Constituci¨®n

La conmemoraci¨®n del 35 aniversario de la Constituci¨®n ha resultado esta vez m¨¢s deslucida que nunca, como si su vigencia se diera por declinante o incluso periclitada. En esto ha podido influir el clima necr¨®filo medi¨¢ticamente impuesto por la muerte de Nelson Mandela. Pero creo que hay razones m¨¢s significativas para explicar tan decepcionante celebraci¨®n, que al margen de los pomposos discursos oficiales ha hecho retraerse a la propia ciudadan¨ªa, cada vez m¨¢s renuente a visitar las Cortes. Y entre tales factores destaca la coincidencia en el tiempo de graves problemas pol¨ªticos quiz¨¢s irresolubles que no pueden ser abordados en el marco de la presente Constituci¨®n.

El primero de todos por su urgencia inmediata es la amenaza de secesi¨®n proclamada por aquellos sectores de la clase pol¨ªtica y la sociedad civil catalanas que hoy llevan la iniciativa pol¨ªtica y est¨¢n obteniendo la hegemon¨ªa cultural por la v¨ªa de los hechos consumados. Unos hechos tan peregrinos como el histri¨®nico congreso de historiadores antiespa?oles organizado por Mikimoto para celebrarse esta misma semana por encargo de la Generalitat. O como el ultim¨¢tum que vence a fin de a?o para convocar un alegal refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n que viola expl¨ªcitamente el marco constitucional. Ante semejante amenaza de ruptura pol¨ªtica inminente, aunque de momento solo sea verbal, poco ha de extra?ar que el clima pol¨ªtico no sea precisamente el m¨¢s apropiado para celebrar f¨²tiles festejos constitucionales.

Y otro factor que favorece el descr¨¦dito constitucional es la reciente acumulaci¨®n de esc¨¢ndalos de corrupci¨®n, que se a?aden a un largo rosario de m¨²ltiples casos judiciales: nada menos que 1.600, de los que 300 est¨¢n catalogados como de extraordinaria complejidad. Lo ¨²ltimo ha sido el anuncio por la juez Alaya de la futura imputaci¨®n por el caso ERE de los anteriores presidentes andaluces Ch¨¢vez y Gri?¨¢n, que son adem¨¢s altos cargos de la c¨²pula del partido socialista: uno de los dos pilares sobre los que descansa la estabilidad del sistema pol¨ªtico espa?ol. Y en la misma ¨®rbita del PSOE acaba de estallar el esc¨¢ndalo de la UGT, que amenaza con derribar la fachada del poder sindical revelando la cara oculta de su fraudulenta trama clientelar. Pero en el otro pilar del sistema, sostenido por la patronal y el partido conservador, tambi¨¦n se transparentan sus corruptas verg¨¹enzas, con constantes incidentes judiciales derivados de la trama G¨¹rtel y el caso B¨¢rcenas.

La semana pasada han sonado dos nuevas alarmas: el ¨²ltimo Bar¨®metro del CIS, que hace de la corrupci¨®n el segundo gran problema nacional, y el ¨²ltimo Informe de Transparencia Internacional, que ha degradado el indicador espa?ol diez puestos m¨¢s abajo (del 30 al 40), situ¨¢ndolo a la cola de Europa, por detr¨¢s de Portugal (puesto 33). Una corrupci¨®n pol¨ªtica contra la que de nada sirve la inane Constituci¨®n, incapaz de evitar su proliferaci¨®n en ausencia de verdaderas autoridades reguladoras independientes, que en nuestro pa¨ªs est¨¢n sometidas al dictado del Gobierno y los partidos, tal como revelan los ¨²ltimos esc¨¢ndalos del pactado reparto de puestos en el Consejo del Poder Judicial y la reciente limpieza pol¨ªtica de la Inspecci¨®n Tributaria.

Y el tercer factor que citar¨¦ es la incapacidad de reformar la Constituci¨®n para adaptarla a los desaf¨ªos pol¨ªticos que se han abierto en los ¨²ltimos a?os. Porque si exceptuamos al Gobierno y sus portavoces oficiales u oficiosos, lo cierto es que hay un consenso creciente sobre la necesidad de reformar la Constituci¨®n. Y ello no tanto por lo que se refiere a la cuesti¨®n sucesoria como por todo cuanto respecta a la distribuci¨®n territorial del poder. Aqu¨ª la clave reside en la injusticia que perciben los catalanes al advertir que se les niegan los privilegios forales que detentan vascos y navarros sin mejores derechos que ellos. Y relacionada con la cuesti¨®n territorial est¨¢ la necesidad de reformar el sistema electoral, que distorsiona la representaci¨®n proporcional privilegiando el bipartidismo mayoritario en las provincias menos pobladas.

Pero no hay posibilidad de alcanzar el consenso pol¨ªtico necesario para reformar la Constituci¨®n. De ah¨ª que haya surgido un creciente escepticismo anticonstitucional, que est¨¢ erosionando y amenaza con hacer quebrar el anterior consenso ciudadano que hab¨ªa en torno a la Constituci¨®n como ¨²nico factor de cohesi¨®n social en un pa¨ªs tan fracturado como Espa?a. Al final del siglo anterior se abrig¨® la ilusi¨®n de que podr¨ªa generalizarse un cierto patriotismo constitucional, capaz de disolver las fracturas sociales y territoriales. Pero hoy ya no quedan esperanzas de que pueda ser as¨ª, pues la falta de consenso pol¨ªtico est¨¢ socavando el consenso ciudadano, lo que a su vez agudiza la creciente fractura pol¨ªtica. ?C¨®mo romper el c¨ªrculo vicioso que nos ha atrapado?