El Gobierno desoye el clamor de los jueces contra los indultos a corruptos

Los jueces decanos han reclamado al Gobierno, en nombre de los m¨¢s de 1.500 juzgados que representan, la modificaci¨®n del C¨®digo Penal para limitar la posibilidad de suspender el ingreso en prisi¨®n cuando se solicita un indulto. Los jueces quieren que el Ejecutivo impulse restricciones a la opci¨®n de suspender el cumplimiento de las penas y que el aplazamiento no sea aplicable a los condenados por corrupci¨®n ¡°si de verdad se quiere una eficaz lucha contra la corrupci¨®n¡±, se?alan en el comunicado en el que plasman la propuesta. Adem¨¢s, reclaman que la posibilidad de paralizar el ingreso en la c¨¢rcel tampoco pueda acordarse tras las condenas de jurados populares, que enjuician tanto delitos relativos a la corrupci¨®n (tr¨¢fico de influencias, malversaci¨®n y fraudes, entre otros) como delitos de sangre.

Pero ninguna de sus reclamaciones ser¨¢n atendidas. El Gobierno ya ha anunciado que no tiene ninguna intenci¨®n de atender estas peticiones.

Los jueces tienen, seg¨²n el art¨ªculo del C¨®digo Penal cuya modificaci¨®n exigen, la potestad de determinar en qu¨¦ casos las penas de c¨¢rcel pueden quedar en suspenso mientras se tramita y resuelve una petici¨®n de gracia. Sin embargo, ese poder est¨¢ limitado. ¡°Podr¨¢ el juez o tribunal suspender la ejecuci¨®n de la pena, mientras no se resuelva sobre el indulto cuando, de ser ejecutada la sentencia, la finalidad de este pudiera resultar ilusoria¡±.

La ¨²ltima parte del art¨ªculo 4.4 del C¨®digo Penal es la que impide a los jueces fijar libremente en qu¨¦ casos pueden aplicar la suspensi¨®n de la pena, al tener que evitar la contradicci¨®n de que el indulto llegue cuando la pena ya est¨¦ cumplida. Es el caso del expresidente balear, Jaume Matas, condenado a nueve meses de prisi¨®n. El exdirigente del PP reclam¨® el indulto, cuyo per¨ªodo de tramitaci¨®n es de un a?o. Si Matas entra en prisi¨®n y el Gobierno le concede el indulto, cumplir¨ªa la pena de c¨¢rcel pese al posterior perd¨®n gubernamental. Sin embargo, la Audiencia de Palma considera que la ¡°gravedad palmaria¡± del delito de tr¨¢fico de influencias que cometi¨® Matas precisa de su ingreso en prisi¨®n al haber sido cometido ¡°dentro de las estructuras de poder¡±.

La suspensi¨®n del encarcelamiento se dicta cuando es menor a dos a?os

El Gobierno ya ha dicho que no va a modificar nada. Ni el C¨®digo Penal, en este punto, ni la Ley del Indulto. En su negativa alega que solo se conceden entre el 6% y el 7% de las peticiones que recibe. Con estos datos y si en 2012 se concedieron 534 indultos (m¨¢s de uno al d¨ªa), el total de solicitudes y, por tanto, de penas susceptibles de suspensi¨®n, superaron las 6.000. Adem¨¢s, en una respuesta escrita a UPyD, en la que la formaci¨®n de Rosa D¨ªez cuestionaba los criterios para la concesi¨®n de esta medida de gracia, el Gobierno ha se?alado que ¡°no se plantea la reforma de la Ley de Indulto, que viene, desde hace m¨¢s de un siglo, atribuyendo competencias al poder ejecutivo sobre la limitaci¨®n del rigor de determinadas condenas¡±.

Sin embargo, esa Ley del Indulto, de 1870, es contraria al propio C¨®digo Penal vigente. Este ¨²ltimo deja en manos de los jueces, con l¨ªmites, la potestad de mantener en suspenso la pena mientras que la propia ley, que no es org¨¢nica ¡ªy, por lo tanto, est¨¢ sometida a lo que dicta el C¨®digo Penal¡ª se?ala que ¡°la solicitud o propuesta de indulto no suspender¨¢ el cumplimiento de la sentencia ejecutoria, salvo el caso en que la pena impuesta fuese la de muerte¡±.

El hecho es que los juzgados suelen suspender la ejecuci¨®n de las penas y, por tanto, el ingreso en prisi¨®n, si se tramita un indulto y cuando la condena es menor a dos a?os. No se trata de una norma escrita, pero es costumbre entre los titulares de los juzgados que ahora reclaman que la medida de gracia, que extingue la responsabilidad penal pero no borra los antecedentes penales, est¨¦ limitada a cierto tipo de delitos. El problema, seg¨²n Pedro Viguer, juez decano de Valencia y uno de los participantes en la reuni¨®n anual de decanos (celebrada en Sevilla) en la que se aprob¨® la propuesta, es que se ha hecho un uso abusivo de esta facultad. As¨ª, la petici¨®n de la suspensi¨®n de las penas se ha convertido en una instancia m¨¢s, es decir, se recurre a este tr¨¢mite, de forma habitual y como ¨²ltimo remedio para evitar el ingreso en prisi¨®n, cuando deber¨ªa ser un tr¨¢mite extraordinario.

El grupo de Pol¨ªtica Criminal, formado por cerca de dos centenares de magistrados y juristas ya mostr¨® su desacuerdo con la pol¨ªtica de indultos hace unos meses cuando denunci¨® el ¡°uso desviado de la figura del indulto¡± por parte del Ejecutivo.