Interior cambiar¨¢ la ¡®ley Fern¨¢ndez¡¯ para que no choque con la Constituci¨®n

El Ministerio del Interior est¨¢ dispuesto a asumir todas las observaciones de los informes cr¨ªticos realizados, entre otros otros, por el Consejo del Poder Judicial y el Consejo Fiscal sobre el pol¨¦mico proyecto de Ley de Protecci¨®n de la Seguridad Ciudadana, seg¨²n fuentes del departamento. Falta a¨²n el preceptivo informe del Consejo de Estado. ¡°Cambiaremos todos los art¨ªculos afectados para que no haya dudas sobre su constitucionalidad¡±, han a?adido.

Nada m¨¢s presentar el proyecto de ley, los partidos de oposici¨®n, todas las asociaciones judiciales y diversos colectivos sociales se lanzaron en tromba contra el proyecto legislativo por creer que cercena las libertades y recorta los derechos ciudadanos. El diputado Joan Coscubiela, portavoz de Izquierda Plural, lleg¨® a decir que era la ¡°ley de la patada en la boca a la democracia¡±.

Ante las cr¨ªticas, la Comisi¨®n de Secretarios de Estado y Subsecretarios ya hizo retoques a la norma el pasado noviembre. No obstante, el proyecto legislativo manten¨ªa ¨ªntegramente su esencia y segu¨ªa contemplando duras multas gubernativas ¡ªsin ning¨²n control judicial¡ª contra las que es m¨¢s caro presentar recurso.

Frente a la avalancha de cr¨ªticas, el ministro Jorge Fern¨¢ndez se mostr¨® ¡°abierto a todo tipo de sugerencias¡± del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y las que resulten de la subsiguiente tramitaci¨®n parlamentaria de la ley.

El Consejo General del Poder Judicial votar¨¢ ma?ana un informe elaborado por dos de sus vocales ¡ª uno de talante conservador y otro progresista¡ª que censura m¨²ltiples aspectos. Tambi¨¦n el Consejo Fiscal consider¨® hace un mes ¡°inconstitucional¡± al menos tres puntos de la ley Fern¨¢ndez.

El Poder Judicial cree que el texto justifica la intervenci¨®n de los poderes p¨²blicos de forma ¡°excesivamente amplia¡± y recomienda ¡°adecuarlos a los l¨ªmites constitucionales del concepto de seguridad ciudadana¡±. En su opini¨®n, hay varios art¨ªculos de la norma que son ¡°vagos¡± o inconcretos.

Pero, adem¨¢s, el ¨®rgano de gobierno de los jueces no duda en calificar de ¡°contraria a la Constituci¨®n¡± la posibilidad de que la polic¨ªa establezca controles en lugares p¨²blicos para identificar a las personas que se encuentren en ellos con el fin de descubrir y detener a quienes hayan cometido una infracci¨®n. El Poder Judicial piensa que eso ¡°viene a reconocer la posibilidad de que una persona pueda ser detenida por simples faltas penales o infracciones administrativas¡±.

El Consejo tambi¨¦n ve ¡°dif¨ªcilmente compatible con la Constituci¨®n¡± el art¨ªculo 16 del anteproyecto, que faculta a las fuerzas de seguridad del Estado a requerir la identificaci¨®n de las personas cuando haya indicios de que han podido cometer una infracci¨®n o se sospeche que puedan cometerla, ante lo que establece la posibilidad de retenerlas si se niegan a identificarse o no es posible identificarlas en ese momento. En este supuesto, ¡°deber¨ªa indicarse la duraci¨®n m¨¢xima tanto de la retenci¨®n como de la medida de identificaci¨®n en la comisar¨ªa¡±.

El Consejo Fiscal, en un informe rubricado por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, tambi¨¦n estima que puede ser inconstitucional el registro de domicilios sin que medie el conocimiento de que se est¨¢ produciendo un delito flagrante; la retenci¨®n de ciudadanos para su identificaci¨®n; y la detenci¨®n de personas por haber cometido una infracci¨®n administrativa.

¡°El ministerio modificar¨¢ todos los art¨ªculos cuestionados para que no haya dudas de constitucionalidad y para eliminar los problemas detectados¡±, aseguran fuentes de Interior. Pero no solo eso, sino que el equipo ministerial introducir¨¢ por propia iniciativa otros cambios al proyecto legislativo, seg¨²n las mismas fuentes. Estas no han especificado cu¨¢les son los aspectos que ser¨¢n retocados, escud¨¢ndose en que todav¨ªa no est¨¢n acabados.

Los apartados m¨¢s controvertidos del proyecto legislativo hacen referencia a las sanciones previstas para quienes participen en manifestaciones callejeras que afecten a la seguridad ciudadana. Eso ha desatado un aluvi¨®n de cr¨ªticas de los partidos y los colectivos ciudadanos por entender que la verdadera intenci¨®n del Gobierno es acallar las protestas.