Todos a una

Lleva toda la raz¨®n Mariano Rajoy.

  "De momento, lo ¨²nico que ha ocurrido es que se ha citado a declarar a la infanta y no se la ha condenado por nada".

La lleva tambi¨¦n Alberto Ruiz-Gallard¨®n.

  "Aqu¨ª ning¨²n tribunal ha hecho cosa distinta m¨¢s que citar a la infanta a declarar".

Pero al subrayar "lo ¨²nico que ha ocurrido" tratando de presentar el hecho como rutinario se contradicen con todo lo que ha hecho la Fiscal¨ªa General del Estado, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y la Agencia Tributaria por impedir esa declaraci¨®n. 

Esas instituciones han hecho todo lo posible y m¨¢s para impedir lo "¨²nico" que ped¨ªa el juez Jos¨¦ Castro, que no "ha hecho cosa distinta que citar a la infanta a declarar", para emplear las palabras de Rajoy y de Ruiz-Gallard¨®n.

El ministro se hab¨ªa ocupado la semana pasada de las cosas pr¨¢cticas, a saber, c¨®mo tendr¨ªa que llevarse a cabo la llegada de la infanta Cristina al juzgado.

"Si [el pase¨ªllo] no es necesario para el buen fin de la declaraci¨®n y adem¨¢s puede considerarse perjudicial para la persona que va a declarar, yo estoy seguro de que los ¨®rganos de gobierno de la Audiencia de Palma establecer¨¢n las medidas para evitarlo", declar¨®.

El activismo del ministro de Justicia es un dato a considerar.

El juez Castro rechaz¨® el 12 de septiembre de 2013 abrir una pieza separada como ped¨ªa el sindicato Manos Limpias a ra¨ªz de "donaciones" [120.000 euros] concedidas por la Fundaci¨®n Madrid 2016 en favor de la Fundaci¨®n Deporte, Cultura e Integraci¨®n Social (Fdcis), sucesora del Instituto N¨®os, "en atenci¨®n exclusiva a la personalidad del en otro tiempo presidente del patronato" y actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n.

El juez se?al¨® que "por el momento en la causa no obra dato alguno revelador" de que Ruiz-Gallard¨®n mantuviera reuniones con Urdangar¨ªn o que emprendiera "actuaciones tendentes a apartar de los cauces obligados o habituales la concertaci¨®n del convenio entre ambas fundaciones". 

Tampoco consta que "interviniera de manera directa o solapada" en la gesti¨®n, en las cl¨¢usulas y en la efectividad de dicho convenio [entre la Fundaci¨®n sucesora de N¨®os y la Fundaci¨®n Madrid 2016].

Pero en ese mismo auto, cabe precisar, el juez mantuvo como imputada a la consejera delegada de Madrid 2016 en esa ¨¦poca, Mercedes Coghen.

Estos hechos merecer¨ªan, como m¨ªnimo, el respeto a cierta est¨¦tica por parte del ministro.

 En cuanto a que Rajoy, como presidente del Partido Popular, proclamara la inocencia de B¨¢rcenas, Camps, Matas y compa?¨ªa en su d¨ªa, es una cosa. No representaba al poder ejecutivo. Eran dirigentes de su partido.

Pero es otra cosa ahora. Porque Rajoy es ahora presidente del Gobierno. 

Est¨¢ bien que defienda la presunci¨®n de inocencia de la infanta Cristina. Pero ah¨ª est¨¢ el l¨ªmite.

No deber¨ªa ir m¨¢s all¨¢, p¨°r ejemplo, con sus particulares vaticinios. Porque sus palabras pueden ser interpretadas como una interferencia del poder ejecutivo en otro poder.

Que, por definici¨®n, es independiente.

La falta de delicadeza en este punto por desgracia no es un error involuntario.

 Es una t¨¢ctica. Es la continuidad de la pol¨ªtica de la Fiscal¨ªa General del Estado y de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n -escrito preventivo para impedir la imputaci¨®n de la Infanta- y de la Agencia Tributaria, por otros medios. V¨ªa exhortaciones en los medios de comunicaci¨®n.

 El estado de Derecho es otra cosa.

 Es aceptar con normalidad en el ordenamiento jur¨ªdico realmente existente (cuando se carece de fuero especial) que no se haya hecho "cosa distinta que citar a la infanta a declarar", consagrar que lo "¨²nico que ha ocurrido es haber citado a declarar a la infanta" si as¨ª lo exige un procedimiento judicial en una democracia consolidada, asentada sobre una justicia independiente.

Por lo dem¨¢s, esta estrategia reactualizada por Rajoy y Gallard¨®n, especialmente, que antes pasaba por impedir la declaraci¨®n de la infanta como si la no-declaraci¨®n fuese un derecho soberano, ha fracasado ya. El empe?o en mantenerla, a pesar de su disposici¨®n a declarar, solo desvaloriza la decisi¨®n de la interesada. S¨ª, perjudica a la infanta Cristina. Ayuda, como se dice en el argot period¨ªstico, a calentar su declaraci¨®n.

Que el m¨¢ximo representante del poder ejecutivo, el presidente del Gobierno, y el hombre que corporiza la pol¨ªtica judicial del Ejecutivo, el ministro de Justicia, act¨²en como hemos descrito quiz¨¢ apunte a establecer una nueva demarcaci¨®n en este caso.

Antes esa demarcaci¨®n pasaba por aislar a I?aki Urdangar¨ªn y separar de forma absoluta a la infanta Cristina del caso Urdangar¨ªn.

 Ahora, tenemos un presidente de Gobierno que no se limita a decir que hay presunci¨®n de inocencia sino que juzga y se proclama convencido de que la persona es inocente y anticipa... que le ir¨¢ bien, (eso no es como afirma el portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, reivindicar la presunci¨®n de inocencia).

Un presidente no debe juzgar o dedicarse a opinar sobre la instrucci¨®n sumarial. Porque eso es estar "absolutamente convencido", como dijo en Antena 3 TV, de que le ir¨¢ bien a la infanta en su declaraci¨®n ante el juez Castro.

Todo ello, pues, parece trazar esa demarcaci¨®n as?: la declaraci¨®n de la infanta es el punto m¨¢s lejano al que puede llegar el caso.

Vamos, una versi¨®n de aquello que ironizaba el abogado Jes¨²s Mar¨ªa Silva. Si tanto inter¨¦s hay en oirla y el juez Castro se va realizar con ello, pues all¨¢ vamos.

Antes del 8 de febrero, fecha de la comparecencia de la infanta Cristina, tienen que declarar los peritos de Hacienda y la responsable de la investigaci¨®n policial, una iniciativa que ha del fiscal Pedro Horrach y que el juez Castro ha fijado para el s¨¢bado 25 de enero, citando tambi¨¦n a un perito de la acusaci¨®n.