El Gobierno presenta por cuarta vez su oferta de pacto contra la corrupci¨®n

El Gobierno volvi¨® a presentar este jueves, por cuarta vez, su plan de medidas para la regeneraci¨®n democr¨¢tica y su oferta de pacto contra la corrupci¨®n. Lo hizo el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Jos¨¦ Luis Ayll¨®n, en una reuni¨®n con los grupos parlamentarios en el Congreso. PSOE y UPyD no acudieron porque fueron convocados dos horas antes de la reuni¨®n y poco despu¨¦s de que el presidente del Gobierno anunciara el encuentro en Radio Nacional. Ambos grupos aseguraron que el Ejecutivo solo pretend¨ªa una foto.

El pasado 20 de febrero, Mariano Rajoy anunci¨® en el debate sobre el estado de la naci¨®n que iniciar¨ªa contactos para ese pacto y detall¨® sus medidas, que coinciden con el texto entregado este jueves a los grupos. En aquel debate, el PP rechaz¨® la petici¨®n del PSOE para crear una subcomisi¨®n que estudiara iniciativas contra la corrupci¨®n.

Entre las medidas anunciadas entonces hab¨ªa algunas que no requer¨ªan reforma legal, sino acuerdo en la Mesa del Congreso, como la creaci¨®n de un registro de lobbies. Esta medida se ha aparcado y ha desaparecido de las propuestas del Gobierno.

El 13 de marzo se cre¨® una comisi¨®n en La Moncloa que solo se reuni¨® ese d¨ªa e hizo p¨²blica una nota con el anuncio de esas medidas. Fueron reiteradas el 1 de agosto por Rajoy, en el pleno en el que compareci¨® por el caso B¨¢rcenas, y el 20 de septiembre el Consejo de Ministros estudi¨® un informe con el anuncio de las mismas medidas.

Este jueves, nueve meses despu¨¦s del primer anuncio, el Gobierno entreg¨® a los grupos un documento de 18 folios con el informe aprobado hace dos meses en el Consejo de Ministros. En ¨¦l se vuelve a hablar de la modificaci¨®n o aprobaci¨®n de un total de 15 leyes en tres bloques de asuntos: financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos, un estatuto del cargo p¨²blico y medidas procesales y penales contra la corrupci¨®n. El Ejecutivo ofreci¨® a los grupos un acuerdo y anunci¨® que algunas de las normas empezar¨¢n a llegar a las Cortes antes de final de a?o.

El documento asegura que "el Gobierno entiende que es imprescindible trabajar con determinaci¨®n en la recuperaci¨®n de la confianza de los ciudadanos en la democracia y las instituciones". Para eso presentar¨¢ "tres paquetes normativos: ley org¨¢nica de control de la actividad econ¨®mica y financiera de los partidos pol¨ªticos, ley reguladora del ejercicio del cargo p¨²blico de la Administraci¨®n General del Estado, y medidas penales y procesales de lucha contra la corrupci¨®n". La primera incluye "la comparecencia anual obligatoria del responsable financiero de cada partido ante la Comisi¨®n Mixta del Tribunal de Cuentas", "la obligaci¨®n de publicar en la web de los partidos todas las subvenciones recibidas, as¨ª como las donaciones superiores a la cantidad que se determine" y "la definici¨®n de f¨®rmulas de colaboraci¨®n entre el Tribunal de Cuentas y determinados organismos p¨²blicos como la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de Seguridad Social y la Oficina de Conflictos de Intereses", entre otros.

La segunda supone la "codificaci¨®n de derechos y obligaciones del cargo p¨²blico", "la ampliaci¨®n del r¨¦gimen de publicidad de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales", "la homologaci¨®n total del r¨¦gimen de protecci¨®n social para que los cargos p¨²blicos contribuyan al r¨¦gimen de protecci¨®n social en las mismas condiciones que el resto de trabajadores p¨²blicos" y la delimitaci¨®n de los gastos de representaci¨®n. El resto de medidas se refieren a la reforma del C¨®digo Penal, cuyo tr¨¢mite parlamentario acaba de iniciarse en el Congreso. En este caso, las propuestas del Gobierno se refieren, por ejemplo, a tipificar el delito de financiaci¨®n ilegal de partidos y "una nueva pena de inhabilitaci¨®n especial en los delitos de tr¨¢fico de influencias, y fraude y exacciones ilegales para prohibir a los condenados ¡ªadem¨¢s de contratar con la Administraci¨®n P¨²blica¡ª recibir subvenciones o ayudas p¨²blicas, o recibir beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social".