Anticorrupci¨®n recurrir¨¢ la sentencia contra Carlos Fabra

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n recurrir¨¢ la sentencia que ha condenado al expresidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n, Carlos Fabra, a cuatro a?os de prisi¨®n por defraudar casi 700.000 euros a Hacienda. El ministerio p¨²blico prepara el recurso contra un fallo que ha rebajado en gran medida la petici¨®n de los 13 a?os de prisi¨®n que reclamaba por los cuatro delitos fiscales y otros dos de tr¨¢fico de influencias y cohecho. La fiscal¨ªa tiene de plazo hasta este viernes para recurrir ante el Tribunal Supremo. Seg¨²n han informado desde la Fiscal¨ªa General del Estado, el motivo por el que se interpondr¨¢ el recurso es ¡°la infracci¨®n de la ley¡± recogida en los art¨ªculos 849.1 (por infracci¨®n penal cuando se han declarado probados ciertos hechos en las resoluciones judiciales) y el 842 (por infracci¨®n de un precepto constitucional) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La fiscal¨ªa ha apuntado que el precepto constitucional que considera que se ha vulnerado es el recogido en el art¨ªculo 24 de la Constituci¨®n. Este art¨ªculo recoge, entre otros, el derecho a un proceso p¨²blico ¡°sin dilaciones indebidas y con todas las garant¨ªas¡±.

El fiscal Anticorrupci¨®n se opuso durante el juicio a que se considerara la atenuante de dilaciones en el tiempo que reclamaba la defensa de Carlos Fabra y que ha sido estimada por la Audiencia Provincial y provocado una rebaja de ocho a cuatro a?os en la pena por los cuatro delitos fiscales. ¡°La jurisprudencia dice que se exige que el retraso tenga car¨¢cter extraordinario, no guarde relaci¨®n con la causa y no sea atribuible al acusado¡±, dijo. Y a?adi¨®: ¡°Han sido diez a?os, pero muy particulares, en mi vida he tenido un proceso con la litigiosidad y las cuestiones planteadas en este¡±.

El fiscal mantuvo adem¨¢s su petici¨®n de 13 a?os despu¨¦s de escuchar a los m¨¢s de cincuenta testigos que pasaron por el juicio celebrado en octubre en la Audiencia Provincial de Castell¨®n, as¨ª como a los peritos y la prueba documental. ¡°No es un defraudador cualquiera, era presidente de la Diputaci¨®n y mientras exig¨ªa impuestos ¨¦l, por detr¨¢s, defraudaba¡±, lleg¨® a decir. As¨ª, reclam¨® al tribunal que no rebajara la petici¨®n de dos a?os de c¨¢rcel por cada uno de los cuatro delitos fiscales que le atribuye al estimar que defraud¨® casi 700.000 euros por ingresos no justificados de 1,9 millones entre 1999 y 2004, tal y como ha confirmado la sentencia. Sin embargo, el tribunal recort¨® a la mitad esta petici¨®n al estimar la atenuante de dilaciones en el proceso que se prolong¨® durante casi diez a?os y al que contribuy¨® la propia defensa con la interposici¨®n de hasta veinte recursos.

El fiscal anticorrupci¨®n manifest¨® en el juicio que las acusaciones que mantiene quedaron ¡°objetivamente acreditadas¡±. Habl¨® de la relaci¨®n entre el matrimonio Fabra con Vicente Vilar (el empresario que denunci¨® que el pol¨ªtico le exigi¨® ¡°cantidades millonarias¡± a cambio de mediar para conseguirle los permisos de sus productos fitosanitarios), habl¨® de sus ¡°gestiones¡± en Madrid porque ten¨ªa un ¡°inter¨¦s particular¡± para que los permisos salieran adelante. Habl¨® de su propio ¡°inter¨¦s econ¨®mico¡± en que los fitosanitarios fueran autorizados porque la sociedad participada por su mujer hubiera salido beneficiada. Y habl¨® de pruebas documentales en las que se dej¨® constancia de las ¡°presiones¡± del expresidente de la Diputaci¨®n. Por ello consider¨® que s¨ª se ha probado que existe tr¨¢fico de influencias: ¡°Existen los requisitos de utilizar su autoridad para conseguir un fin¡±. Independientemente de que lo lograra o no, dijo. La Audiencia ha descartado el tr¨¢fico justo por considerar que si no hubo nadie influenciado no existe delito.

Tambi¨¦n estim¨® el fiscal que se prob¨® durante el juicio que Fabra recibi¨® dinero por estas gestiones. Anticorrupci¨®n apunt¨® a los 180.000 euros cobrados por Carmacas (la sociedad creada por el exdirigente y que el fiscal sostiene que se utiliz¨® para ocultar los pagos de Vilar) por diferentes informes para el empresario y record¨® que ninguno de sus allegados ha declarado que tuviera otro trabajo diferente al de presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n. De hecho, la propia sentencia reconoce que estos pagos suponen una ¡°actitud sospechosa¡± de los acusados por cohecho, pero que esta sospecha es insuficiente para sostener una condena.