La ponente del CGPJ pide que se pueda abortar si el feto es inviable
El informe de la vocal conservadora ser¨¢ debatido en pleno la semana pr¨®xima
El informe sobre la ley del aborto encargado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la vocal Carmen Llombart ¡ªelegida a propuesta del PP¡ª recomienda incluir como supuesto legal de aborto la anomal¨ªa fetal incompatible con la vida. Es decir, que una mujer embarazada de un feto inviable pueda abortar sin tener que acreditar que eso le genera un da?o psicol¨®gico. En la redacci¨®n actual del anteproyecto de ley, elaborado por el Ministerio de Justicia, solo hay dos supuestos legales de aborto: violaci¨®n o ¡°grave peligro para la vida o la salud f¨ªsica o ps¨ªquica de la mujer¡±. La vocal Llombart propone a?adir otro: el de anomal¨ªa fetal, aunque solo si esta es ¡°incompatible con la vida¡±.
Si el Gobierno asume estrictamente su recomendaci¨®n, permitir¨ªa el aborto en esos casos de fetos inviables, pero no en aquellos otros de malformaciones grav¨ªsimas o enfermedades incurables que no llegan a ser incompatibles con la vida. En esos casos, solo permitir¨ªa el aborto ¡ªcomo est¨¢ previsto en el anteproyecto¡ª si la mujer acredita con dos informes psiqui¨¢tricos que proseguir con el embarazo supone un grave peligro para su salud ps¨ªquica.
El pleno del CGPJ se reunir¨¢ la semana pr¨®xima, previsiblemente el mi¨¦rcoles 4 de junio, para debatir este informe y otro sobre la misma ley elaborado por la vocal Pilar Sep¨²lveda, elegida a propuesta del PSOE, que ped¨ªa directamente la retirada del anteproyecto y defend¨ªa la vigente ley de plazos. El informe definitivo, que no es vinculante, ser¨¢ entonces elevado al Gobierno.
El pleno del Consejo del Poder Judicial se compone de 21 miembros (20 vocales y el presidente). De esos 21 miembros, 10 fueron elegidos a propuesta del PP, ocho del PSOE, uno de CiU y uno de PNV. El presidente, adem¨¢s, es elegido por el Gobierno y votado por los vocales. La votaci¨®n del informe de la vocal conservadora podr¨ªa contar con la mayor¨ªa absoluta de los votos, los 10 miembros elegidos a propuesta del PP m¨¢s el presidente, aunque distintas fuentes del Consejo advierten de que, al tratarse un tema tan complejo y de un contenido ideol¨®gico y moral tan fuerte, esa traslaci¨®n autom¨¢tica de votos es imposible de hacer a priori. Si un solo miembro del grupo conservador se pasa a las tesis del grupo progresista, la mayor¨ªa cambia de signo. O al contrario.
La vocal Llombart se?ala en su informe que, cuando la anomal¨ªa fetal es incompatible con la vida, ¡°no existe contraposici¨®n de intereses entre los derechos de la embarazada y la protecci¨®n del concebido¡±, dado que este es inviable. ¡°El concebido en estas condiciones no podr¨ªa ostentar la condici¨®n de nasciturus y, en consecuencia, beneficiarse de la protecci¨®n constitucional que la vida de estos merece¡±, afirma. Por eso, ¡°esta indicaci¨®n deber¨ªa desligarse de que se produzca la afectaci¨®n a la salud ps¨ªquica de la mujer¡±. Es decir, el aborto en ese caso ¡ªseg¨²n defiende la vocal¡ª deber¨ªa ser legal directamente, sin necesidad de que la mujer alegue otro motivo: que el embarazo le causa a ella un da?o psicol¨®gico.
El informe propone tambi¨¦n otras dos modificaciones del anteproyecto de ley del ministro Alberto Ruiz-Gallard¨®n. Primero, considera innecesario que los dos m¨¦dicos que deben acreditar el supuesto legal de aborto trabajen en un hospital o cl¨ªnica distintos del que luego va a practicar la interrupci¨®n del embarazo. Esa, dice, es una ¡°exigencia desproporcionada¡±. Adem¨¢s, avala que se extienda el derecho a la objeci¨®n de conciencia a todos los profesionales sanitarios que se vean implicados en un aborto, pero con una condici¨®n: garantizar al mismo tiempo ¡°que los establecimientos y centros, p¨²blicos y privados, autorizados para la pr¨¢ctica de la interrupci¨®n voluntaria del embarazo dispongan de personal sanitario y facultativos cualificados al efecto¡±. Es decir, que en todos los centros haya profesionales que no ejercen la objeci¨®n de conciencia y por tanto puedan en todo momento practicar un aborto legal.
El informe termina lamentando que la futura ley no incluya medidas de ayuda a la maternidad. ¡°Se echa en falta que el anteproyecto no contenga una pol¨ªtica general, integral, de protecci¨®n de la maternidad¡±, subraya.
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