo avalara la posibilidad de que los reclusos tuvieran derecho a ser excarcelados si el Estado considera que se han rehabilitado. En cualquier caso, la postura de Reino Unido ante las resoluciones de Estrasburgo, cuando el tribunal sentencia contra el Gobierno, s¨ª se han contestado en varias ocasiones.

Tambi¨¦n ocurri¨® cuando declar¨® ilegal la ley brit¨¢nica que niega a todos los presos el derecho a votar, dictada en 2005, que el Gobierno brit¨¢nico no ha acatado pese a que el Tribunal Supremo brit¨¢nico record¨® esta misma semana la obligaci¨®n de acatarla. Aun as¨ª, estas reacciones se entienden como una muestra m¨¢s de la resistencia brit¨¢nica a aceptar dict¨¢menes ajenos al pa¨ªs, que incluso lleg¨® a la propuesta, ante la C¨¢mara de los Comunes, de abandonar el Convenio europeo.

L¨®pez Guerra se ha apartado de la deliberaci¨®n de m¨¢s de 20 casos

Fuera del Consejo de Europa, fue sonada tambi¨¦n la reacci¨®n del Gobierno de Ch¨¢vez ante varias sentencias de la Convenci¨®n Americana de Derechos Humanos, que cuestion¨®, entre otras cosas, la independencia judicial del pa¨ªs. La contestaci¨®n a sus sentencias acab¨® provocando su salida de Venezuela del sistema de garant¨ªas de derechos humanos.

En Espa?a, hubo un caso, en 1991, en el que los tribunales dilataron la ejecuci¨®n de una sentencia. Fue tras la condena al Gobierno por un asesinato cometido por tres integrantes del Front Nacional de Catalu?a. La Audiencia Nacional acat¨® el fallo y liber¨® a los condenados en un proceso sin garant¨ªas, seg¨²n Estrasburgo, pero el Tribunal Supremo dict¨®, posteriormente, su vuelta a prisi¨®n. Finalmente, fue el Constitucional el que acab¨® sentenciando sobre la obligaci¨®n de acatar la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.