La ¡®ley Fern¨¢ndez¡¯ crea un fichero para controlar a todos los infractores

El primer borrador de la Ley de Seguridad Ciudadana, que fue conocido la semana pasada, ten¨ªa ¡°una orientaci¨®n muy propia de Interior, con una clara influencia de la polic¨ªa y la Guardia Civil¡±, seg¨²n admiten ahora fuentes del departamento que dirige Jorge Fern¨¢ndez. Tras pasar el mi¨¦rcoles por la Comisi¨®n de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el proyecto fue limado y pulido por el resto de los ministerios, especialmente por el de Justicia, seg¨²n las mismas fuentes. Gracias a eso, el texto aprobado el viernes por el Gobierno es menos duro, a¨²n siendo duro. Contiene puntos muy rigurosos, que probablemente ser¨¢n retocados por el Consejo de Estado, el Poder Judicial y la Agencia de Protecci¨®n de Datos. Interior afirma que no tiene ¡°ninguna prisa¡± en aprobar la ley.

Al margen de las infracciones y multas ya conocidas, quiz¨¢s uno de los puntos que puede resultar m¨¢s pol¨¦mico pr¨®ximamente es la voluntad del Gobierno de crear un fichero de infractores ¡°con la finalidad de apreciar la reincidencia y valorarla a efecto de la concesi¨®n de autorizaciones administrativas que repercutan directamente sobre la seguridad ciudadana¡±. ?Qui¨¦n va a controlar ese fichero? ?Qu¨¦ uso se le va a dar? ?Tendr¨¢n acceso a ¨¦l la polic¨ªa y la Guardia Civil? Estos y otros interrogantes inquietantes habr¨¢n de ser despejados.

Ese fichero, que se denominar¨¢ Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana, contendr¨¢ los datos personales del infractor; la infracci¨®n cometida, especificando, en su caso, las circunstancias concurrentes; la sanci¨®n o sanciones impuestas, con indicaci¨®n de su alcance temporal; y el lugar y la fecha de la comisi¨®n de la infracci¨®n.

Otro apartado controvertido ser¨¢ el art¨ªculo que prev¨¦ sanciones de hasta 30.000 euros para quienes intenten impedir el cumplimiento de un acuerdo judicial o administrativo. Ah¨ª entrar¨ªan de lleno, por ejemplo, los miembros de los colectivos antideshaucios que, aun actuando sin violencia, podr¨ªan ser multados.

Discutible ser¨¢n las multas que Interior pretende poner a prostitutas que capten clientes cerca de colegios o en arcenes de carreteras. Por consejo del Ministerio de Empleo, la meretriz no ser¨¢ sancionada ¡°si puede demostrar que es v¨ªctima de una red de trata de mujeres¡±. ?Pero c¨®mo podr¨¢ probar tal cosa? Dif¨ªcil.

Otro m¨¢s: la norma establece que padres o tutores no ser¨¢n responsables de las sanciones que puedan recaer sobre sus hijos menores, pero en cambio habr¨¢n de pagar los da?os que causen.

Quedan en el aire, por haber sido esbozados a trazo grueso, otros muchos aspectos discutibles de esta ley Fern¨¢ndez. Por ejemplo, ?ser¨ªan ahora consideradas coactivas, y sancionables por tanto, concentraciones ciudadanas como las que hubo ante las sedes del PP tras los atentados islamistas del 11-M?

La ley prev¨¦ multas para quienes ensalcen el odio, la xenofobia y el racismo. Sin embargo, fuentes de Interior no han podido asegurar que este art¨ªculo afecte a quienes exhiban banderas preconstitucionales o s¨ªmbolos franquistas durante manifestaciones ultraderechistas.

El proyecto legislativo ha merecido un alud de cr¨ªticas de la oposici¨®n, los jueces y grupos sociales. Interior replica que tambi¨¦n ha obtenido el apoyo de otros colectivos de comerciantes y asociaciones vecinales. Pero estos colectivos ¡ªal menos los conocidos¡ª son poco representativos.