Interinos de la Junta denunciaron las ¡°prisas¡± de Cospedal por anular plazas

Mercedes Bergu¨ªo llevaba 15 a?os trabajando para la Junta de Castilla-La Mancha como interina cuando, en agosto de 2012, recibi¨® la noticia de que la cesaban. A ella y a cerca de 500 compa?eros que ocupaban plazas similares en la administraci¨®n dirigida desde hac¨ªa a?o y medio por Dolores de Cospedal. La n¨²mero dos del PP hab¨ªa llegado a la presidencia de la Junta con la tijera en la mano. En sus primeros seis meses anunci¨® recortes de 2.165 millones, el 25% del presupuesto auton¨®mico, y lo hizo a costa, entre otras cosas, de atornillar la jornada de los funcionarios y eliminar puestos. Ning¨²n Gobierno auton¨®mico del PP se hab¨ªa atrevido a ir tan lejos escud¨¢ndose en la necesidad de embridar las cuentas p¨²blicas.

Para Mercedes todas esas amenazas tomaron cuerpo en una llamada que recibi¨® en sus vacaciones de 2012. Al otro lado del tel¨¦fono, una funcionaria le comunicaba que fuese a recoger la orden que declaraba extinguido su puesto de trabajo en la asesor¨ªa jur¨ªdica. "Cuando fui a la Consejer¨ªa de Fomento y me dieron el papel me fij¨¦ en que ni siquiera estaba firmado. Ped¨ª hablar con un responsable pero all¨ª no hab¨ªa nadie que me diese una respuesta al margen de una funcionaria que se acababa de incorporar". Con esa diligencia se dirigi¨® al registro a hacer una reclamaci¨®n, lo que no evit¨® su expulsi¨®n. Por suerte pudo reincorporarse a la Asamblea de Madrid, a su plaza de funcionaria en excedencia, aunque en una categor¨ªa inferior, de ujier. Sus compa?eros sin plaza fija se fueron al paro sin indemnizaci¨®n, como corresponde a cualquier interino. Ahora Mercedes tiene que ir y volver diariamente a Toledo (cuatro horas en transporte p¨²blico al d¨ªa) porque no puede dejar de pagar su casa, donde vive con su hija y, a la vez, no puede permitirse el lujo de alquilar un piso en la capital. Asegura que, pese a todo, tiene suerte. Muchos de sus compa?eros con hipoteca e hijos est¨¢n a punto de consumir todo el paro.

Tampoco sabe cu¨¢ndo ejecutar¨¢ el Gobierno de Cospedal la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad que obliga a la Junta a readmitir a los despedidos y a pagarles los salarios que han dejado de percibir. Justo en la semana en que Madrid ha renunciado a privatizar los hospitales, el fallo ha ca¨ªdo como aut¨¦ntico jarro de agua fr¨ªa en la Junta de Castilla-La Mancha y se ha sentido como una gran victoria en los sindicatos, que han pedido su ejecuci¨®n inmediata. ¡°Hemos demostrado que nadie puede pasar por encima de un derecho constitucional, que con movilizaci¨®n s¨ª se puede¡±, resume Gustavo Fabra, del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Administraci¨®n y Servicios de Castilla-La Mancha (STAS). Su central, junto con UGT, present¨® la demanda contra la decisi¨®n de la Consejer¨ªa de Presidencia de modificar, aqu¨¦l 20 de agosto, la relaci¨®n de puestos de trabajo en las consejer¨ªas de Presidencia, Hacienda, Fomento, Educaci¨®n, Cultura, Empleo, Agricultura, Sanidad y del Servicio de Salud, as¨ª como del Instituto de la Mujer. Se eliminaron de un plumazo 672 plazas, de las cuales todav¨ªa estaban vacantes entre 200 y 250. Las centrales argumentaron que el proceso de negociaci¨®n hab¨ªa sido una farsa y esta semana el Tribunal Superior de Justicia les dio la raz¨®n tumbando todo el proceso. El fallo condena a la Junta a readmitir a los cesados y a pagarles el salario que han dejado de recibir.

Pero la propia Dolores de Cospedal se resiste a ejecutar la sentencia -adoptada por unanimidad en el TSJ- y su Gobierno ya ha anunciado que recurrir¨¢ el fallo, que adem¨¢s, impone el pago de las costas a la administraci¨®n. Para los jueces qued¨® acreditado que la Junta de Castilla-La Mancha viol¨® ¡°el derecho a la libertad sindical que consagra el art¨ªculo 28 de la Constituci¨®n¡±, porque para suprimir los puestos se convoc¨® a la mesa sectorial una sola vez y a modo de tr¨¢mite, sin que se produjese una negociaci¨®n ¡°real¡±. ¡°El derecho de los sindicatos a la negociaci¨®n no se satisface sin m¨¢s con la celebraci¨®n de reuniones sin contenido¡±, recalc¨® el tribunal. Los sindicatos argumentaban que las ¨®rdenes que suprim¨ªan los puestos fueron publicadas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha ¡°escasamente una hora m¨¢s tarde de que finalizase la mesa¡±. Sin embargo el Ejecutivo de Cospedal lamenta que esta decisi¨®n "podr¨ªa hacer in¨²tiles todos los esfuerzos realizados por los ciudadanos, que han permitido estabilizar las finanzas de nuestra Administraci¨®n y garantizar los servicios sociales, la educaci¨®n y la sanidad a los castellano-manchegos". Nada dice la Junta sobre el fondo de la cuesti¨®n: la violaci¨®n de los derechos constitucionales.

El Gobierno de Cospedal tambi¨¦n ha anunciado que pedir¨¢ al TSJ una ¡°aclaraci¨®n¡± porque no sabe c¨®mo aplicar la sentencia. Cospedal ignora, seg¨²n manifest¨® este martes, si se han de crear ¡°todos los puestos de trabajo suprimidos y con cargo a qu¨¦ partida presupuestaria habr¨¢ de abonar los salarios que han dejado de percibir los afectados¡±. El sindicalista Gustavo Fabra le da algunas ideas: ¡°Para empezar, podr¨ªa suprimir todos los cargos, asesores y personal de confianza. Se ahorrar¨ªa 70 millones. Pero lejos de eso ha preferido optar por una huida hacia adelante, recurriendo ante el Supremo¡±. Fabra cree que cumplir ahora la sentencia podr¨ªa suponer un coste de 14 millones. Cuanto m¨¢s se dilate su cumplimiento, m¨¢s elevada ser¨¢ la factura.

La de los interinos no es la ¨²nica batalla judicial de los sindicatos contra la Junta. Carmen Campoy (UGT), recuerda que Cospedal present¨® un plan de recursos humanos para suprimir la mitad de los conductores (156), caso todos personal laboral fijo, traslad¨¢ndolos a otras plazas, desde limpiadores a ayudantes de cocina. Las centrales han convocado protestas contra esta decisi¨®n.