Aforados, la excepci¨®n espa?ola

Espa?a mima en qu¨¦ banquillo se sientan sus cargos p¨²blicos. Mientras que cualquier diputado auton¨®mico espa?ol solo puede ser juzgado por el Supremo o el Tribunal Superior de su comunidad, en Estados Unidos y el resto de Europa se vigila mucho que todos los ciudadanos se sientan iguales ante la ley. Esa es la raz¨®n de que Berlusconi ya conozca la mitad de tribunales ordinarios de Italia, o que el expresidente alem¨¢n Christian Wulff probase en 2012 el duro banquillo de un tribunal de Hannover por un cohecho impropio de 720 euros.

En Alemania, Reino Unido o Estados Unidos no tienen aforados que gocen del derecho a ser juzgados por un tribunal distinto al que corresponde a un ciudadano de a pie. En Portugal e Italia solo se le consiente al presidente de la Rep¨²blica; y en Francia, al presidente, primer ministro y su Gobierno. En el otro extremo, en Espa?a 10.000 personas se acogen a este privilegio que el Ministerio de Justicia pretende ampliar a los Pr¨ªncipes de Asturias y a la Reina Sof¨ªa. Del total de aforados, 2.300 son pol¨ªticos, y la mitad de ellos, diputados auton¨®micos.

La finalidad te¨®rica del aforamiento es doble. Por un lado, que la labor de los altos cargos no sea lastrada por maniobras espurias; por otro, que los tribunales ordinarios no sufran presiones al juzgar a poderosos. La Constituci¨®n prev¨¦ que la figura proteja al presidente del Gobierno, ministros, diputados y senadores. Pero la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial ampli¨® la categor¨ªa a los jueces y fiscales, a los magistrados del Tribunal Constitucional y del de Cuentas, vocales del Consejo General del Poder Judicial, miembros del Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo y sus dos adjuntos. Y finalmente llegaron los Estatutos de autonom¨ªa para disparar la cifra con la inclusi¨®n de los miembros de los Gobiernos y Parlamentos aut¨®nomos y sus defensores del pueblo.

¡°Cuando salimos al exterior y contamos esto, sorprende¡±, explica I?aki Esparza, catedr¨¢tico de la Universidad del Pa¨ªs Vasco y, junto a Juan Luis G¨®mez Colomer, autor de la obra cumbre en la materia, el Tratado jurisprudencial de aforamientos procesales. ¡°La figura responde al contexto en que se dise?¨®¡±, explica: un pa¨ªs en que pol¨ªticos y jueces estaban en transici¨®n hacia h¨¢bitos democr¨¢ticos, y derechos como la libertad de expresi¨®n requer¨ªan protecci¨®n. ¡°El problema es que se fue ampliando una figura que, a ojos de hoy, parece una incorrecta comprensi¨®n de lo que debe ser la inmunidad. Luego el Estado de las autonom¨ªas lo multiplic¨® por 17, y en el siglo XXI la foto final no es presentable¡±.

Aforamiento e inmunidad no son lo mismo. La inmunidad parlamentaria es una figura relativamente universal, aunque en los pa¨ªses anglosajones no exista. La figura se inspira en la Revoluci¨®n Francesa y ha calado en la Europa continental con diferentes formulaciones. En Espa?a los parlamentarios solo pueden ser detenidos en ¡°flagrante delito¡± y para procesarlos debe autorizarlo la c¨¢mara respectiva. Sin embargo, ya en 1992 el Tribunal Constitucional fij¨® que este permiso sea pr¨¢cticamente autom¨¢tico.

Seg¨²n pa¨ªses, la situaci¨®n var¨ªa notablemente. En Francia existe la inmunidad parlamentaria para diputados, senadores y eurodiputados (999 en total) pero, una vez que la revoca la mesa de sus c¨¢maras, se los juzga en tribunales ordinarios. En los raros casos en los que la protecci¨®n no se ha levantado, se han visto pol¨¦micas como la de este a?o con el senador Serge Dassault, investigado por compra de votos cuando era alcalde de Corbeil-Essone. Al final fue ¨¦l quien pidi¨® que le levantaran la inmunidad para evitar mayores apuros.

Los 21 miembros del Gobierno franc¨¦s son, ellos s¨ª, aforados. Solo podr¨ªan ser juzgados por un tribunal especial ¡ªla Corte de Justicia Republicana¡ª si sus casos tuvieran que ver con la pol¨ªtica. Si, por ejemplo, cometiesen un asesinato, comparecer¨ªan ante un juez ordinario.

En Italia a los pol¨ªticos se les juzga sin restricciones pero, para aplicarles prisi¨®n preventiva, hay que pedir un permiso a las c¨¢maras que estas deniegan sistem¨¢ticamente, generando la pol¨¦mica comprensible. En el caso de Silvio Berlusconi, una vez expulsado del Senado por su condena en firme en el caso Mediaset, su situaci¨®n se ha agravado porque, sin inmunidad, son muchas las espadas judiciales que penden sobre ¨¦l. A pesar de estas trabas, Il Cavaliere, con 38 casos a sus espaldas, siempre ha sido juzgado por tribunales ordinarios (Mil¨¢n, Bari¡­). Solo se libra de esta regla el presidente, Giorgio Napolitano, ¨²nico aforado de Italia.

En Alemania son mucho m¨¢s restrictivos. No existe ning¨²n aforamiento, y solo son inmunes el presidente y miembros del parlamento (no la canciller, Angela Merkel), y el proceso para levantarles el privilegio es autom¨¢tico. El jefe de Estado es inmune pero no inviolable, como lo son Juan Carlos I, Isabel II en Reino Unido, o el presidente franc¨¦s (hasta que deja el cargo: por eso Jacques Chirac en 2011 fue condenado por corrupci¨®n). Para un pol¨ªtico alem¨¢n recibir una petici¨®n de retirada de inmunidad es un deshonor. El expresidente Christian Wulff dimiti¨® cuando le lleg¨® en 2012 una de la Fiscal¨ªa de Hannover por supuestos sobornos de un empleado cinematogr¨¢fico.

Manuel Cancio, catedr¨¢tico de Derecho Penal y conocedor del derecho alem¨¢n, explica la distancia entre este sistema y el espa?ol: ¡°Esta inmunidad para proteger la representaci¨®n ciudadana no tiene nada que ver con el aforamiento que existe en Espa?a y que no tiene ninguna justificaci¨®n, a mi juicio. Que un cargo p¨²blico est¨¦ aforado implica la suposici¨®n de que un tribunal superior ser¨¢ mejor o m¨¢s justo que otro. Pero en realidad esta regla especial solo se puede comprender como un intento de proteger a ciertos cargos haciendo que los juzguen tribunales m¨¢s cercanos el poder ejecutivo, ya que cualquier tribunal ¡ªel que resulte competente conforme a las reglas generales¡ª es en s¨ª mismo expresi¨®n indivisible del poder judicial¡±.

Para terminar con los vecinos, en Portugal existe inmunidad parlamentaria, pero solo gozan de la prerrogativa de ser juzgados por el Tribunal Supremo el presidente de la Rep¨²blica, el primer ministro y el presidente de la asamblea. Al otro lado del Atl¨¢ntico, en EE UU, en l¨ªnea con la idea brit¨¢nica de igualdad legal, jueces y pol¨ªticos ¡ªhasta el presidente¡ª se sujetan al tribunal que corresponda al delito que haya cometido. El impeachment, al que fue sometido Bill Clinton ante la sospecha de perjurio en el esc¨¢ndalo de Monica Lewinsky, no fue un procedimiento judicial sino pol¨ªtico. De haber cometido delito, el presidente ser¨ªa juzgado en un tribunal normal, pero eso nunca ha ocurrido porque Nixon dimiti¨®, y el caso de Clinton qued¨® en nada.

En Espa?a la proliferaci¨®n de aforados hace tiempo que causa inquietud en c¨ªrculos judiciales. ¡°No entendemos adecuado que los aforamientos hayan alcanzado la extensi¨®n que han logrado¡±, explica el portavoz de los 47 decanos espa?oles y juez decano de Palma, Francisco Mart¨ªnez Espinosa: ¡°Crea suspicacia entre los ciudadanos¡±. Adem¨¢s de por las sospechas que genera la figura, a los jueces no les gustan las diferencias entre supuestos tribunales VIP y de segunda; tampoco disfunciones como que jueces del Supremo que llevan 30 a?os sin instruir un caso se vean de pronto ante la necesidad de juzgar desde una infracci¨®n grave de tr¨¢fico a complejas tramas de corrupci¨®n. Sin embargo, el asunto no hab¨ªa levantado mayor atenci¨®n ciudadana hasta que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallard¨®n, anunci¨® que piensa ampliar la categor¨ªa de aforados a la Reina y el Pr¨ªncipe Felipe.

Esta declaraci¨®n coincide con otro episodio que ha puesto de relieve las tensiones que genera el sistema. El lunes pasado dos guardias civiles visitaron el Congreso de los Diputados con un mensaje de la juez Mercedes Alaya para tres aforados, los expresidentes andaluces Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y el exconsejero Jos¨¦ Antonio Viera. El mensaje no se pudo entregar porque Alaya, responsable del caso de los ERE, no es competente para imputar a diputados y est¨¢ obligada a elevar una exposici¨®n razonada de indicios penales ante el Tribunal Supremo. El movimiento de la juez se ha le¨ªdo como un desaf¨ªo, entre otras cosas porque su instrucci¨®n del caso se ve muy condicionada por esta figura. Si no quiere tener que desgajar la investigaci¨®n y remitir a tribunales superiores la parte que corresponde a los aforados, no puede concretar acusaciones contra los implicados en el caso que tengan esta condici¨®n.

Esta barrera ya ha lastrado infinidad de investigaciones. Por poner un ejemplo entre cientos, en el caso G¨¹rtel el juez Baltasar Garz¨®n se inhibi¨® de parte del sumario en favor del Supremo al topar con el entonces senador Luis B¨¢rcenas, o frente al Tribunal Superior de Valencia ante los indicios de responsabilidad del expresidente auton¨®mico Francisco Camps y el diputado Ricardo Costa.

Y la lista de problemas contin¨²a: los aforamientos generan pol¨¦micas entre tribunales que se env¨ªan y devuelven piezas seg¨²n los cargos de los implicados. Y, cuando en un caso conviven aforados y personas que no lo son, los no aforados suelen acabar tambi¨¦n en el tribunal especial.

En la actualidad hay 28 aforados imputados en tribunales superiores de justicia auton¨®micos. Pero esta legislatura, solo en Valencia, han sido 13.

Una llamada al Supremo para saber qu¨¦ casos manejan con aforados sirve para recordar que muchas veces las figuras p¨²blicas se enfrentan a procesos que dif¨ªcilmente les habr¨ªan afectado de no ser personajes conocidos. ¡°Aqu¨ª llegan much¨ªsimas querellas, de Rajoy para abajo¡±, explica un portavoz: ¡°Algunas a mano y por argumentos muy curiosos¡±. Una Secretar¨ªa de causas especiales en la Sala de lo Penal lidia ahora con procesos muy variados que implican a jueces y pol¨ªticos. Algunos son querellas y casos comunes impropios de un tribunal superior; otros tienen mayor calado: desde la imputaci¨®n de Joaqu¨ªn Ortiz Blasco ¡ªexmagistrado del Tribunal Superior de Catalu?a¡ª por la adjudicaci¨®n de las ITV en Catalu?a, al proceso contra el senador Miguel Zerolo (Coalici¨®n Canaria), por presunta prevaricaci¨®n.

Otro debate es si supone un beneficio neto para los aforados acudir a un tribunal superior, sabiendo que pierden el derecho a una segunda instancia. No existen pruebas de que se registren m¨¢s absoluciones en estos casos. S¨ª que se resuelven antes. ¡°Un caso como el del exministro de Fomento Jos¨¦ Blanco [absuelto de tr¨¢fico de influencias] probablemente no habr¨ªa podido ir tan r¨¢pido en un tribunal com¨²n¡±, considera I?aki Esparza. Evitarse los atascos judiciales que padece el com¨²n de los mortales quiz¨¢ no se pueda considerar una ventaja menor.

Con informaciones de L. Doncel, A. Jim¨¦nez Barca, W. Oppenheimer, P. Ordaz, E. S¨¢iz y A. Teruel