El carpetazo a la justicia universal choca con los tratados firmados por Espa?a

La decisi¨®n del juez Santiago Pedraz de no aplicar la nueva ley que reduce dr¨¢sticamente el alcance de la justicia universal y de mantener abierta la investigaci¨®n sobre la muerte del periodista Jos¨¦ Couso a manos de soldados estadounidenses en Irak en 2003 le ha valido al magistrado un ataque del PP, que le acusa de actuar movido por un ¡°sesgo ideol¨®gico¡±. Sin embargo, los argumentos del magistrado de la Audiencia Nacional son respaldados sin reserva por los expertos en derecho internacional y constitucional consultados por este peri¨®dico.

Los juristas consideran que el magistrado de la Audiencia Nacional actu¨® de manera ¡°correcta y muy atinada¡± al anteponer el IV Convenio de Ginebra sobre protecci¨®n de personas civiles en tiempo de guerra ¡ªratificado por Espa?a en 1952¡ª a la reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial impulsada por el Gobierno del PP. Este nuevo texto legal, vigente desde el pasado s¨¢bado, restringe la capacidad de los jueces espa?oles para investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional.

¡°El IV Convenio de Ginebra establece la obligaci¨®n de perseguir y enjuiciar a responsables de cr¨ªmenes de guerra. Si la nueva ley excluye esta obligaci¨®n no es conforme con el convenio y por tanto no es aplicable¡±, considera Fernando Mari?o, catedr¨¢tico de Derecho Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid. ¡°Una vez ratificados, los tratados internacionales prevalecen sobre cualquier otra norma, y esto incluye a las leyes, tanto las ordinarias como las org¨¢nicas¡±, a?ade Enoch Albert¨ª, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona.

La resoluci¨®n del magistrado mantiene abierta la investigaci¨®n sobre los militares estadounidenses que dispararon desde un carro de combate a la habitaci¨®n del Hotel Palestina de Bagdad, desde donde el c¨¢mara de Telecinco Jos¨¦ Couso filmaba en los primeros d¨ªas de la guerra de Irak en abril de 2003. Los expertos juristas defienden la decisi¨®n de Pedraz de no plantear una cuesti¨®n de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. ¡°En este caso se trata de una cuesti¨®n de elecci¨®n del derecho aplicable y es el juez el que debe aplicar la ley. No cabe consultar al Tribunal Constitucional a menos que el juez entienda que la nueva norma vulnera la Constituci¨®n, y en este caso no lo interpreta as¨ª¡±, sostiene el magistrado Albert¨ª.

Otras fuentes jur¨ªdicas de la Audiencia Nacional consideran que s¨ª cabe la presentaci¨®n de una cuesti¨®n de inconstitucionalidad sobre el recorte a la justicia universal en la nueva Ley Org¨¢nica del Poder Judicial.

El catedr¨¢tico de Derecho Internacional de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, Antoni Pigrau, opina que la nueva ley ¡°impone restricciones a la persecuci¨®n de los delitos de lesa humanidad superiores a los que plantean los convenios internacionales, que tienen un rango superior a la ley¡±. ¡°Existe un consenso internacional de que los cr¨ªmenes de guerra, los cr¨ªmenes contra la humanidad y el genocidio son las categor¨ªas m¨¢s graves en derecho humanitario. Pues estas tres categor¨ªas son las que ven restringida su persecuci¨®n de manera m¨¢s intensa con la nueva ley. La norma tiene un mont¨®n de puntos d¨¦biles¡±, a?ade Pigrau.