El fiscal del ¡®caso T¨ªbet¡¯ insiste en la ilegalidad del fin de la justicia universal

La Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional sigue insistiendo en la idea de que la reforma legal que limita la justicia universal vulnera la Constituci¨®n. Y lo hace en el caso que ha provocado que el PP acelere los tiempos legislativos para laminar la capacidad de los jueces espa?oles para investigar cr¨ªmenes de lesa humanidad ocurridos fuera del territorio nacional: la causa contra la c¨²pula del r¨¦gimen chino por el genocidio en el T¨ªbet en los a?os 80 y 90 del siglo pasado. Este sumario tiene como imputados a los expresidentes del gigante asi¨¢tico Hu Jintao y Jiang Zemin. Sobre este ¨²ltimo pesa una orden internacional de detenci¨®n.

El fiscal ha mandado al juez Ismael Moreno un escrito en el que solicita que concluya el sumario sobre el T¨ªbet para elevarlo a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tribunal que deber¨¢ decidir si archiva las actuaciones ¨Ccomo impone la reforma legal impulsada por el PP. El ministerio p¨²blico apunta tambi¨¦n que el tribunal puede ¡°adoptar la decisi¨®n que estime procedente en relaci¨®n con la constitucionalidad de la citada normativa¡±, en referencia a la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial que restringe la justicia universal y que establece que ¡°quedar¨¢n sobrese¨ªdas¡± aquellas causas que no encajen en los requisitos de la nueva normativa.

Al igual que hizo ya con el caso Couso, la fiscal¨ªa recuerda que la potestad para archivar o continuar con una investigaci¨®n en el procedimiento sumario ¨Cen los que se investigan delitos penados con m¨¢s de nueve a?os de c¨¢rcel- corresponde al tribunal que ha de enjuiciarlos. La acusaci¨®n p¨²blica considera que el ¡°nuevo tr¨¢mite procesal instaurado por la reforma¡± ¨Cel sobreseimiento autom¨¢tico- ¡°deber¨¢ acomodarse al sistema de competencia funcional¡± previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y recuerda que la decisi¨®n de archivo corresponde ¡°claramente¡± a la Sala de lo Penal de la Audiencia.

El pasado mi¨¦rcoles, en un recurso contra la decisi¨®n del juez Santiago Pedraz de continuar con el caso Couso y rechazar la posibilidad de interponer una cuesti¨®n de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, la fiscal¨ªa escribi¨®: ¡°Las nuevas normas org¨¢nicas reguladoras [de la justicia universal] (...) pueden suponer una vulneraci¨®n de los derechos a la tutela judicial efectiva y de acceso a la jurisdicci¨®n consagrados por el art¨ªculo 24 de la Constituci¨®n, y del principio de la independencia judicial¡±, del art¨ªculo 117 de la ley fundamental.