¡°?Que paren el desahucio!¡±

A Beatriz Sangu?a solo le calma la mirilla de su casa. Con pasos cortos y en silencio, cada vez que suena el timbre en la ma?ana del 11 de abril, esta madre de 52 a?os se acerca temerosa hasta la puerta y observa qui¨¦n aguarda al otro lado. Con el cerrojo y la cadenilla echados. "Es que no sabemos si nos van a dejar hoy en la calle", susurra mientras, unos metros a sus espaldas, sus cuatro hijos, su marido y sus dos nietas, de uno y tres a?os, anhelan el desenlace feliz de un "martirio" que empez¨® a principios de a?o, con el primer aviso de desahucio. A las ocho, la polic¨ªa irrumpe en el portal y la familia se estremece por la angustia del qu¨¦ ocurrir¨¢ ahora con ellos. Vienen a desalojarlos.

Los antidisturbios atraviesan el deteriorado umbral del edificio, con desconchones y un telefonillo inservible. Y dos plantas m¨¢s arriba, en el segundo, la madre tiembla ante la posibilidad de sumarse al largo listado de v¨ªctimas arrolladas por el drama de los desahucios en Espa?a: en 2013 se produjeron 82.860 ejecuciones hipotecarias, un 9,8% menos que el a?o anterior, seg¨²n el ¨²ltimo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta tragedia social la intent¨® solucionar el Gobierno de Rajoy con una reforma legislativa que cumplir¨¢ un a?o el pr¨®ximo 15 de mayo y que ha permitido aliviar ligeramente el problema. Desde su entrada en vigor, se han suspendido las ¨®rdenes de expulsi¨®n que pend¨ªan sobre m¨¢s de 8.000 familias, seg¨²n anunci¨® esta semana el ministro de Econom¨ªa, Luis de Guindos.

Cifras "insuficientes" para los partidos de la oposici¨®n. Estos califican de "parche" el cambio normativo. Al igual que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que calcula que "solo" un 10% de las personas que no pod¨ªan afrontar la cuota mensual han podido acogerse a la moratoria de dos a?os contemplada en el cambio de Ley del PP. Porque la reforma del Ejecutivo prev¨¦ la paralizaci¨®n inmediata del desahucio ¡ªhasta el 15 de mayo de 2015¡ª de aquellas personas en "especial riesgo de exclusi¨®n social". A este grupo pertenecen aquellos que cumplan dos tipos de condiciones exigidas por la ley. Unas de car¨¢cter social: como tener un menor de tres a?os o un discapacitado a cargo; o ser familia numerosa; o ser v¨ªctima de violencia machista. Y otras de car¨¢cter econ¨®mico: no tener ingresos superiores a tres veces el IPREM (es decir, unos 1.600 euros mensuales) y que su situaci¨®n econ¨®mica no haya sufrido una alteraci¨®n "significativa" en los cuatro a?os anteriores.

Unos requisitos que Joan Coscubiela, portavoz del Grupo de Izquierda Plural en la Comisi¨®n de Econom¨ªa del Congreso, considera "exigentes y excluyentes". "Estamos ante una normativa placebo", apostilla el diputado. "Es una ley que no cumple su funci¨®n porque no se pueden acoger a ella la mayor¨ªa de afectados", a?ade Lourdes Ciur¨®, parlamentaria de CiU. Y remacha Leire Iglesias (PSOE): "La nueva normativa ha podido mejorar algunos procesos, pero hasta ah¨ª". Visi¨®n que comparte la PAH: "Es tremendamente restrictiva y no sirve para mucho", aunque reconoce que "de algo ha valido".

Los ojos de Mario Chasi, el marido de Beatriz Sangu?a, se enrojecen: "Esto es denigrante", afirma con voz entrecortada.? Ataviado con un polo, vaqueros, zapatillas deportivas y con una discreta cadena dorada culminada por una cruz al cuello. Este mec¨¢nico en paro, de 54 a?os, rememora su llegada a Espa?a hace ya casi dos d¨¦cadas. Relata sentado en una banqueta roja del sal¨®n de su casa?c¨®mo aterrizaron en Madrid procedentes de Ecuador para construir una nueva vida. Era 1996. "Dos a?os despu¨¦s, ya nos hab¨ªamos tra¨ªdo a nuestros cuatro hijos". Todo iba viento en popa. ?l se dio de alta como aut¨®nomo y ganaba entre 1.000 y 1.200 euros al mes. Ella trabajaba como limpiadora. Y, coincidiendo con el pleno apogeo econ¨®mico del pa¨ªs, se decidieron a comprar una vivienda en el n¨²mero 57 de la calle del Camino de Valderrivas, junto al humilde barrio de Puente de Vallecas, en la capital. Se hipotecaron por 240.000 euros a 30 a?os y empezaron a afrontar a una cuota de 800 euros por una casa de tres dormitorios. Cantidad que, entonces, pod¨ªan abonar.

"Pero todo se jodi¨®", sentencia el padre, que fija 2010 como el a?o del inicio de la "pesadilla". La mensualidad empez¨® a subir hasta alcanzar los 1.700 euros. Engrosaron las listas del paro. Y en 2012 sucumbieron: no pod¨ªan con la hipoteca. De sus cuatro hijos -de entre 30 y 25 a?os-, solo uno ha encontrado empleo. Y con su sueldo de menos de 1.000 euros viven los ocho miembros de la familia. "A veces pedimos dinero por ah¨ª", confiesa Beatriz Sangu?a, que recuerda c¨®mo el pasado 12 de enero fue el primer intento de desahucio. El segundo, a finales de marzo. Y el tercero, el 11 de abril. El piso sali¨® a subasta, Bankia se lo vendi¨® por 140.000 euros -a "alguien que desconocemos"- y el nuevo propietario pidi¨® la orden de expulsi¨®n, se?ala Marcos, abogado de la PAH.

En 2013 se produjeron 82.860 ejecuciones hipotecarias

La plataforma los ha asesorado en el proceso y, adem¨¢s, se ha concentrado a las puertas de su edificio los d¨ªas fijados por la comisi¨®n judicial para sacarlos a la fuerza. La ¨²ltima vez, el pasado viernes. "La reforma de la Ley ha permitido a los jueces intervenir si existen cl¨¢usulas abusivas. Pero, si se trata solo de que no pueden pagar la cuota, solo nos podemos limitar a analizar si las familias cumplen los requisitos", apunta Manuel Almenar, magistrado de la Audiencia Provincial de Pontevedra y el exvocal del CGPJ que dirigi¨® un informe encargado por esta instituci¨®n donde se denunciaban los abusos del sistema legal de desahucios: "Deber¨ªan suavizarse las condiciones exigidas para pedir la moratoria, impulsar el alquiler social y regular el sobrendeudamiento. Al igual que existe el concurso de acreedores para sociedad, deber¨ªa haber una f¨®rmula parecida para los particulares".

De momento, el Gobierno no se plantea un avance en esa direcci¨®n. A pesar de que el problema ha vuelto a levantar expectaci¨®n social tras el desalojo en Sevilla de la corrala La Utop¨ªa, un edificio de Ibercaja ocupado por 22 familias; y despu¨¦s de que la di¨®cesis de Canarias dejase a otras seis al borde del desahucio al enajenar unos terrenos de Lanzarote donde les hab¨ªa permitido edificar en 1959. "Si el problema en Espa?a sigue, se estudiar¨¢ una pr¨®rroga de la suspensi¨®n de los desahucios para las personas en riesgo de exclusi¨®n social [que acaba el 15 de mayo de 2015, cuando se les volver¨¢ a poder echar de sus casas]", apunta Vicente Mart¨ªnez-Pujalte, portavoz del PP en la Comisi¨®n de Econom¨ªa, que califica de "positiva" la reforma legislativa del pasado a?o.

En casa de los Chasi Sangu?a ha sido dif¨ªcil conciliar el sue?o esta noche. Y, cuando la polic¨ªa irrumpe en el portal, la tensi¨®n se acrecienta. El "p¨¢nico" se apodera del padre, que sube hasta el piso de arriba del edificio y se sienta en las escaleras "a esperar lo que ocurra". "?Y si nos sacan, nos dar¨¢n tiempo de empacar nuestras cosas?", se pregunta su esposa. Los minutos pasan. Desde la calle llegan los gritos de apoyo de una veintena de concentrados: "?Que paren el desahucio!". Y poco antes de las nueve, la familia recibe una llamada del banco. "?No nos echan. Nos van a dar un alquiler social!", grita Giovanni, el hijo mayor, a los congregados. "Aunque no s¨¦ si nos van a quitar la deuda o nos vamos a quedar con ella para toda la vida".