Legalitat e inconstitucionalidad
No es un error, no. La palabra legalidad en catal¨¢n es legalitat. El president Artur Mas ha explicado tras su reuni¨®n con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que el refer¨¦ndum del 9 de noviembre que piensa convocar sobre el derecho a decidir (autodeterminaci¨®n nacional, independencia, separaci¨®n) "es legal" y que le hubiera gustado que fuese pactado a la brit¨¢nica, en alusi¨®n al refer¨¦ndum sobre la independencia de Escocia previsto para el 18 de septiembre.
?Qu¨¦ quiere decir con que es legal?
?Acaso que es constitucional?
No. Es evidente que tal como est¨¢ planteado es inconstitucional.
Lo que est¨¢ revelando es su plan en todo detalle.
Veamos.
Mas tiene pensado llevar a la aprobaci¨®n del Parlament la nueva ley catalana de consultas. Esa ley exceder¨¢, seg¨²n la informaci¨®n disponible, el refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n del 9 de noviembre de 2014. Regular¨¢ m¨¢s cosas.
Acto seguido a la aprobaci¨®n de la ley de consultas, Mas firmar¨¢ el decreto de convocatoria del refer¨¦ndum del 9 de noviembre.
Desde este punto de vista, la convocatoria es "legal". Hay una ley, y el decreto se basa en la ley.
La legalidad formal est¨¢ consagrada.
Si como dice, hubiese preferido un pacto a la brit¨¢nica es porque Mas no se enga?a sobre la inexistencia de encaje de esta refer¨¦ndum formalmente legal (conforme a la nueva ley catalana de consultas) en la Constituci¨®n Espa?ola realmente existente.
Esta hoja de ruta tiene su miga.
Como la aprobaci¨®n de la nueva ley en el Parlament y la firma del decreto de convocatoria ser¨¢n sucesivas, sin p¨¦rdida de tiempo, el Gobierno tiene que preparar sus movimientos en el tablero de ajedrez.
S¨ª, porque una vez aprobada la ley y publicada en el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya), el Gobierno la recurrir¨¢ ante el Tribunal Constitucional pidiendo su suspensi¨®n inmediata. Pero atenci¨®n, el Gobierno no acude de la noche a la ma?ana al TC. Primero necesita enviar la nueva ley catalana para informe al Consejo de Estado.
Mientras tanto, la ley de consultas ya est¨¢ vigente.
A todo esto, el decreto de convocatoria del refer¨¦ndum seguramente ya estar¨¢ listo. El Gobierno no puede recurrir ese decreto al Tribunal Constitucional. Porque quien resuelve sobre los actos administrativos de la Generalitat es el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC). Por tanto, el recurso deber¨ªa ser dirigido a dicho ¨®rgano.
El Gobierno puede presentar dos recursos. Uno ante el TC y otro ante el TSJC.
O, simplemente, puede matar dos p¨¢jaros de un tiro. ?C¨®mo? Mediante la petici¨®n al Tribunal Constitucional para que se suspenda la nueva ley catalana de consultas y... todos los actos que son consecuencia de la misma. Es decir: el decreto de convocatoria del refer¨¦ndum del 9 de noviembre de 2014.
Todo esto forma parte del plan de Mas, su concepto de legalitat. O de qu¨¦ hablamos cuando hablamos de la legalidad del refer¨¦ndum.
Como el refer¨¦ndum ser¨¢ anulado constitucionalmente (es decir, por decisi¨®n del Tribunal Constitucional), y como adem¨¢s del tema nacional/territorial los esc¨¢ndalos de Jordi Pujol & Familia y su investigaci¨®n judicial agravar¨¢n la crisis de Convergencia i Uni¨®, Mas est¨¢ abocado a una remodelaci¨®n gubernamental (con vistas a elecciones constituyentes en 2016), cuyo ¨²nico desenlace te¨®rico ser¨ªa una coalici¨®n con Esquerra Republicana de Catalu?a (ERC), te¨®rico porque dicho partido considera prioritario la capitalizaci¨®n del terremoto convergente en las elecciones municipales de mayo de 2015. Todo ello en el marco de la conmemoraci¨®n de la comparecencia de Pujol ante el Parlament, los actos de conmemoraci¨®n del 300 aniversario de 1714 y la Gran Diada del pr¨®ximo 11 de Septiembre.
Se empieza a ver el surco del final de la escapada.
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