Certezas y dudas de los ERE

La juez Mercedes Alaya ya ha llegado a la c¨²spide de la pir¨¢mide, s¨ªmil que ha utilizado a lo largo de casi cuatro a?os de investigaci¨®n para explicar su teor¨ªa del fraude de los ERE subvencionados por la Junta de Andaluc¨ªa. La instrucci¨®n inductiva de Alaya se fundamenta en que el Gobierno aut¨®nomo dise?¨® el fondo, aprobado durante una d¨¦cada por el Parlamento aut¨®nomo a trav¨¦s de la ley de Presupuestos, con el fin de repartir discrecionalmente dinero p¨²blico de forma no s¨®lo espuria sino delictiva. Desde esta perspectiva se explica su creencia de que la causa de los ERE, pese a su complejidad, es inescindible y que en el mismo saco de implicados quepan desde dos expresidentes de la Junta de Andaluc¨ªa a la ristra de intrusos que han percibido una prejubilaci¨®n injusta, pasando por los numerosos comisionistas, abogados o empresarios de medio pelo que hicieron negocio con este monumental esc¨¢ndalo.

Esta teor¨ªa de Alaya (que implica la cooperaci¨®n por acci¨®n u omisi¨®n de centenares de personas en el desfalco) se compadece con la imagen extendida en determinados segmentos de la ciudadan¨ªa de que en Andaluc¨ªa hay una democracia limitada, lo que algunos llaman el r¨¦gimen, que explicar¨ªa la falta de alternancia en el Gobierno aut¨®nomo no tanto en la incapacidad hist¨®rica del PP como en las diferentes artima?as que habr¨ªa utilizado el PSOE para evitar ser apeado del poder en la comunidad m¨¢s poblada de Espa?a. Siendo esto una excusa de mal pagador, lo cierto es que el fraude de los ERE es un evidente ejemplo de clientelismo y descontrol del dinero p¨²blico. Nada ha hecho tanto da?o al PSOE andaluz en los m¨¢s de 30 a?os de autonom¨ªa como este caso de corrupci¨®n, de ah¨ª que para muchos Alaya sea una hero¨ªna que ha removido los cimientos de la comunidad, leyenda que se ha acrecentado tras el ¨²ltimo fracaso electoral del PP en 2012 y tras la renuncia a la presidencia de la Junta de Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n en el verano de 2013 por el desgaste del caso.

El paso que ha dado la instructora, reclamado desde hace meses por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y sugerido tambi¨¦n por la Audiencia de Sevilla, es el mejor camino para discernir en un plazo razonable si la c¨²pula de la Junta de Andaluc¨ªa actu¨® de forma delictiva al decidir el pago de los ERE mediante las transferencias de financiaci¨®n (una figura presupuestaria com¨²n en las Administraciones, que da agilidad en la gesti¨®n pero que tiene controles de fiscalizaci¨®n m¨¢s d¨¦biles) o si, por el contrario, las responsabilidades penales se circunscriben en el ¨¢mbito pol¨ªtico a la Consejer¨ªa de Empleo, foco del abuso del dinero p¨²blico.

El relato que ha elaborado Alaya desde el principio de la instrucci¨®n da por hecho que fue la c¨²pula del Gobierno aut¨®nomo la que se confabul¨® para repartir de forma arbitraria el fondo de los ERE a lo largo de una d¨¦cada. El principal respaldo a esta tesis es el informe que los expertos de la Intervenci¨®n General del Estado hicieron a petici¨®n de la juez, en el que se censuraba con dureza el uso de las transferencias de financiaci¨®n. El principal problema es que no hay testimonios ni documentos que acrediten tal conspiraci¨®n delictiva.

La juez se basa tambi¨¦n en los sucesivos informes de la Intervenci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa que a?o tras a?o alertaron del irregular procedimiento administrativo con el que se daban las ayudas. Pero tambi¨¦n consta en la causa la declaraci¨®n judicial como imputado del ex interventor general de la Junta Manuel G¨®mez, quien fue muy cr¨ªtico con la actuaci¨®n del Gobierno aut¨®nomo, pero quien tambi¨¦n subray¨® que el uso de las transferencias de financiaci¨®n era legal, m¨¢s a¨²n cuando eran aprobadas por el Parlamento v¨ªa ley de Presupuestos. Esta declaraci¨®n, cuya trascendencia no fue suficientemente valorada, trasladar¨ªa el debate del C¨®digo Penal al Derecho Administrativo.

Otro elemento controvertido de la teor¨ªa de la magistrada, y que alimentar¨¢ la discusi¨®n en el Supremo, es la inclusi¨®n entre los implicados de Manuel Chaves. A diferencia de los dem¨¢s aforados, Chaves no estuvo al frente de ninguna consejer¨ªa en la etapa del fraude, sino que dirig¨ªa un ¨®rgano colegiado, el Consejo de Gobierno, encargado de aprobar el proyecto de ley de Presupuestos y las modificaciones presupuestarias para aumentar el cr¨¦dito del fondo de los ERE. ?No deber¨ªan, en coherencia, estar tambi¨¦n ante el Supremo todos los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta entre 2001 y 2010 que apoyaron estas decisiones?

A estas alturas, el caso de los ERE acumula numerosas certezas (fundamentalmente el desvergonzado uso del dinero p¨²blico para el lucro de unos pocos y la incre¨ªble falta de controles internos en la Junta de Andaluc¨ªa), pero tambi¨¦n dudas que tendr¨¢ que resolver el Supremo. La principal: saber si los aforados son la parte m¨¢s elevada de la pir¨¢mide delictiva o si su responsabilidad penal est¨¢ asentada sobre un castillo de naipes.