Coste inasumible

Me figuro que la fundamentaci¨®n del recurso del ministerio fiscal contra el primer auto de imputaci¨®n de la Infanta producir¨ªa sorpresa, cuando no irritaci¨®n. En su opini¨®n, el juez con dicho auto habr¨ªa vulnerado el principio de igualdad ante la ley, ya que, con los indicios existentes, no habr¨ªa sido imputada ninguna otra ciudadana que no fuera ella. El auto deb¨ªa ser anulado, en consecuencia, por discriminatorio.

M¨¢s irritaci¨®n habr¨¢ producido ver reproducido el argumento en el escrito de alegaciones de Miquel Roca en el tr¨¢mite de audiencia concedido por el Juez Castro al ministerio fiscal y las partes para que se pronuncien ¡°acerca de la hipot¨¦tica citaci¨®n de Cristina de Borb¨®n para comparecer a declarar en la condici¨®n de imputada¡±. En la ¡°alegaci¨®n preliminar¡± del escrito, reproducido en EL PA?S (edici¨®n digital, 10 de enero), se dice: ¡°No consta el menor indicio de que S. A. R. pueda haber llevado a cabo ninguna conducta con relevancia penal que justifique la imputaci¨®n¡±. En consecuencia, ¡°dicha hipot¨¦tica citaci¨®n tendr¨ªa lugar solo por ser D?a. Cristina quien es...¡±.

Resulta incomprensible que una persona con formaci¨®n jur¨ªdica y con conocimiento pr¨¢ctico del tr¨¢mite de imputaci¨®n en nuestro pa¨ªs, como es sin duda el fiscal, y otra que, adem¨¢s de formaci¨®n jur¨ªdica y conocimiento pr¨¢ctico, tiene una trayectoria pol¨ªtica de las m¨¢s acreditadas, como es el caso de Miquel Roca, hayan podido argumentar de esta manera.

Es un insulto a la ciudadan¨ªa, pues a nadie se le oculta que cualquier ciudadano que se encontrara en la posici¨®n de la Infanta habr¨ªa sido imputado desde hace meses. No hubiera sido preciso para ello un auto de imputaci¨®n en abril, ins¨®lito por su extensi¨®n de 18 folios, ni un ins¨®lito recurso contra el mismo por el ministerio fiscal, ni una ins¨®lita sentencia de la Audiencia de Palma parcialmente estimatoria del recurso, ni un nuevo auto de 227 p¨¢ginas, tras un ins¨®lito tr¨¢mite de audiencia... La Infanta no est¨¢ todav¨ªa imputada por ser quien es, y no a la inversa.

Lo que m¨¢s me sorprende en todo este asunto es que ni la Casa del Rey ni el Gobierno hayan reparado en que la estrategia de defensa de la Infanta est¨¢ haciendo un da?o de dif¨ªcil reparaci¨®n a la Monarqu¨ªa. Si la defensa de un miembro de la familia real exige aceptar un an¨®malo funcionamiento de la Administraci¨®n de justicia y una p¨¦rdida de imparcialidad del ministerio fiscal y de la Agencia Tributaria, es mejor no tener Monarqu¨ªa.

Para cualquier sociedad democr¨¢tica ese coste es inasumible. La Casa del Rey no puede pretender que la sociedad espa?ola se falte el respeto a s¨ª misma con la finalidad de eximir de una posible responsabilidad penal a uno de sus miembros. Acepten ustedes un funcionamiento desviado de instituciones y procesos esenciales en todo Estado de derecho digno de tal nombre con tal de que la Infanta no sea siquiera imputada. Este es el mensaje, que contiene impl¨ªcitamente un chantaje.

El Gobierno tiene la obligaci¨®n, por imperativo constitucional, de hac¨¦rselo saber al Rey. El Gobierno no es responsable del funcionamiento del poder judicial, pero s¨ª del ministerio fiscal y de la Agencia Tributaria, y no puede consentir un ejercicio desviado del poder por estas instituciones.

Lo que est¨¢ en juego no es la imputaci¨®n o no de la Infanta, sino si Espa?a es o no un Estado social y democr¨¢tico de derecho, como dice el Pre¨¢mbulo de la Constituci¨®n.