Las pol¨¦micas leyes de extranjer¨ªa

El Gobierno de Rajoy quiere marcar un punto y aparte. Tras la tragedia de Tarajal (Ceuta), en la que murieron 15 subsaharianos, y la pol¨¦mica por los disparos de pelotas de goma en el mar; el Ejecutivo desea centrar ahora el debate en una reforma de la Ley de Extranjer¨ªa que permita la devoluci¨®n en caliente de los inmigrantes. Una revisi¨®n normativa ¡ªser¨ªa la octava del actual articulado, vigente desde 2000¡ª rodeada de pol¨¦mica. Como siempre que se ha regulado esta materia. En el bagaje, entre otras controversias: manifestaciones de protesta y recursos de inconstitucionalidad del defensor del Pueblo y la oposici¨®n.

Ley de 2000 (PP). En el desarrollo reglamentario de esta normativa se encuentra el quid de la cuesti¨®n que plantea ahora el Gobierno. El art¨ªculo 23 obliga a llevar a una comisar¨ªa, para su identificaci¨®n y posterior devoluci¨®n, a todos los extranjeros interceptados "en la frontera o en sus inmediaciones". Una pr¨¢ctica que no se cumpli¨® en la tragedia de Tarajal, aunque el Ministerio de Interior considera que no se salt¨® la ley porque no se accede a Espa?a hasta que no se "supera la l¨ªnea policial". A pesar de esa explicaci¨®n, el Ejecutivo quiere modificar la norma.

En pleno auge de la presi¨®n migratoria v¨ªa Marruecos ¡ªla Delegaci¨®n del Gobierno en Ceuta cifr¨® entonces en 25.000 los subsaharianos y magreb¨ªes que intentaban dar el salto a Espa?a¡ª, el PP de Aznar sac¨® adelante a principios de 2000 esta Ley de Extranjer¨ªa, la segunda de la Democracia, que reform¨® tan solo unos meses despu¨¦s, el 25 de noviembre de 2000, tras conseguir en marzo mayor¨ªa absoluta en las elecciones. El texto aglutin¨® numerosas cr¨ªticas de la oposici¨®n, puesto que suprim¨ªa los derechos de sindicaci¨®n, asociaci¨®n, huelga y manifestaci¨®n de los inmigrantes en situaci¨®n irregular. La norma sali¨® adelante. Y hubo que esperar siete a?os para que el Constitucional resolviera la ilegalidad de estos preceptos.

Adem¨¢s, la contestaci¨®n en la calle a la legislaci¨®n del PP tambi¨¦n respond¨ªa a los procesos de expulsi¨®n abiertos a ra¨ªz de la entrada en vigor de la legislaci¨®n. "Era m¨¢s restrictiva, ya que fijaba como infracci¨®n sancionable con expulsi¨®n la permanencia de forma ilegal en territorio espa?ol", explica Emilio Ram¨ªrez de Matos, abogado especializado en Extranjer¨ªa, que recalca c¨®mo se incorpor¨® un procedimiento preferente de expulsi¨®n en 48 horas. "Este corto plazo de tiempo pone en tela de juicio la garant¨ªa de derechos, como la tutela judicial efectiva", a?ade.

Me dan un poco de v¨¦rtigo las devoluciones en caliente porque se elimina la tutela judicial Emilio Ram¨ªrez de Matos, abogado experto en Extranjer¨ªa

Ley de 1985 (PSOE). Espa?a se preparaba entonces para entrar en la UE y el Gobierno de Gonz¨¢lez tem¨ªa que el pa¨ªs se convirtiera en la puerta de entrada de inmigrantes a Europa, como as¨ª ocurri¨® despu¨¦s ¡ªla primera patera llega en noviembre de 1988¡ª. Por ello, ante la ausencia de un articulado que regulase la materia, el Ejecutivo socialista confeccion¨® la primera Ley de Extranjer¨ªa. "Ese miedo hizo que esta norma fuera una de las m¨¢s r¨ªgidas y estrictas de Europa, ya que tratamos de transmitir a Bruselas que no ser¨ªamos un coladero", explica Ram¨ªrez de Matos.

El Gobierno reuni¨® en un solo texto la amplia normativa dispersa. Y, en el art¨ªculo 36, ya se contempl¨® la posibilidad de devoluci¨®n de los inmigrantes que accedieran ilegalmente al pa¨ªs. "No ser¨¢ preciso expediente de expulsi¨®n", recog¨ªa el texto. Eso s¨ª, la orden de salida de Espa?a deb¨ªa darla el Gobernador Civil de la provincia, limitando la actividad de los agentes. Una medida que no pod¨ªa ejercerse, adem¨¢s, contra quienes ped¨ªan asilo.

La Ley de Extranjer¨ªa de 1985 tambi¨¦n pon¨ªa l¨ªmites administrativos, declarados inconstitucionales dos a?os despu¨¦s, a los derechos de reuni¨®n, manifestaci¨®n y asociaci¨®n de los inmigrantes. A su vez, en respuesta a un recurso del defensor del Pueblo, tambi¨¦n se anul¨® el art¨ªculo 26.2 que establec¨ªa que la administraci¨®n pudiera decretar el internamiento en centros de detenci¨®n por un plazo m¨¢ximo de 72 horas. El Constitucional concluy¨® que esa medida solo pod¨ªa adoptarla un juez.

Legislaci¨®n previa a 1985. Antes de la normativa del PSOE, no exist¨ªa una legislaci¨®n sobre Extranjer¨ªa como tal. "Una ley de 1969 y varios Reales Decretos de los a?os 70 lo regulaban, pero Espa?a era entonces un pa¨ªs de emigraci¨®n, no de inmigraci¨®n", apunta Ram¨ªrez de Matos. La falta de una normativa permit¨ªa que, en plena Democracia, conocidos delincuentes y mafiosos vivieran en el pa¨ªs sin control policial, mientras no se recibiera una orden internacional de busca y captura. "La conocida como devoluci¨®n en caliente no se contemplaba", recalca el letrado, que concluye: "Este tipo de devoluciones me dan un poco de v¨¦rtigo. Pueden producirse injusticias al carecer de tutela judicial".