El PP ha perdonado a siete corruptos en dos a?os

Alberto Ruiz-Gallard¨®n manifest¨® el pasado 13 de marzo que, mientras ¨¦l sea ministro de Justicia, no dar¨¢ ning¨²n indulto a corruptos. Los datos le desment¨ªan, puesto que el Consejo de Ministros perdon¨® durante 2012 y 2013 a siete personas condenadas por ¡°delitos contra la administraci¨®n¡±. Gallard¨®n se vio obligado al d¨ªa siguiente a precisar que se refer¨ªa a pol¨ªticos que se meten dinero p¨²blico en el bolsillo.

El Gobierno del PP concedi¨® 501 indultos en 2012 y 190 en 2013. Siete de ellos afectaron a funcionarios o cargos p¨²blicos condenados por corrupci¨®n. Entre ellos, est¨¢ el caso de Josep Maria Servitje, de Uni¨° Democr¨¤tica y ex n¨²mero dos de Trabajo en la Generalitat de Catalu?a. Fue indultado en marzo de 2012 y evit¨® as¨ª cumplir cuatro a?os y medio de prisi¨®n por prevaricaci¨®n y malversaci¨®n. La condena fue por pagar a un empresario af¨ªn a su partido 46.158 euros por informes sin valor alguno.

Otros indultados, en 2012, han sido el exalcalde malague?o de Abdalaj¨ªs (PP) Tom¨¢s G¨®mez Arrabal, y otros tres ediles de ese partido. Todos ellos condenados por prevaricaci¨®n urban¨ªstica: dieron licencias de obra ilegales (sin proyecto arquitect¨®nico) a locales comerciales. El pasado septiembre, el Gobierno indult¨® de una pena de tres a?os de c¨¢rcel por malversaci¨®n de bienes p¨²blicos a una funcionaria y miembro de la direcci¨®n del PSOE en un barrio de Sevilla. Tambi¨¦n se le conmut¨® la pena a una funcionaria del Ayuntamiento de Alicante que despach¨® un informe de servicios sociales a una persona con la que ten¨ªa una relaci¨®n.

Y en mayo de 2012, se le dio un indulto parcial a Constancio Alvarado, exsecretario de la subdelegaci¨®n del Gobierno en C¨¢ceres, condenado por vender permisos falsos a inmigrantes. El Gobierno le dej¨® la pena en dos a?os para que no ingresara en prisi¨®n.

Existe la err¨¢tica creencia de que los condenados a dos o menos a?os no van a la c¨¢rcel si carecen de antecedentes penales y no vuelven a delinquir durante el periodo que fije el juez. Y suele ser as¨ª, pero no siempre. El art¨ªculo 80 del C¨®digo Penal deja esa decisi¨®n en manos del tribunal sentenciador. ¡°Los jueces o tribunales podr¨¢n¡±, dice el precepto, ¡°dejar en suspenso la ejecuci¨®n de las penas privativas de libertad inferiores a dos a?os mediante resoluci¨®n motivada, atendiendo fundamentalmente a la peligrosidad criminal del sujeto¡±. Es decir, ¡°podr¨¢n¡±. En el caso del empresario andorrano Fidel Pallarols y el exsecretario de Organizaci¨®n de Uni¨® Democr¨¤tica de Catalunya (UDC) Vicen? Gavald¨¤, ambos condenados a siete meses de c¨¢rcel por desv¨ªo de fondos p¨²blicos, la Audiencia de Barcelona, tras conocer que el Gobierno les ha denegado el indulto, ha optado por no aplicarles la remisi¨®n condicional de la pena y ha ordenado que ingresen en prisi¨®n.

Hay muchos casos en que, aun cumpliendo los reos los requisitos para que se les suspenda la ejecuci¨®n de la pena, el tribunal se inclina por su cumplimiento. El caso del abogado Emilio Rodr¨ªguez Men¨¦ndez, condenado a dos a?os por el v¨ªdeo sexual de Pedro J. Ram¨ªrez, exdirector de El Mundo, es uno de ellos.