La Audiencia Nacional combate la eliminaci¨®n de la justicia universal
Jueces y fiscales abren la via para llevar la nueva norma al Tribunal Constitucional
La reforma legal que vac¨ªa virtualmente de contenido la llamada justicia universal ¡ªla capacidad de los jueces espa?oles para perseguir cr¨ªmenes de lesa humanidad fuera del territorio nacional¡ª recibi¨® este mi¨¦rcoles dos serios varapalos jur¨ªdicos en la Audiencia Nacional. El juez Fernando Andreu y la fiscal¨ªa apuntaron en sendos escritos a la posible inconstitucionalidad ¡ªo lo que es lo mismo, la ilegalidad radical¡ª de la nueva norma limitadora, que entr¨® en vigor el pasado s¨¢bado tras un tr¨¢mite parlamentario expr¨¦s.
El primer golpe lo asest¨® el magistrado Fernando Andreu. El titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 4 remiti¨® a las partes personadas en los sumarios sobre el genocidio de la etnia hutu en Ruanda y Congo entre 1994 y 2000, y sobre el ataque de soldados iraqu¨ªes contra el campo de refugiados de Ashraf (Irak), en el que murieron 11 iran¨ªes en 2009, una providencia de apenas dos p¨¢rrafos. Pese a su brevedad, esta resoluci¨®n llevaba una carga de profundidad: en ella Andreu da a las partes un plazo de 10 d¨ªas para que aleguen ¡°sobre la pertinencia de plantear cuesti¨®n de inconstitucionalidad¡± de la nueva norma que limita la justicia universal.
Andreu es el primer magistrado instructor de la Audiencia que apunta directamente la posibilidad de que la reforma del art¨ªculo 23.4 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial atente contra la Constituci¨®n. Otros jueces, como Pablo Ruz, Eloy Velasco o Ismael Moreno no han mencionado esa posibilidad en las providencias que han emitido en los sumarios de justicia universal que dependen de sus juzgados. El magistrado Santiago Pedraz, por su parte, rechaz¨® la cuesti¨®n de inconstitucionalidad en el auto por el que decidi¨® mantener abierta la investigaci¨®n sobre la muerte del periodista de Telecinco Jos¨¦ Couso a manos de soldados estadounidenses en los primeros d¨ªas de la guerra de Irak, en abril de 2003. En aquella resoluci¨®n, Pedraz sosten¨ªa que el caso Couso est¨¢ amparado por el IV Convenio de Ginebra sobre protecci¨®n de los civiles en tiempo de guerra, que obliga a perseguir a los autores de cr¨ªmenes de guerra ¡°est¨¦n donde est¨¦n y sea cual sea su nacionalidad¡±, y que prevalece sobre cualquier legislaci¨®n nacional, seg¨²n la Constituci¨®n.
Precisamente, el segundo varapalo que recibi¨® este mi¨¦rcoles el carpetazo del PP a la justicia universal ¡ªel de la fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional¡ª viene a cuenta de este auto del juez Pedraz.
El ministerio p¨²blico tambi¨¦n aprecia posibles causas de inconstitucionalidad en la nueva norma y no quiere que se le impida plantearlas. En un recurso de reforma ¡ªdirigido al propio Pedraz¡ª la fiscal¨ªa de la Audiencia pide al magistrado que anule su auto del pasado lunes porque ¡°vulnera palmariamente las normas de competencia funcional¡±.
La fiscal¨ªa argumenta que en los procedimientos sumarios ¡ªaquellos en los que se dirimen delitos castigados con penas superiores a los nueve a?os de prisi¨®n¡ª la competencia de resolver el sobreseimiento no reside en el juez instructor, sino que recae ¡°de forma excluyente¡± en el tribunal superior que ha de juzgar los hechos, en este caso la Sala de lo Penal. Seg¨²n el ministerio p¨²blico, Pedraz debe concluir el sumario de forma ¡°urgente¡± y elevar las actuaciones a la Sala de lo Penal para que resuelva si es procedente archivar o no la causa de acuerdo con la nueva ley.
La fiscal¨ªa sostiene que la ¡°extralimitaci¨®n competencial¡± del juez Pedraz ¡°cercena de plano cualquier posibilidad¡± de que la fiscal¨ªa o las otras partes personadas en el caso Couso ¡ªentre ellas los familiares del periodista¡ª puedan plantear a la Sala de lo Penal de la Audiencia la cuesti¨®n de inconstitucionalidad. Y en este punto, el ministerio p¨²blico entra en el fondo del asunto. ¡°Las nuevas normas org¨¢nicas reguladoras [de la justicia universal] (...) pueden suponer una vulneraci¨®n de los derechos a la tutela judicial efectiva y de acceso a la jurisdicci¨®n consagrados por el art¨ªculo 24 de la Constituci¨®n, y del principio de la independencia judicial¡±, del art¨ªculo 117 de la ley fundamental.
La pol¨¦mica reforma legal del PP, en una disposici¨®n transitoria, establece que todas las causas de justicia universal que se encuentren en tramitaci¨®n ¡°quedar¨¢n sobrese¨ªdas¡± mientras no se acredite que cumplen con los nuevos requisitos. Fuentes de la fiscal¨ªa recuerdan que la soluci¨®n sobre el sobreseimiento de una causa judicial es una competencia que est¨¢ atribu¨ªda en exclusiva a los tribunales por el art¨ªculo 627 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que no cabe que el legislador decrete el cierre de causas por medio de una ley.
Mientras tanto, las acusaciones de algunas de las causas de justicia extraterritorial luchan para que las investigaciones no decaigan. Este mi¨¦rcoles, el equipo de abogados personados en el llamado caso Mathausen sobre los campos de concentraci¨®n nazis denunciaron que la fiscal¨ªa y el juez Ismael Moreno no han activado la petici¨®n de entrega del oficial de las SS Totenkopf Theodor Szehinskyj reside en los Estados Unidos, si bien le fue revocada su ciudadan¨ªa estadounidense tras un proceso de desnaturalizaci¨®n motivado por su pasado nazi.
Sobre Szehinskyj, guardia de las SS Totenkopf, entre otros, en el campo de concentraci¨®n de Sachsenhausen, donde estuvieron detenidos centenares de espa?oles, pesa un auto de procesamiento desde febrero de 2013. Seg¨²n los abogados, ¡°desde entonces, tanto la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional como el mismo Juzgado han recurrido a toda suerte de maniobras procesales dilatorias¡± para evitar pedir su entrega a Estados Unidos, pese a que la embajada de este pa¨ªs en Madrid ha informado de la posibilidad de su deportaci¨®n.
¡°La capacidad de ingenier¨ªa jur¨ªdica y pol¨ªtica de los distintos Gobiernos es enormemente imaginativa cuando se trata de mantener la impunidad¡±, denuncian los abogados.
Genocidios en Ruanda e Irak
El juez Fernando Andreu plante¨® este mi¨¦rcoles a las partes personadas en las causas de justicia universal que lleva su juzgado la posibilidad de plantear cuestiones de inconstitucionalidad sobre la reforma que lamina la justicia universal.
La primera causa corresponde al genocidio de la etnia hutu perpetrado en Ruanda y Congo entre los a?os 1994 y 2000 por una estructura paralela al Estado ruand¨¦s, dominado por elementos de la minor¨ªa tutsi.
Esta investigaci¨®n que, junto a otra emprendida en Francia, ha convertido al presidente ruand¨¦s Paul Kagame en un dirigente de presencia inc¨®moda en foros internacionales, es distinta de la que lleva el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, centrada en el genocidio ¨Ccon 800.000 muertos- llevado a cabo por la mayor¨ªa hutu contra los tutsis en 1994. En esta causa se investiga tambi¨¦n el asesinato de cuatro religiosos espa?oles en octubre de 1996.
La segunda investigaci¨®n tiene que ver con una querella contra militares iraqu¨ªes que el 28 y 29 de julio de 2009 perpetraron una acci¨®n deliberada y planificada de asalto contra un grupo de unos 3.500 civiles desarmados, miembros de la resistencia iran¨ª, que residen en Ashraf (Irak). En esta acci¨®n, en la que participaron alrededor de 2.000 soldados murieron 11 personas y hubo m¨¢s de 450 heridos graves, as¨ª como secuestros y torturas.
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