Cuesti¨®n de Estado

En la calificaci¨®n de la emigraci¨®n como cuesti¨®n de Estado es f¨¢cil coincidir. En la conclusi¨®n de que, justamente por eso, no se pueden someter siquiera a discusi¨®n las decisiones que el Gobierno adopte en este terreno, resulta imposible estar de acuerdo. Justamente porque es una cuesti¨®n de Estado, es de suma importancia que el Gobierno tenga que dar raz¨®n de y justificar la pol¨ªtica con la que pretende dar respuesta al problema.

Por ser una cuesti¨®n de Estado no se puede aceptar que sigan en su puesto el delegado del Gobierno en Ceuta y el director general de la Guardia Civil varias semanas despu¨¦s de que faltaran a la verdad tras la muerte de 15 inmigrantes en Ceuta. No se puede aceptar que no se haya reconocido expresamente el error que supuso dar la orden a los agentes de la Guardia Civil de que dispararan pelotas de goma y botes de humo a los inmigrantes que estaban en el mar. Y que, tras el reconocimiento del error, no se hayan exigido las responsabilidades pol¨ªticas que un error de esta naturaleza debe conllevar.

Estamos ante una cuesti¨®n de Estado en la medida en que afecta al ¡°monopolio de la coacci¨®n f¨ªsica leg¨ªtima¡±, por utilizar la cl¨¢sica definici¨®n del Estado de Max Weber. Es la legitimidad del Estado la que se ha puesto en cuesti¨®n en Ceuta. El Gobierno no ha ejercido el poder de una manera leg¨ªtima. Esta ha sido la raz¨®n por la que la comisaria europea se ha interesado y ha exigido explicaciones al ministro de Interior.

El Gobierno debe aceptar la responsabilidad por la tragedia de Ceuta

Esto ya lo sabemos. Todos hemos visto los v¨ªdeos. Para exigir la responsabilidad penal habr¨¢ que esperar a lo que diga la sentencia correspondiente. Pero no hay que esperar ni un minuto para saber que lo que se hizo esa noche en Ceuta no se puede hacer y, en consecuencia, no hay que esperar para exigir la responsabilidad pol¨ªtica. El ministro no puede no saber qui¨¦n dio la orden para que los agentes actuaran como lo hicieron y, como consecuencia de ello, deber¨ªa haber exigido a quienes dieron la orden que presentaran la dimisi¨®n o haberlos destituido. Es la reacci¨®n m¨ªnima exigible ante un acontecimiento de tanta gravedad por la p¨¦rdida de vidas humanas y de tanto impacto en el prestigio del Estado. Y si el ministro no es capaz de extraer esta conclusi¨®n, entonces ser¨ªa ¨¦l quien tendr¨ªa que presentar la dimisi¨®n.

Esta operaci¨®n de reconocimiento del error y de aceptaci¨®n de la responsabilidad no solo no debilitar¨ªa al Estado, sino que lo fortalecer¨ªa para seguir enfrent¨¢ndose con el problema. En estas ¨²ltimas semanas el Estado se ha sentido m¨¢s d¨¦bil como consecuencia de la cat¨¢strofe humanitaria de Ceuta y esa sensaci¨®n de debilidad la han percibido los inmigrantes, que han asaltado la frontera con m¨¢s intensidad y m¨¢s ¨¦xito que antes. Cuanto m¨¢s pronto se asuman las responsabilidades pol¨ªticas, en mejores condiciones se encontrar¨¢ el Estado para responder al reto de la emigraci¨®n.

Espa?a tiene que recuperar el prestigio que ha perdido con una actuaci¨®n injustificable. Con el delegado del Gobierno en Ceuta y el director general de la Guardia Civil en sus puestos ser¨¢ mucho m¨¢s dif¨ªcil. No por ellos como personas exclusivamente, aunque tambi¨¦n, sino porque ser¨¢ un muy mal indicador del funcionamiento del principio de responsabilidad en el ejercicio del poder.