?Ciudadanos, tenemos un problema!
En el caso del proyecto secesionista para Catalunya las luces de emergencia llevan encendidas al menos desde la sentencia del Tribunal Constitucional del 28 de junio de 2010, que invalidaba en parte el nuevo Estatuto de autonom¨ªa. Este pronunciamiento llegaba con cuatro a?os de retraso respecto a la aprobaci¨®n del Estatuto en refer¨¦ndum el 18 de junio de 2006. Entonces, sobre un censo de 5.309.767 de electores, hubo una participaci¨®n del 49,4%. Y de los votantes un 74% dio el ¡°s¨ª¡±. En la ruptura de los consensos logrados en torno al Estatuto de 1979 (participaci¨®n de un 60% del censo y 88% de votos emitidos a favor) la primera bravuconada es muy anterior, correspondi¨® a Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, cuando el 30 de agosto de 2003 prometi¨® a Pasqual Maragall m¨¢s de lo que pod¨ªa.
La soluci¨®n al desaf¨ªo catal¨¢n es pol¨ªtica, sin que pueda confiarse al muro constitucional
Porque nunca tuvo a su alcance ZP garantizar que la reforma del Estatuto fuera aceptada por el Congreso de los Diputados, ni evitar que se presentara un recurso ante el Tribunal Constitucional, ni que el fallo se produjera en los t¨¦rminos en que se produjo. En cuanto al Partido Popular, se afan¨® recogiendo firmas contrarias, a la b¨²squeda de rentabilidades electorales. Fue Zapatero quien reflot¨® el Estatuto encallado mediante un acuerdo en La Moncloa con Convergencia i Uni¨®, salt¨¢ndose al PSC. Y ERC, integrada en la coalici¨®n gobernante en la Generalitat, la que se descolgaba pidiendo el voto en contra en el refer¨¦ndum. Que despu¨¦s en las reformas de los Estatutos de otras comunidades figuraran disposiciones an¨¢logas a las eliminadas del de Catalu?a fue irrelevante porque solo contaba la plaza de San Jaume.
Reconozcamos que la normalidad democr¨¢tica hab¨ªa producido entre nosotros fatiga del inter¨¦s y crecida del desencanto, que se oscurecieron los ¨¦xitos pol¨ªticos vividos a la salida de la dictadura y que se difumin¨® la memoria de los empe?os de la Transici¨®n. Ahora, por lo que respecta a Catalu?a, estamos obligados a gritar ¡°?ciudadanos, tenemos un problema!¡±. Porque podr¨¢n discutirse los or¨ªgenes remotos o pr¨®ximos; atribuirse las causas al Gobierno de la Generalitat, a las fuerzas pol¨ªticas o a los movimientos sociales; considerarse la legitimidad o la falacia de los argumentos; advertirse los efectos derivados de las actitudes ponderadas o de las exaltadas; analizarse la incidencia de los medios de comunicaci¨®n; se?alarse las tergiversaciones interesadas o las falsificaciones hist¨®ricas; anticiparse las posibilidades y los da?os sobre la poblaci¨®n inerme, obligada a una elecci¨®n desgarradora; pero tenemos un problema que incide sobre todos los ciudadanos, tambi¨¦n sobre los no catalanes, que afecta de manera radical a la definici¨®n y a los pactos originarios de los que derivan la ciudadan¨ªa y las libertades. Su soluci¨®n es pol¨ªtica, sin que pueda confiarse al muro constitucional. Veremos.
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