Silva se la juega

 Magistrados Jim¨¦nez, G¨®mez-Reino y De la Serna, de la Audiencia de Palma.

El recurso de apelaci¨®n de la defensa de la infanta Cristina entra, sin prol¨¦gomonos, al punto de partida. Les dice a los tres magistrados de la secci¨®n segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, palabras m¨¢s, palabras menos, lo siguiente: vosotros hab¨¦is pedido al juez Castro que siguiera la investigaci¨®n contra nuestra clienta sobre posibles delitos fiscales y blanqueo de capitales, y os decimos que las diligencias pr¨¢cticadas desde vuestra petici¨®n, 7 de mayo de 2013, arrojaron cero indicios racionales de criminalidad.

La formaci¨®n alemana del abogado Jes¨²s Mar¨ªa Silva salpica todo el recurso. Ataca lo que describe como la inconcreci¨®n/ambig¨¹edad de las conclusiones del juez Castro, la presunta cooperaci¨®n necesaria en el delito fiscal y cuestiona tanto la dual definici¨®n del per¨ªmetro del blanqueo en Aizoon (fondos de las Administraciones P¨²blicas/delito fiscal) como la inexistencia de pruebas sobre el conocimiento del presunto origen delictivo de los fondos.

Pero lo que se puede considerar interesante y sugerente es que si bien en su recurso de abril de 2013 sosten¨ªa la imposibilidad de llevar a la infanta al banquillo cuando el Ministerio Fiscal y la Abogac¨ªa del Estado (doctrina Bot¨ªn) no acusan (no solicitan la apertura de juicio oral), ahora no hay referencia alguna, ni sombra de ella, en el recurso de apelaci¨®n.

Silva se ha dado el lujo de no invocar este argumento.

Quiz¨¢ porque sabe que en la Audiencia de Palma hay criterio formado, ya que en su auto de 7 de mayo parec¨ªa inclinarse por la doctrina Atutxa (existencia de un inter¨¦s general). O por la reciente confirmaci¨®n de la sentencia del Supremo frente el recurso de amparo de Juan Mar¨ªa Atutxa, ex presidente del Parlamento Vasco. O porque que se lo reserva para los pr¨®ximos pasos procesales.

Pero, claro, el plazo de veinte d¨ªas para presentar escritos de acusaci¨®n sigue corriendo. Seg¨²n se considere el s¨¢bado d¨ªa h¨¢bil o no, ese plazo vence el 20 o el 23 de julio.

El recurso contra el auto de transformaci¨®n no tiene efectos suspensivos en el procedimiento.

Por ello, el fiscal Horrach ha solicitado en su recurso de apelaci¨®n, dirigido a la Audiencia, la suspensi¨®n del plazo de veinte d¨ªas concedido a las partes para elevar escrito de acusaci¨®n o sobreseimiento.

Porque si se cumple el plazo y las acusaciones populares piden apertura de juicio oral contra la infanta Cristina, que sigue imputada en el auto de transformaci¨®n, el juez Castro, de acuerdo con los criterios expresados en dicho auto, tendr¨¢ que abrir juicio oral.

Esto es lo que pas¨® en su d¨ªa con Emilio Bot¨ªn en la Audiencia Nacional, en el caso de las cesiones de cr¨¦dito. Solo que ahora tenemos la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sobre los casos Bot¨ªn y Atutxa.

Por tanto, el meridiano del caso de la infanta pasa ahora por la decisi¨®n que adopte la Audiencia de Palma ante la petici¨®n de suspensi¨®n del plazo para presentar escritos de acusaci¨®n.

Jes¨²s Mar¨ªa Silva juega la partida con gran seguridad. Pod¨ªa haber planteado el asunto de la doctrina Bot¨ªn. Pero no lo ha hecho porque ha preferido ir al coraz¨®n y no a un asunto procesal que es controvertido. Ha optado, pues, por cuestionar la existencia de indicios de criminalidad para imputar delitos fiscales y de blanqueo a la infanta Cristina.