El Gobierno reformar¨¢ la ley para desactivar el proceso al r¨¦gimen chino

El Gobierno prepara una reforma de la jurisdicci¨®n universal para desactivar la crisis abierta con China despu¨¦s de que la Audiencia Nacional dictase el mes pasado una orden de busca y captura contra cinco miembros de la nomenclatura de Pek¨ªn, incluidos el expresidente Jiang Zemin y el exprimer ministro Li Peng, acusados de un delito de genocidio contra el pueblo tibetano. Seg¨²n fuentes gubernamentales, el Ministerio de Justicia presentar¨¢ en enero una reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial que modificar¨¢ sustancialmente su art¨ªculo 23, que atribuye a los tribunales espa?oles competencia para enjuiciar, entre otros, los delitos de genocidio y lesa humanidad, siempre que ¡°sus presuntos responsables se encuentren en Espa?a o existan v¨ªctimas de nacionalidad espa?ola o [tuvieran] alg¨²n v¨ªnculo de conexi¨®n relevante con Espa?a¡± y que no se haya iniciado una causa por los mismos hechos en el pa¨ªs afectado.

Estas condiciones se introdujeron en 2009, a ra¨ªz de que Israel protestara por la decis¨ª¨®n de la Audiencia Nacional de encausar al exministro de Defensa Benjam¨ªn Ben-Eliezer por una matanza de civiles en Gaza en 2002. A juicio del Gobierno, aquella reforma se qued¨® corta y no ha impedido nuevos conflictos diplom¨¢ticos indeseados.

Ahora se trata de darle una nueva vuelta de tuerca y exigir, por ejemplo, que la v¨ªctima fuese espa?ola en el momento en el que sufri¨® el delito y no se nacionalizase despu¨¦s, como es el caso del tibetano Thubten Wangchen, firmante de la denuncia contra la c¨²pula china. Incluso, para evitar supuestos fraudes de ley, se podr¨ªa exigir, como en Italia, que la v¨ªctima fuese espa?ola al menos dos a?os antes de que sufriera el presunto delito.

No ser¨¢ esta la ¨²nica cortapisa para los casos de justicia universal. Ampar¨¢ndose en que el genocidio es un delito de derecho internacional y no una afrenta de car¨¢cter privado, Justicia estudia dejar exclusivamente en manos del fiscal la posibilidad de impulsar estos procedimientos, al menos en aquellos casos en que no haya v¨ªctimas espa?olas.

Adem¨¢s, el Gobierno estudia introducir un mecanismo de control pol¨ªtico similar al previsto en la extradici¨®n. La ley de extradici¨®n pasiva deja en manos del Consejo de Ministros la facultad de entregar o no a un presunto delicuente cuya extradici¨®n haya sido autorizada por los tribunales ¡°en base al principio de reciprocidad, soberan¨ªa, seguridad, orden p¨²blico y dem¨¢s intereses de Espa?a¡±. Es decir, el Gobierno podr¨¢ invocar razones de ¡°inter¨¦s general¡± para impedir que jueces espa?oles investiguen delitos de genocidio cometidos en el extranjero.

El argumento de fondo es que la puesta en marcha de la Corte Penal Internacional (CPI) hace innecesario que la justicia espa?ola investigue estos cr¨ªmenes. Con una salvedad: ni EE UU, ni Rusia, ni China aceptan la jurisdicci¨®n de la CPI.

Aunque la ley que prepara el Gobierno tardar¨¢ unos meses en entrar en vigor, su efecto ser¨¢ la desactivaci¨®n del proceso contra la c¨²pula china. Y ello porque, como recuerdan fuentes jur¨ªdicas, las reformas penales favorables al reo se aplican con car¨¢cter retroactivo.

El Gobierno est¨¢ seriamente preocupado por la irritaci¨®n que la investigaci¨®n de la Audiencia Nacional ha provocado en las autoridades de Pek¨ªn. De momento, no hay fecha para el viaje que el presidente Mariano Rajoy ten¨ªa previsto realizar a China en septiembre pasado, con el objetivo de relanzar las relaciones econ¨®micas, y que se suspendi¨® a ¨²ltima hora.

China es, tras Francia, el segundo tenedor de la deuda espa?ola en manos extranjeras, con un 20% del total, unos 80.000 millones de euros; un emisor creciente de turistas (177.000 en 2012, un 55% m¨¢s que en 2011) y un importante socio comercial (21.400 millones en 2012, aunque con un notable d¨¦ficit para Espa?a). Unas 600 empresas espa?olas est¨¢n implantadas en China y la cifra va en aumento: la semana pasada se anunci¨® la compra del 8% del Bank of Shanghai por el Santander.

El Gobierno teme que Pek¨ªn adopte represalias econ¨®micas contra Espa?a si sigue adelante el proceso contra sus dirigentes; como sucedi¨® con Noruega tras la concesi¨®n del Nobel de la Paz al disidente Liu Xiaobo.

El pasado jueves, una delegaci¨®n de la Asamblea Nacional Popular china se reuni¨® con miembros de la Comisi¨®n de Exteriores del Congreso. Durante la reuni¨®n, a puerta cerrada, los chinos mostraron su ¡°preplejidad¡± e ¡°incomprensi¨®n¡± por el procedimiento abierto en Espa?a por el genocidio de T¨ªbet, un territorio que Pek¨ªn considera suyo. Y dejaron claro lo que esperan: una ¡°soluci¨®n pol¨ªtica¡± por parte del Gobierno espa?ol.