Una normativa complicada que los jueces no interpretan como el Gobierno
La presencia de un espa?ol o de un delito en Espa?a delimitan el objeto de la norma
La reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial que limita la competencia de los magistrados espa?oles para entender de delitos cometidos fuera del territorio nacional, en especial cr¨ªmenes de lesa humanidad, reviste una gran complejidad. La redacci¨®n anterior, vigente desde 2009, cuando la reform¨® el Gobierno socialista de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, tambi¨¦n para limitar la justicia universal, ocupaba apenas cuatro p¨¢rrafos. En esencia, establec¨ªa que los jueces espa?oles eran competentes para conocer de hechos cometidos ¡°por espa?oles y extranjeros¡± fuera del territorio nacional. Y citaba una lista en la que se encontraba el ¡°tr¨¢fico ilegal de drogas psicotr¨®picas, t¨®xicas y estupefacientes¡±.
La condici¨®n que pon¨ªa la anterior ley para otorgar la competencia a los tribunales espa?oles era que existiera un ¡°v¨ªnculo de conexi¨®n relevante con Espa?a¡±.
Tras la reforma, los cuatro p¨¢rrafos se convirtieron en casi cuatro folios en los que a cada delito se le imponen una serie de restricciones para la competencia. En el caso del tr¨¢fico de drogas, para que los jueces espa?oles puedan investigar, el procedimiento debe dirigirse contra un espa?ol ¡ªse exclu¨ªa a los ciudadanos extranjeros¡ª y el delito debe ser cometido por una ¡°organizaci¨®n criminal con miras a su comisi¨®n en territorio espa?ol¡±.
El Ministerio del Interior forz¨® durante la tramitaci¨®n parlamentaria la inclusi¨®n de un art¨ªculo, una especie de caj¨®n de sastre, para poder perseguir una serie de delitos, entre ellos el narcotr¨¢fico, ¡°que se cometan en los espacios marinos en los supuestos previstos en los tratados ratificados por Espa?a ¡±. Este art¨ªculo no distingue entre aguas territoriales o internacionales. Sin embargo, la posici¨®n mayoritaria entre los jueces de la Audiencia Nacional es que los tratados firmados por Espa?a en materia de narcotr¨¢fico no obligan al Estado a actuar sino que solo lo facultan para hacerlo y la nueva ¡ªy complicada¡ª ley espa?ola acaba con esta jurisdicci¨®n.
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