El PP fuerza una reforma para archivar la causa contra la c¨²pula china

Al gigante chino ni se le tose. El Gobierno espa?ol quiere evitar a toda costa un conflicto diplom¨¢tico con Pek¨ªn y no est¨¢ dispuesto a que las investigaciones de los jueces enturbien las relaciones econ¨®micas con la que ya es primera potencia comercial del mundo. Por ello, ha puesto en marcha una reforma legal expr¨¦s y de tapadillo cuyo objetivo es archivar cuanto antes la causa abierta en la Audiencia Nacional por el genocidio tibetano, en la que se ha ordenado la detenci¨®n de cinco miembros de la nomenclatura comunista, incluidos el expresidente Jiang Zemin y el exprimer ministro Li Peng.

Para dar la m¨¢xima celeridad a esta reforma, que recorta dr¨¢sticamente el alcance de la llamada jurisdicci¨®n universal, se ha recurrido a un procedimiento singular: la presentaci¨®n de una proposici¨®n de ley del Grupo Popular en el Congreso. Inicialmente, el Gobierno ten¨ªa previsto incluir esta modificaci¨®n en la reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial que prepara el Ministerio de Justicia, pero ello obligar¨ªa a pedir informes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal, por lo que el proceso se alargar¨ªa meses. Recurriendo al PP, el Gobierno evita que la reforma pase por el Consejo de Ministros, se salta la fase de los informes y, si impone el tr¨¢mite de urgencia, puede tenerla en vigor en dos meses. Los grupos que sustentan al Gobierno no suelen presentar proposiciones de ley, pues se supone que es a este a quien corresponde la iniciativa legislativa. De hecho, el PP no hab¨ªa presentado ninguna en esta legislatura. Por eso resulta m¨¢s sorprendente.

En 2009, socialistas y populares pactaron un primer recorte de la jurisdicci¨®n universal para evitar roces diplom¨¢ticos. Tambi¨¦n entonces lo hicieron por la puerta de atr¨¢s, presentando una enmienda a la ley de creaci¨®n de la Oficina Judicial, que tramitaba el Congreso. Ahora el PP, con mayor¨ªa absoluta, ni siquiera ha buscado la complicidad del PSOE.

La reforma de 2009, a¨²n en vigor, dejaba una puerta abierta a la Audiencia Nacional para investigar cr¨ªmenes en el extranjero cuando sus presuntos responsables estuviesen en Espa?a, hubiera v¨ªctimas espa?olas o existiese ¡°alg¨²n v¨ªnculo de conexi¨®n relevante con Espa?a¡±. Es esa puerta la que se quiere cerrar, eliminando cualquier ambig¨¹edad.

La proposici¨®n que el PP present¨® en el registro del Congreso el pasado lunes se?ala que los jueces espa?oles solo podr¨¢n investigar delitos de genocidio y lesa humanidad, como en el caso del T¨ªbet, cuando ¡°el procedimiento se dirija contra un espa?ol o un ciudadano extranjero que resida habitualmente en Espa?a o se encontrara en Espa?a y cuya extradici¨®n hubiera sido denegada por las autoridades espa?olas¡±. Como los imputados en la causa que instruye el juez Ismael Moreno son ciudadanos chinos y ninguno se encuentra en Espa?a, que se sepa, no ser¨ªa posible investigar. Adem¨¢s, la reforma deja claro que los delitos de la llamada jurisdicci¨®n universal solo ser¨¢n ¡°perseguibles en Espa?a previa interposici¨®n de querella por el agraviado o por el fiscal¡±. Se excluye la Acci¨®n Popular, prevista en el art¨ªculo 125 de la Constituci¨®n.

El fiscal nunca present¨® querella por el genocidio tibetano, sino que lo hicieron la acci¨®n popular (ejercida por dos fundaciones de solidaridad con el T¨ªbet) y la acusaci¨®n particular (el tibetano nacionalizado espa?ol Thubten Wangehen). Con la reforma, la primera no podr¨ªa denunciar.

A¨²n quedar¨ªa un ¨²ltimo resquicio para mantener viva la investigaci¨®n: que la calificaci¨®n del delito se cambiase de genocidio a tortura, ya que en este ¨²ltimo caso s¨ª se tiene en cuenta la nacionalidad de la v¨ªctima. Pero la reforma exige que ¡°la v¨ªctima tuviera nacionalidad espa?ola en el momento de la comisi¨®n de los hechos¡±; un requisito que no cumple el citado Thubten Wangehen.

Aunque las leyes penales favorables al reo tienen car¨¢cter retroactivo, por lo que la reforma deber¨ªa suponer el archivo de la querella contra la c¨²pula del Partido Comunista chino, el PP ha querido despejar cualquier duda que puedan plantear los jueces y ha incluido en su texto una ins¨®lita disposici¨®n transitoria en la que se ordena taxativamente: ¡°Las causas que en el momento de entrada en vigor de esta ley se encuentren en tramitaci¨®n [...] quedar¨¢n sobrese¨ªdas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella¡±. Es decir, primero se archivan las investigaciones y luego se examina si deben reabrirse, en contra de toda l¨®gica. Igual que ahora, la reforma impone la obligaci¨®n de archivar un caso cuando el delito est¨¦ siendo investigado en el pa¨ªs en que se produjo pero deja, como novedad, a la Sala de lo Penal del Supremo la capacidad de decidir si un Estado tiene voluntad, o capacidad, para juzgarlo. Uno de los aspectos m¨¢s sorprendentes de la reforma es el desigual tratamiento que se da a los diferentes delitos. Bastar¨¢, por ejemplo, con que haya una v¨ªctima espa?ola para que se investigue un delito de terrorismo o pirater¨ªa cometido en el extranjero, pero la nacionalidad de la v¨ªctima ser¨¢ irrelevante ante un delito de genocidio. Por el contrario, en los casos de torturas y desaparici¨®n forzosa se exigir¨¢ para investigar que la v¨ªctima fuese espa?ola en el momento de los hechos y, adem¨¢s, que el imputado est¨¦ en Espa?a. Una discriminaci¨®n que puede poner en solfa el derecho a la tutela judicial.