La Audiencia Nacional archiva la investigaci¨®n sobre genocidio en el T¨ªbet
Este caso era la piedra angular del proceso que provoc¨® la reforma de la ley de justicia universal
Siguiendo el gui¨®n marcado por un cambio legislativo, el pleno de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidido por Fernando Grande-Marlaska, decidi¨® este lunes que el juez Ismael Moreno no continuar¨¢ con el caso que investiga las denuncias por genocidio de China en el T¨ªbet. Este caso amenaz¨® las relaciones diplom¨¢ticas entre Espa?a y China e incit¨® al PP a impulsar, el pasado febrero, la reforma de la ley de Justicia Universal. Los cambios, realizados a toda prisa, restringieron la capacidad de los jueces en la investigaci¨®n de delitos fuera de las fronteras espa?olas y provocaron, de rebote, la excarcelaci¨®n de m¨¢s de medio centenar de supuestos narcotraficantes.
Finalmente, el pleno se ha pronunciado por un estrecho margen de nueve votos contra siete para dictar el sobreseimiento de la causa que se segu¨ªa contra dos expresidentes y otros seis exaltos cargos del gobierno chino. Los magistrados entienden que Espa?a no tiene jurisdicci¨®n porque los ocho acusados no son espa?oles, ni residen habitualmente en Espa?a, ni son extranjeros cuya extradici¨®n haya sido denegada por parte de las autoridades espa?olas. Estos tres ser¨ªan los requisitos por los que, de acuerdo con la nueva ley, se podr¨ªa mantener la competencia de la Audiencia Nacional en esta materia.
La reforma expr¨¦s del PP que ahora es aplicada por la Audiencia Nacional pretend¨ªa evitar un conflicto con China, que tras la orden de detenci¨®n emitida contra el expresidente Jiang Zemin y el exprimer ministro Li Peng no disimul¨® su protesta. Esa orden propici¨® el pasado 12 de febrero una cascada de reacciones. La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Hua Chunying, la tach¨® entonces de una ¡°decisi¨®n err¨®nea¡± y desliz¨® que esperaba que Espa?a pudiese gestionar el asunto ¡°de forma apropiada¡±. ¡°China est¨¢ muy molesta y se opone firmemente a las acciones err¨®neas adoptadas por las instancias espa?olas, haciendo caso omiso de la posici¨®n de China¡±. El aviso del gigante asi¨¢tico bast¨® para que el PP impulsase modificaciones legislativas en la jurisdicci¨®n universal que han arrastrado otros procedimientos en curso en la Audiencia Nacional.
La causa arranc¨® en junio de 2006 con una denuncia del director de la Fundaci¨®n Casa del T¨ªbet de Barcelona, Thubten Wangchen. Su primera declaraci¨®n ante la Audiencia Nacional fue para ¨¦l ¡°un d¨ªa hist¨®rico¡± porque, por primera vez, un tibetano pod¨ªa contar a un juez el horror sufrido por miles de personas. Nacionalizado espa?ol en 1996, Wangchen relat¨® al juez c¨®mo en 1987, tras regresar a T¨ªbet como gu¨ªa tur¨ªstico de empresarios espa?oles, fue detenido y amenazado de muerte por llevar una fotograf¨ªa del Dalai Lama. ¡°En 1959, cuando los chinos invadieron mi pa¨ªs, yo ten¨ªa cuatro a?os. Mataron a mi mam¨¢ y tuve que cruzar el Himalaya para instalarme en Nepal¡± cont¨® el pasado febrero a este peri¨®dico recordando el inicio de su lucha en los tribunales espa?oles. Explic¨® que m¨¢s all¨¢ de la imagen de la espiritualidad de los lamas, la Administraci¨®n china del territorio ocupado en 1950 ha supuesto una verdadera persecuci¨®n ¨¦tnica que ha aplastado los derechos fundamentales: ¡°No hay libertad de expresi¨®n, ni de educaci¨®n, ni de religi¨®n¡±, aseguraba Wangchen.
Su caso ser¨¢ ahora archivado al igual que otros de caracter¨ªsticas similares. Porque la Audiencia acord¨® el sobreseimiento de la querella abierta al grupo Falun Gong. En esta causa, 15 ciudadanos chinos demandaron a las autoridades de su pa¨ªs por genocidio por las atrocidades practicadas contra el movimiento espiritual de ese nombre. El marido de una de las denunciantes muri¨® en campos de trabajo y reeducaci¨®n para seguidores de este movimiento. Al no tratarse de ciudadanos espa?oles el proceso correr¨¢ la misma suerte que el del T¨ªbet.
El pleno tambi¨¦n ha acordado confirmar la falta de jurisdicci¨®n de Espa?a para investigar a ocho marineros egipcios que fueron detenidos el 6 de marzo en un buque sin bandera que navegaba en aguas internacionales y que transportaba 9,8 toneladas de hach¨ªs. Esos supuestos narcotraficantes fueron puestos en libertad cuando entr¨® en vigor la modificaci¨®n legislativa.
La sala, sin embargo, acord¨® seguir con el caso del asesinato del ciudadano espa?ol Baby Hamday Buyema, que result¨® muerto en el asalto en octubre de 2010 al ¡°campamento de la dignidad¡± establecido en el S¨¢hara, cerca de el Aai¨²n. El hermano del fallecido present¨® una querella por genocidio y lesa humanidad contra varios ministros de Marruecos y altos cargos policiales de ese pa¨ªs y ahora la sala se declara competente al entender que Espa?a sigue siendo una potencia ¡°administradora de derecho¡± sobre el territorio del Sahara, conforme a las normas de Naciones Unidas.
La reforma de la jurisdicci¨®n internacional ha provocado una ola de indignaci¨®n entre los jueces espa?oles.
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