Dos autonom¨ªas del PP se rebelan ante Montoro para devolver la extra de 2012
130.000 funcionarios de Castilla y Le¨®n y Extremadura recuperar¨ªan 350 euros
El goteo de sentencias favorables a los funcionarios ha provocado que las comunidades de Castilla y Le¨®n y Extremadura anuncien medidas para devolver una parte de la extra de Navidad que el Ejecutivo prohibi¨® pagar en 2012. El conflicto abre una herida m¨¢s en las relaciones entre el Gobierno y las autonom¨ªas amigas que amenaza con estirarse como un chicle: La Rioja, tambi¨¦n gobernada por el PP, ha convocado ma?ana una reuni¨®n con los sindicatos para tratar sobre la devoluci¨®n de la misma extra.
Ante la posibilidad de nuevas insurrecciones, el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, decidi¨® ayer endurecer su postura anunciando que ¡°cualquier actuaci¨®n unilateral que se lleve a cabo por cualquiera de estas instituciones ser¨¢ recurrida por parte de la Administraci¨®n del Estado por incumplimiento del Real Decreto 20/2012¡±. Pero las autonom¨ªas replican que no pueden hacer otra cosa que acatar las decisiones judiciales. ¡°Estamos en un Estado de Derecho¡±, le record¨® a Beteta la consejera de Hacienda castellanoleonesa, Pilar del Olmo, tambi¨¦n del PP.
La parte de la paga en cuesti¨®n que estas dos comunidades quieren devolver se calcula en unos 350 euros por persona de media, seg¨²n el sindicato de funcionarios CSIF. Si su ¨®rdago frente al Ejecutivo triunfa, la recibir¨ªan los cerca de 48.000 funcionarios de la Junta de Extremadura y los 85.500 empleados p¨²blicos de Castilla y Le¨®n.
El conflicto tiene su origen en el decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria que el Gobierno de Mariano Rajoy aprob¨® siete meses despu¨¦s de ganar las elecciones y que anul¨® la extraordinaria de diciembre de 2012. La norma, que inclu¨ªa un amplio abanico de recortes en la funci¨®n p¨²blica, entr¨® en vigor el 15 de julio de 2012. La paga de diciembre comienza a devengarse en la administraci¨®n el 1 de junio, por lo que, cuando se public¨® la medida, ya hab¨ªan transcurrido 44 d¨ªas. Las dos autonom¨ªas del PP han propuesto devolver la parte cotizada por ese periodo, y en ning¨²n caso la paga al completo, que se devolver¨¢, seg¨²n el ministro Crist¨®bal Montoro, en 2015 siempre que ¡°las circunstancias presupuestarias lo permitan¡±.
2.000 nuevos recursos
El juzgado de lo contencioso-administrativo de Palencia fue el primero en obligar a devolver, el pasado 3 de junio, parte de la extra de Navidad a una funcionaria de la Diputaci¨®n provincial afiliada al CSIF. En un fallo sin posibilidad de apelaci¨®n, la trabajadora que gan¨® la demanda recibi¨® 501 euros como retribuci¨®n proporcional de la parte devengada de la extra entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, fecha en que entr¨® en vigor el decreto del Gobierno con un amplio abanico de recortes. A esa primera batalla sindical siguieron otras muchas, como la sentencia del juzgado de lo social n¨²mero 3 de Lugo, que dio la raz¨®n a un trabajador del Instituto Nacional de Estad¨ªstica con los mismos argumentos y tambi¨¦n en sentencia firme. Un funcionario del Ayuntamiento de Novelda en Alicante; una empleada de la Diputaci¨®n de Arag¨®n; varios profesores universitarios en Madrid; un contratado laboral de Cantabria y algunos funcionarios de Ceuta han hecho p¨²blicas sus victorias en los juzgados. En Villafranca de los Barros (Badajoz), el Ayuntamiento reconoci¨® el derecho de sus empleados a cobrar una parte de la extra sin siquiera llegar a juicio. Seg¨²n los sindicatos, de aqu¨ª a final de a?o se presentar¨¢n 2.000 nuevas demandas espoleadas por la actitud negociadora que han adoptado algunas comunidades aut¨®nomas.
Sin embargo, y exceptuando un caso, los tribunales no han reconocido el derecho a recibir la paga de 2012 al completo. Solo un juzgado de Sevilla ha ordenado devolverla ¨ªntegramente a un funcionario de Justicia. El juez argumenta en el fallo que la controvertida medida que est¨¢ siendo valorada por el Tribunal Constitucional es ¡°contraria a derecho¡± porque, en el caso de los funcionarios de Justicia, el Ejecutivo se vio obligado a modificar la ley org¨¢nica del Poder Judicial, que es la que regula sus n¨®minas, para llevar a cabo la supresi¨®n de la extra. El cambio lleg¨® con mucho retraso con respecto al decreto, lo que provoc¨® que se hubiese generado el derecho a cobrarla al completo.
El Gobierno entiende que prima una disposici¨®n ¡°declarada obligatoria para todas las administraciones p¨²blicas¡±, frente a las demandas judiciales individuales que puedan ganar en los juzgados los trabajadores. ¡°Somos conscientes de esas demandas, pero esperamos el pronunciamiento del Tribunal Constitucional al respecto. Entre tanto no exista este pronunciamiento deber¨¢ mantenerse su aplicaci¨®n¡±, insiste Beteta. El Gobierno ya recurri¨® al alto tribunal cuando el Pa¨ªs Vasco decidi¨®, en noviembre de 2012, abonar la extra a sus 67.000 empleados. En aquella ocasi¨®n y por ¡°necesaria coherencia de la pol¨ªtica econ¨®mica¡±, el TC oblig¨® al Pa¨ªs Vasco a aplicar la medida del real decreto mientras se pronunciaba sobre el fondo de la cuesti¨®n, algo que todav¨ªa no ha ocurrido.
Hay otro mar de fondo y no afecta solo a este caso. Las reestricciones presupuestarias y la negociaci¨®n del nuevo modelo de financiaci¨®n auton¨®mica, que entrar¨¢ en vigor el a?o que viene, est¨¢n haciendo que afloren conflictos entre las comunidades y Hacienda a la m¨ªnima oportunidad. ¡°No s¨¦ qu¨¦ va a recurrir Beteta¡±, protest¨® ayer la titular de Castilla y Le¨®n. Incluso advirti¨® al Gobierno p¨²blicamente que reclamar¨¢ las costas judiciales y los intereses de demora en los procesos donde la Junta sea condenada por no abonar la extra. ¡°Ya veremos, vamos a reclamar a quien es el causante del hecho¡±, dijo Del Olmo, antes de preguntarse qu¨¦ har¨¢ el Gobierno ¡°con las entidades locales que tambi¨¦n se han mostrado a favor de la devoluci¨®n de la parte devengada de la extra de Navidad e, incluso, algunas de la paga ¨ªntegra¡±. En su comunidad solo se han dictado tres sentencias favorables a los funcionarios, las mismas que en Extremadura.
Los sindicatos tampoco van a dejar escapar esta oportunidad, sobre todo cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy habla sin parar de que la recuperaci¨®n econ¨®mica espa?ola est¨¢ en marcha. UGT recomend¨® al secretario de Estado que en vez de ¡°intimidar a las comunidades siga su ejemplo¡±. El presidente del CSIF, Miguel Borra, afirm¨® que los tribunales van por delante de la acci¨®n pol¨ªtica, y en ese caso ¡°Hacienda debe elegir si situarse dando la espalda a los empleados p¨²blicos y gobiernos auton¨®micos o reconocer un derecho que nunca se les deb¨ªa de haber arrebatado¡±.
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