El Gobierno exige a la Audiencia que aplique el fin de la justicia universal
El Gobierno responsabiliza al Congreso de las excarcelaciones de narcos El PP aprob¨® en solitario la ley pero el Ejecutivo dice que no puede hacer nada Asegura que los casos de los 'narcobarcos' no quedar¨¢n impunes
El pulso entre el Gobierno y los magistrados m¨¢s relevantes de la Audiencia Nacional sigue creciendo. Despu¨¦s de que cinco de los seis jueces centrales de instrucci¨®n criticaran con dureza la reforma de la justicia universal, que ha provocado ya la excarcelaci¨®n de 43 narcos, el Ejecutivo contest¨® de forma tajante conminando a los magistrados a aplicar esta norma y record¨¢ndoles que si tienen alguna duda deben recurrir al Tribunal Constitucional.
¡°En un sistema como el nuestro de divisi¨®n de poderes, el Parlamento aprueba las leyes y el Gobierno tiene la obligaci¨®n de cumplirlas y hacerlas cumplir, y los jueces de aplicarlas¡±, asegur¨® con firmeza este viernes la vicepresidenta Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa. ¡°Los procedimientos para el caso de que se estime que una ley es contraria a la Constituci¨®n est¨¢n ah¨ª. Debemos respetar las decisiones que adoptan otros, este es un asunto entre el poder legislativo y el judicial. Nadie puede considerarse al margen de la divisi¨®n de poderes¡±, asegur¨® la vicepresidenta. Y lo hizo despu¨¦s de que los jueces acusaran al legislador de haberse saltado esa divisi¨®n de poderes al ordenar, como se?ala la ley, que se archiven los casos.
Santamar¨ªa record¨® a los jueces que si nos les gusta la ley, deben seguir el procedimiento y recurrirla
El Gobierno, seg¨²n fuentes del Ejecutivo y parlamentarias, no tiene de momento intenciones de hacer ning¨²n cambio en la norma para frenar la sangr¨ªa de excarcelaciones. Alegan el convencimiento de que la ley est¨¢ redactada correctamente y puede ser interpretada de otra manera por los jueces, pese a que 13 de los 16 magistrados de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que se han pronunciado opinen que otra interpretaci¨®n no es posible.
Adem¨¢s, en los c¨ªrculos del PP se ha extendido la idea de que se est¨¢ produciendo un pulso entre los jueces y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n. Los magistrados, seg¨²n esta versi¨®n instalada en el PP, est¨¢n molestos no solo por esta reforma, sino por otras como la que marca que todas las instrucciones de la Audiencia Nacional deber¨¢n ser colegiadas, instruidas por tres jueces y no uno como hasta ahora.
En cualquier caso, no est¨¢ encima de la mesa, ni en el Ejecutivo ni en el grupo parlamentario del PP, una modificaci¨®n legislativa. A¨²n as¨ª, el asunto va a seguir tomando peso pol¨ªtico y la semana que viene el PSOE apostar¨¢ por ¨¦l con sendas preguntas de la oposici¨®n a la vicepresidenta y al ministro de Justicia, que tiene mucha presi¨®n para buscar una soluci¨®n.
P¨²blicamente, el Gobierno no admite ning¨²n fallo en la reforma que ha provocado ya la excarcelaci¨®n de esos 43 narcos implicados en causas de droga aprehendida en barcos en aguas internacionales. Preguntada en dos ocasiones sobre la cuesti¨®n y sobre las acusaciones de los jueces de la Audiencia Nacional, la vicepresidenta traslad¨® toda la responsabilidad al Parlamento: ¡°Este Gobierno, como poder ejecutivo, tiene que respetar las leyes que decide el poder legislativo, en este caso las C¨¢maras¡±.
Efectivamente, fue el Parlamento el que aprob¨® esta reforma. Pero lo hizo con los ¨²nicos votos del PP y por el procedimiento de urgencia, sin contar con los informes del Poder Judicial y del Consejo Fiscal que conlleva un tr¨¢mite normal. No particip¨® nadie m¨¢s que el PP que, en este tipo de casos, sigue las ¨®rdenes del Gobierno. La reforma se promovi¨®, seg¨²n admiten fuentes del Ejecutivo, para resolver un problema con el Gobierno chino, que amenazaba con bloquear acciones econ¨®micas ¡ªChina es una de las grandes apuestas inversoras para salir de la crisis¡ª si no se frenaba el proceso contra la anterior c¨²pula por presunto genocidio en el T¨ªbet. Distintos ministerios, en especial Exteriores y Justicia, estuvieron detr¨¢s de esta reforma, pero el Gobierno elude ahora cualquier responsabilidad.
Santamar¨ªa explic¨® la norma y los problemas: ¡°El objetivo fue que los delitos de persecuci¨®n universal quedaran vinculados a que la v¨ªctima fuera espa?ola, o el culpable espa?ol. O, en el caso del narcotr¨¢fico, que el destino del cargamento fuera Espa?a. Las dificultades se plantean en juicios con barcos capturados en aguas internacionales y sin bandera ni tripulaci¨®n espa?olas¡±. ¡°Eso no quiere decir que estos delitos tengan por qu¨¦ quedar impunes. Las autoridades espa?olas pueden denunciarlo ante la autoridad del pa¨ªs competente¡±, a?adi¨®. Esto es, que los excarcelados deber¨ªan ser juzgados en sus pa¨ªses de origen.
Santamar¨ªa record¨® que el Gobierno del PSOE ya reform¨® la justicia universal en 2009, entonces por otro conflicto diplom¨¢tico, para dar satisfacci¨®n al Gobierno de Israel. ¡°No es la ¨²nica reforma de la justicia universal. A lo largo de distintas legislaturas el principio de justicia universal ha generado problemas en su aplicaci¨®n¡±, manifest¨® la vicepresidenta.
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