Bajo la lupa de la justicia

La decisi¨®n de publicar el 31 de enero de 2013 la fotocopia de la contabilidad manuscrita o contabilidad B que han llevado Luis B¨¢rcenas y ?lvaro Lapuerta durante alrededor de veinte a?os ha supuesto para el periodismo tambi¨¦n una batalla legal de casi quince meses por la defensa del derecho a la libertad de expresi¨®n, por la defensa del derecho de los ciudadanos a conocer los secretos del poder, en este caso de un partido pol¨ªtico. Una batalla legal que, hasta el momento, pierden aquellos que han presumido de defender su honor atacando el de EL PA?S.

La ¨²ltima sentencia conocida hasta el momento sobre una demanda civil de protecci¨®n del honor presentada por el ex presidente Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar contra la periodista Mar¨ªa Fern¨¢ndez y el director del diario Javier Moreno se remonta a esta misma semana, el 21 de abril, y desestima con imposici¨®n de costas las pretensiones del demandante.

El Partido Popular, consultado con antelaci¨®n a la publicaci¨®n de los papeles de B¨¢rcenas, exhibi¨® desde los mismos albores su estrategia: el estado de negaci¨®n.

Una vez publicados los papeles de B¨¢rcenas, esa estrategia se tradujo primero en el anuncio de querellas. Aunque EL PA?S fue el diario que public¨® la contabilidad manuscrita, el PP no dirigi¨® los ataques legales contra otros medios de comunicaci¨®n, como El Mundo, peri¨®dico que inform¨® d¨ªas antes, sin aportar pruebas documentales, noticias sobre los llamados sobresueldos en negro de la mayor parte de la c¨²pula del Partido Popular.

Finalmente, el PP opt¨® por abandonar la idea de presentar querellas criminales y encarar demandas civiles de protecci¨®n del honor.

Pero la opci¨®n del terreno civil en lugar del ¨¢mbito penal no ha disminu¨ªdo la importancia de la batalla. En el centro, la libertad de expresi¨®n, el derecho de los ciudadanos a saber, el cumplimiento de los requisitos de diligencia profesional exigidos por la Constituci¨®n a un medio de comunicaci¨®n.

Esa batalla se desarrolla, hasta ahora, a lo largo de diez demandas civiles.

Aznar ser¨¢ el primero en presentar una demanda, el 1 de febrero de 2013, a ra¨ªz de una informaci¨®n anterior a la publicaci¨®n de los papeles de B¨¢rcenas. Esta demanda est¨¢ pendiente de sentencia.

La secretaria general del PP y presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, Mar¨ªa Dolores de Cospedal, le sigue dos semanas m¨¢s tarde, con una demanda el 14 de febrero contra EL PA?S y contra Luis B¨¢rcenas. Llega el 6 de marzo el turno al PP en uni¨®n a los antiguos secretarios generales Javier Arenas y ?ngel Acebes, y los dirigentes Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja. Todos figuran en la contabilidad manuscrita de B¨¢rcenas y Lapuerta como beneficiarios de los llamados sobresueldos. Demandan al peri¨®dico y al autor de los "falsos papeles".

El periodista Federico Jim¨¦nez Losantos y la empresa Libertad Digital demandan, a su vez, a EL PA?S por las anotaciones sobre pagos del PP (compra de acciones en 2004) y exigen una indemnizaci¨®n de 1 mill¨®n de euros.

La alcaldesa de C¨¢diz, Te¨®fila Mart¨ªnez, demanda a EL PA?S por la referencia a pagos que figuran en los papeles de B¨¢rcenas.

La declaraci¨®n de Luis B¨¢rcenas ante el juez Pablo Ruz, el 15 de julio de 2013, supone un antes y un despu¨¦s en la estrategia legal del PP. El ex tesorero asume la autor¨ªa de los papeles publicados el 31 de enero por EL PA?S, y confirma, uno por uno, los pagos que figuran en ellos.

Te¨®fila Mart¨ªnez ser¨¢ una de las primeras en retirarse de la batalla contra ¨¦ste peri¨®dico. A finales de julio de 2013 desiste de su demanda. 

 El 20 de septiembre de 2013, tanto Jim¨¦nez Losantos como Libertad Digital retiran su demanda millonaria.

 Antes de comenzar el juicio en Toledo, en octubre de 2013, la secretaria general retira la demanda contra ¨¦ste peri¨®dico; poco despu¨¦s, dan marcha atr¨¢s el PP y los dirigentes que se hab¨ªan adherido a la acci¨®n.

El ex presidente de la empresa constructora Sacyr, Luis del Rivero, presenta a su vez demanda civil, que es desestimada.

Lo mismo ocurrir¨¢ con Alejandro Agag, yerno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, en relaci¨®n a las d¨¢divas de la trama de Francisco Correa (caso G¨¹rtel).

Pierde tambi¨¦n su demanda el arquitecto Gonzalo Urquijo, imputado por el pago en negro de las obras de remodelaci¨®n de la sede nacional del PP, en la madrile?a calle de G¨¦nova. Desistir¨¢, a su vez, de una segunda presentada a ra¨ªz de las informaciones publicadas.

De las demandas presentadas por Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar se acaba de desestimar la segunda de ellas sobre una informaci¨®n relacionada con los gastos de representaci¨®n que el entonces presidente del Gobierno percibi¨®. Se refiere a la noticia seg¨²n la cual Aznar cobr¨® dinero en concepto de gastos de representaci¨®n siendo ya presidente del Gobierno, en mayo de 1996.

La sentencia del juez Enrique Presa Cuesta, titular del juzgado de primera instancia de Pozuelo de Alarc¨®n, Madrid, apunta, al desestimar la demanda y aplicar costas, que "resulta un tanto artificiosa la discusi¨®n planteada sobre si las tres percepciones que el actor [Aznar] percibi¨® tras la toma de posesi¨®n como Presidente son gastos de representaci¨®n o sobresueldos, pues en todo caso no se ha negado por la parte actora [defensa de Aznar] que se trata de percepciones que se sumaban a las que ya percib¨ªa antes de ser Presidente, lo que encaja m¨¢s con la idea de sobresueldo..." (fundamento de derecho quinto).

Queda pendiente una segunda demanda de Aznar, la primera por orden de presentaci¨®n, en relaci¨®n con el pago de sobresueldos o complementos en el PP.

Los juicios civiles, pues, han supuesto todo un test para el ejercicio del derecho a la libertad de expresi¨®n en uno de los casos de corrupci¨®n que siguen en la primera p¨¢gina de los medios de comunicaci¨®n. Las demandas civiles han formado parte de una estrategia pol¨ªtica dirigida a desprestigiar a un peri¨®dico y a limitar el ejercicio del derecho a la libertad de expresi¨®n.

El fracaso de dicho plan no ha podido ser m¨¢s espectacular.