Los expertos desmontan los puntos clave del nuevo C¨®digo Penal

Los expertos que han comparecido en el Congreso en los dos ¨²ltimos meses han desmontado los puntos clave de la reforma del C¨®digo Penal aprobada por el Gobierno y que se tramita en el Parlamento. Especialmente la llamada prisi¨®n permanente revisable, cuestionada en distinto grado por todos los juristas que ya han acudido a la Comisi¨®n de Justicia de la C¨¢mara baja.

Las pegas generalizadas se extienden a otros pilares de la reforma, como las medidas de seguridad posteriores a la condena, los art¨ªculos referidos al orden p¨²blico y al delito de atentado a la autoridad y a la supresi¨®n de las faltas. Tambi¨¦n al criterio de oportunidad porque, seg¨²n han explicado varios de los expertos, Espa?a es ¡°uno de los pa¨ªses con la tasa de criminalidad m¨¢s baja de Europa y con las tasas de poblaci¨®n penitenciaria m¨¢s altas¡± y duplica ¡°la estancia media en prisi¨®n de Francia o de Italia y casi triplica la de Alemania¡±, como sostiene el catedr¨¢tico Jos¨¦ Luis D¨ªez Ripoll¨¦s.

Incluso, el magistrado Santiago Vidal i Marsal advirti¨® de que, en el futuro, este nuevo C¨®digo Penal podr¨ªa ser anulado porque el Gobierno ha omitido para una parte importante de la reforma la petici¨®n de informes al Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. El jurista invoc¨® dos sentencias del Constitucional y cuatro del Supremo para concluir que ¡°es un vicio de anulabilidad¡± que no se hayan pedido esos informes. Y concluy¨® con una sugerencia: ¡°Suspendan la tramitaci¨®n parlamentaria del presente proyecto y subsanen ese posible defecto de nulidad o de anulabilidad antes de que tenga que ser del Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional el que lo diga¡±.

Sobre la prisi¨®n permanente revisable, hay mayor¨ªa de rechazos de plano de quienes lo consideran ¡°inhumano¡± o inaplicable porque se ampl¨ªa a gran n¨²mero de delitos. Pero, incluso el ¨²nico jurista que defendi¨® esta figura, Javier G¨®mez Lanz, la critic¨® por considerar excesivos los plazos de revisi¨®n de la condena. Seg¨²n explic¨®, en otros pa¨ªses europeos esos plazos son de entre 15 y 20 a?os, mientras que en Espa?a ser¨¢n de entre 25 y 35, con notable indeterminaci¨®n en las condiciones exigidas para extinguir la condena. Le sigue en n¨²mero de cr¨ªticas la medida de libertad vigilada para quienes cumplen condena con una duraci¨®n m¨ªnima de tres a?os y m¨¢xima de cinco, pero con posibilidad de pr¨®rrogas sucesivas de cinco a?os de duraci¨®n. Seg¨²n el catedr¨¢tico de Derecho Penal Ignacio Mu?agorri Lagu¨ªa y la magistrada Feli¨² Morell, se establece una pena adicional que puede ser superior a la principal y, adem¨¢s, ilimitada en el tiempo, lo que supone ¡°un d¨¦ficit de legalidad constitucional¡±. Esas medidas de seguridad se establecieron en 2010 para delitos muy graves y ahora se extienden al 90%, lo que, adem¨¢s, desbordar¨ªa la capacidad del sistema penitenciario.

Jos¨¦ Luis D¨ªez Ripoll¨¦s alert¨® del coste de la reforma por el aumento de poblaci¨®n reclusa. El gasto por preso pasar¨¢ de 63 a 100 euros, uno de los m¨¢s altos de Europa.

Otro cap¨ªtulo cuestionado por los expertos es el relativo al orden p¨²blico, porque en el delito de des¨®rdenes, ya no ser¨¢ preciso acreditar el da?o efectivo, y adem¨¢s, se a?ade como agravante que este se produzca en una reuni¨®n o manifestaci¨®n. Tambi¨¦n se elevar¨¢n las condenas para amenazas a polic¨ªas en manifestaciones, y habr¨¢ penas de hasta seis a?os, por ejemplo, por decir ¡°hay que tomar el Congreso¡± y por alentar protestas ilegales en redes sociales, con posibilidad de prisi¨®n preventiva. Se castiga el atentado a la autoridad sin necesidad de que se pongan en peligro la vida o la integridad corporal, al desaparecer la circunstancia de da?o, solo con resistencia, y con agravante de entrada en un edificio p¨²blico. Fueron especialmente cr¨ªticos el magistrado Santiago Vidal y Mercedes Garc¨ªa Ar¨¢n, catedr¨¢tica de Derecho Penal, que concluy¨® que ¡°criminalizar estas nuevas formas pac¨ªficas o no violentas no suele solucionar el problema, normalmente, lo agrava, porque esa manifestaci¨®n molesta termina con el doble de detenidos en el juzgado de guardia, con mucha m¨¢s conflictividad social, porque ha habido muchas m¨¢s detenciones. Es decir, que generalmente no arregla el problema¡±. Cuestionan tambi¨¦n que se elimine el art¨ªculo que protege el ejercicio de los derechos c¨ªvicos, como huelga, reuni¨®n y manifestaci¨®n, y penaliza a quienes impidan su ejercicio.

Otro cap¨ªtulo cuestionado es el de la desaparici¨®n de las faltas, al convertir el 60% de ellas en delitos y el resto en sanciones administrativas sin control judicial. Tambi¨¦n que desaparezcan las faltas por imprudencia, como las de tr¨¢fico que pasan a la jurisdicci¨®n civil con pago de abogado, procurador, tasas y peritos. Seg¨²n el catedr¨¢tico Jos¨¦ Luis D¨ªez Ripoll¨¦s, ¡°hay muchas faltas que no se eliminan, simplemente se duplica o se triplica su pena al transformarlas en delitos leves o menos graves. Adem¨¢s, las que se despenalizan son las faltas que no se aplican; las que se aplican no se despenalizan¡±.