El Supremo tumba otro indulto dado a un conductor que caus¨® tres muertes

El Tribunal Supremo ha anulado, por una cuesti¨®n de forma, otro indulto por un asunto de tr¨¢fico otorgado por el Ministerio de Justicia a un conductor que entr¨® con su coche a 123 kil¨®metros por hora en una curva en la que solo se pod¨ªa ir a un m¨¢ximo de 40 kil¨®metros y colision¨® con un cami¨®n. En el accidente, el conductor, Rafael Huete Garrido, que hab¨ªa obtenido el carne de conducir solo un mes antes del siniestro, result¨® herido, y muertas las tres personas que le acompa?aban (dos de ellas, hermanos). Esta es la segunda conmutaci¨®n de pena a un conductor temerario que revoca el alto tribunal al ministerio que dirige Alberto Ruiz-Gallard¨®n. El anterior fue el pol¨¦mico indulto concedido a un automovilista que mat¨® a una persona en la provincia de Valencia tras conducir cinco minutos en direcci¨®n contraria por la autov¨ªa AP-7. Los familiares vieron en este indulto un trato de favor de Justicia a este reo puesto que su abogado era hermano de un exalto cargo del PP.

En esta ocasi¨®n, la Sala Tercera del Tribunal Supremo revoca el indulto concedido a Rafael Huete y ordena devolver la causa al tribunal granadino que le conden¨®. La Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del Supremo entiende que hay defectos formales, puesto que no consta informe de ese tribunal, la Secci¨®n Primera de la Audiencia de Granada, sobre este indulto. La Audiencia? conden¨® a Rafael Huete a la pena de tres a?os y tres meses de c¨¢rcel por un delito contra la seguridad vial en concurso con otro de tres de homicidio por imprudencia.

Fuentes del Ministerio de Justicia se?alan, sin embargo, que la Audiencia decidi¨® delegar la elaboraci¨®n de ese informe en el tribunal que dict¨® condena en primera instancia, el n¨²mero 2 de lo Penal de Granada, y que este s¨ª emiti¨® dictamen: un informe favorable al indulto en el que alegaba que el conductor, a ra¨ªz del accidente, qued¨® "totalmente inimputable" por las secuelas sufridas, informa Vera Guti¨¦rrez Calvo.

Rafael Huete Garrido fue condenado en primera instancia, en el juzgado de lo Penal n¨²mero 2 de Granada, a dos a?os y seis meses, pero la familia de los fallecidos recurri¨® la pena y la citada secci¨®n de la Audiencia Provincial de Granada la elev¨® a tres a?os y tres meses. Consta la petici¨®n de indulto del juzgado de lo penal, pero no existe ning¨²n pronunciamiento de la Audiencia, que incluso eleva? la pena en un a?o.Cuando el Ministerio de Justicia recibi¨® la petici¨®n de indulto, envi¨® una solicitud de informe a la Audiencia Provincial de Granada, pero esta lo deleg¨® en el juzgado de primera instancia. Este juzgado emiti¨® el informe favorable proponiendo al Gobierno que rebajase la pena a dos a?os para evitar la entrada en prisi¨®n del reo. Es lo que Justicia ha hecho, atendiendo a ese informe (el otro, emitido por el fiscal, fue desfavorable al indulto). La Sala Tercera del Supremo ordena, sin embargo, que las diligencias vuelvan a la Audiencia y sea ella la que emita un informe. Pero, de momento, el indulto queda revocado.

La Ley del Indulto, en su art¨ªculo 23, solo se?ala que el ministerio, cuando recibe una petici¨®n de indulto, debe recabar un informe "del Tribunal sentenciador". No recoge -ni proh¨ªbe- expresamente la posibilidad de que ese? tribunal decida delegar el informe en el de primera instancia. Eso no es lo habitual, pero tampoco es excepcional: ha ocurrido otras veces en otras peticiones de indulto, seg¨²n fuentes de Justicia.

El accidente se produjo en la noche del 3 de julio de 2008, en una carretera de doble sentido y con direcci¨®n a la localidad de Beas de Granada. Rafael Huete, que conduc¨ªa a 123 kil¨®metros por hora, se sali¨® en una curva y choc¨® contra un cami¨®n. El pasado noviembre, el Ministerio de Justicia le otorg¨® un indulto parcial y le rebaj¨® la pena a dos a?os y 15 d¨ªas de trabajo en favor de la comunidad, lo que habr¨ªa permitido a Rafael Huete no tener que ingresar en prisi¨®n puesto que no tiene antecedentes penales y cabe aplicarle la remisi¨®n condicional de la pena.

Este es el segundo indulto a un automovilista que tumba el Supremo a Justicia es cuesti¨®n de meses. El primero fue el de Ram¨®n Jorge R¨ªos Salgado, quien hace unas semanas tuvo que volver a la c¨¢rcel despu¨¦s de quedar libre merced al indulto que le dio el Gobierno el 7 de diciembre de 2012. pero el Supremo lo anul¨® por falta de motivaci¨®n y, al no subsanar Justicia ese defecto, volvi¨® a la c¨¢rcel hace unas semanas.

La Audiencia de Valencia le conden¨® a 13 a?os de c¨¢rcel por un delito grave de conducci¨®n temeraria ¡°con desprecio para la vida de los dem¨¢s¡± en concurso ideal con otro delito de homicidio. R¨ªos Salgado condujo su Opel M¨¢gnum durante cinco minutos en sentido contrario por la autov¨ªa AP-7 (la que recorre todo el levante) y caus¨® la muerte a Jos¨¦ Alfredo Dolz Espa?a, de 25 a?os, que circulaba correctamente con su coche, el 1 de diciembre de 2003, en un tramo entre la localidad valenciana de Silla y la alicantina de San Juan.

La familia de la v¨ªctima recurri¨® al Supremo y se opuso al indulto (el preso solo hab¨ªa cumplido 10 meses de prisi¨®n y pagado una multa de 4.000 euros). Este indult¨® caus¨® gran alarma social por las connotaciones que le rodeaban. El abogado del reo era Esteban Astarloa Huarte-Mendioca, hermano de Ignacio Astarloa, ex alto cargo del PP en el Ministerio del Interior. Este letrado trabajaba para el despacho Ur¨ªa y Men¨¦ndez, en el que tambi¨¦n est¨¢ empleado un hijo del ministro Alberto Ruiz-Gallard¨®n. El ministro neg¨® trato de favor y se?al¨® que este indulto sigui¨® la misma tramitaci¨®n que otros que hab¨ªan ¡°otorgado este Gobierno y los anteriores".

El de R¨ªos Salgado fue el primer caso de un indulto que anula el Tribunal Supremo, cuya sala de lo contencioso se reuni¨® para analizar el asunto tras el recurso que le elev¨® la familia del fallecido. El debate fue intenso y dur¨® tres d¨ªas. La Sala estaba dividida. La decisi¨®n final fue adoptada por una mayor¨ªa muy ajustada, 19 votos de magistrados contra 17. El ponente inicial de este asunto, que defendi¨® que una medida de gracia no puede ser anulada por los tribunales, fue Carlos Lesmes, actual presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo.