El PSOE recurre al Constitucional la limitaci¨®n de la justicia universal
Los socialistas arguyen que vulnera el Derecho internacional y varios principios constitucionales El recurso argumenta que la reforma env¨ªa un mensaje de impunidad
El Partido Socialista ha registrado este jueves en el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que limita la justicia universal en Espa?a, una norma que "ahoga, estrangula y destroza el principio de la jurisdicci¨®n universal en nuestro pa¨ªs", seg¨²n ha expresado la portavoz parlamentaria, Soraya Rodr¨ªguez, tras presentar el escrito. Los socialistas hacen una firme defensa del principio de justicia universal en su recurso, y argumentan que la reforma del PP vulnera el Derecho Internacional, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y varios principios constitucionales. Y que traslada la idea de que graves cr¨ªmenes quedar¨¢n sin castigo: "La renuncia a la persecuci¨®n de grav¨ªsimos delitos mandar¨¢ un mensaje de impunidad a los responsables de los mismos", se?ala su apelaci¨®n.
Soraya Rodr¨ªguez ha recordado que, adem¨¢s, la disposici¨®n transitoria de la ley "obliga a los jueces y tribunales que tienen causas en virtud del principio de jurisdicci¨®n universal a cerrarlas", y ello a pesar de que "un procedimiento judicial abierto solo puede ser cerrado por la decisi¨®n de un ¨®rgano judicial, nunca porque una ley se haya publicado en el Bolet¨ªn Oficial del Estado". Los jueces de la Audiencia Nacional han excarcelado en las ¨²ltimas semanas a m¨¢s de medio centenar de narcotraficantes por considerar que la reforma les deja sin competencias para enjuiciarlos.? La portavoz parlamentaria ha comentado, seg¨²n recoge la agencia EFE, que un magistrado con muchos a?os de experiencia le dijo al respecto que no hab¨ªa visto un proceder similar "desde que en este pa¨ªs gobernaba Franco". El PSOE promete derogar la norma si gobierna.
Los socialistas defienden en su recurso la esencia de la justicia universal, recogida en la ley espa?ola desde 1985. La formulaci¨®n del principio de jurisdicci¨®n universal "encuentra su fundamento en la consideraci¨®n de determinados cr¨ªmenes como violaciones del derecho natural que rige la sociedad universal de los hombres", explican, "por lo que la obligaci¨®n de castigar la ofensa a la humanidad es universal".
El principio de jurisdicci¨®n universal atribuye a los tribunales nacionales la capacidad de perseguir y enjuiciar una serie de graves cr¨ªmenes que, independientemente del lugar de comisi¨®n y de la nacionalidad de los autores o v¨ªctimas, atentan contra la comunidad internacional en su conjunto. Son el genocidio, cr¨ªmenes contra la humanidad, cr¨ªmenes de guerra, la tortura y la desaparici¨®n forzada. ¡°El consenso de la comunidad internacional es muy claro: estos cr¨ªmenes golpean la conciencia de la humanidad y han de ser castigados; es deber de todo Estado investigar y perseguir a sus responsables¡±, dice el recurso de los socialistas. En Espa?a, la ley recoge competencia de la jurisdicci¨®n espa?ola sobre estos delitos desde 1985; el cat¨¢logo se fue ampliando en a?os sucesivos: en 1999, por ejemplo, se incluy¨® la prostituci¨®n y la corrupci¨®n de menores e incapaces, y en 2005 se a?adi¨® la mutilaci¨®n genital femenina.
Una "conquista irrenunciable"
¡°Es pues, una conquista irrenunciable de toda sociedad democr¨¢tica y representa un gran avance en la defensa de los derechos humanos, contribuyendo a la consolidaci¨®n de un mundo m¨¢s civilizado y regido por el Derecho¡±, sostiene el escrito del PSOE.
El recurso recuerda que al menos seis tratados internacionales consagran el principio de ¡°enjuiciar y extraditar¡±, como los Convenios de Ginebra de 1949, la Convenci¨®n contra la Tortura o el Estatuto de Roma, y que m¨¢s de un centenar de Estados, (163 en 2012, seg¨²n Amnist¨ªa Internacional), atribuyen, en mayor o menor grado, competencia a jueces y tribunales internos para juzgar cr¨ªmenes de Derecho Internacional. Al ratificar esos tratados, ¡°Espa?a afirm¨® su compromiso de no convertirse en puerto seguro para los perpetradores de los cr¨ªmenes m¨¢s graves¡±, apuntan en el escrito. ¡°Espa?a ha sido ¡ªhasta la fecha¡ª uno de los pa¨ªses pioneros en la persecuci¨®n de estas graves infracciones penales, posibilitando la apertura de procedimientos penales por estos cr¨ªmenes y evitando tambi¨¦n la posibilidad de que sus autores pudieran desplazarse impunemente por el mundo o incluso que se refugiaran en Espa?a¡±.
La impunidad preocupa especialmente al PSOE, que destaca: ¡°La renuncia a la persecuci¨®n de grav¨ªsimos delitos mandar¨¢ un mensaje de impunidad a los responsables de los mismos, a la vez que afianzar¨¢ la convicci¨®n de otros potenciales autores de que estas conductas pueden quedar sin castigo, extendiendo el efecto corrosivo de la impunidad¡±,arguyen. La ley que limita la jurisdicci¨®n universal, adem¨¢s, reduce en su opini¨®n la protecci¨®n de los derechos humanos en Espa?a: ¡°La legislaci¨®n espa?ola en cuanto a este principio sufre una involuci¨®n de tal magnitud que supone una verdadera ruptura del principio de progresividad en la aplicaci¨®n y protecci¨®n de los derechos humanos¡±.
Los socialistas concluyen, as¨ª, que la ley org¨¢nica que limita la jurisdicci¨®n universal es una norma inconstitucional porque atenta contra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y contra varios principios constitucionales: los de seguridad jur¨ªdica y prohibici¨®n de la arbitrariedad de los poderes p¨²blicos, el principio de acci¨®n popular, el de exclusividad de la potestad jurisdiccional, y el principio de igualdad. Consideran adem¨¢s que vulnera el Derecho internacional y convenios internacionales ratificados por Espa?a. ¡°Es una ley inconstitucional, pero sobre todo es injusta¡±, zanja el PSOE.
La ley que limita la justicia universal fue aprobada en el Congreso el pasado mes de marzo, tras una tramitaci¨®n que dur¨® menos de un mes y que sali¨® adelante con los ¨²nicos votos del Partido Popular. Cinco de los seis jueces de instrucci¨®n de la Audiencia Nacional, que tramitan las principales causas sobre corrupci¨®n, delitos econ¨®micos y terrorismo en Espa?a, se han plantado recientemente contra la ley, en un consenso no se logrado nunca antes en democracia.?
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