¡®Demos¡¯ y lo dem¨¢s

No s¨¦ si es porque tenemos una clase pol¨ªtica dominada por abogados ¡ªen comparaci¨®n, tenemos pocos polit¨®logos, soci¨®logos, economistas o representantes de otras disciplinas cient¨ªficas¡ª, pero la discusi¨®n en relaci¨®n al 9-N transcurre en un terreno demasiado legalista y poco pol¨ªtico. Desde luego en Madrid, donde hay una confianza (infundada) en el poder calmante sobre el ¨ªmpetu soberanista que puede tener la ofensiva jur¨ªdica contra el refer¨¦ndum catal¨¢n, ya sea desde el Congreso, la fiscal¨ªa o el Tribunal Constitucional. Pero tambi¨¦n en Catalu?a, donde la discusi¨®n tambi¨¦n discurre sobre cuestiones legales: vamos a aprovechar este hueco legal X para meter Y en la ley de consultas y, si lo hacemos en un plazo Z, podemos ¡°hacerlo legal¡±. Tenemos una batalla de abogados, blandiendo armas jur¨ªdicas unos contra otros.

Oriol Junqueras ha tratado de romper esa din¨¢mica ¡ªde forma algo abrupta, ciertamente¡ª al manifestar que se puede desobedecer al Tribunal Constitucional porque es, en ¨²ltima instancia, un ¨®rgano pol¨ªtico. Creo que sus declaraciones deber¨ªan servirnos para quitarnos la venda jur¨ªdica de los ojos que casi todos llevamos puesta y afrontar la sustancia pol¨ªtica del problema. El problema de fondo es cu¨¢l es el ¡°demos¡± o comunidad pol¨ªtica, cu¨¢l es el sujeto pol¨ªtico. ?Es Espa?a o es Catalu?a? Nos guste o no, muchos catalanes no sienten que su ¡°demos¡± sea Espa?a. Ese sentimiento no se cura con leyes y, adem¨¢s, como muestra Germ¨¤ Bel en Anatom¨ªa de un desencuentro, hay indicaciones emp¨ªricas que apuntan a que las causas de ese sentimiento se encuentran m¨¢s en el resto de la Pen¨ªnsula que en Catalu?a.

No estamos delante de un conflicto de legalidad contra legalidad o de legalidad contra democracia. Es un conflicto sobre quienes formamos parte de la comunidad pol¨ªtica. Esta es la pregunta pol¨ªtica m¨¢s b¨¢sica y que sirve de fundamento para ¡ªy no es resultado de¡ª un marco jur¨ªdico. Es la primera pregunta pol¨ªtica a la que debe enfrentarse cualquier persona: ?Qui¨¦nes forman parte de mi comunidad? ?A qui¨¦n pago los impuestos y de qui¨¦n recibo las transferencias?

Cuanto antes nos demos cuenta del alcance profundo del problema, antes podremos encontrar una f¨®rmula de resoluci¨®n, que, para empezar, no tiene por qu¨¦ implicar un refer¨¦ndum el 9-N con una doble pregunta que es a la vez ambigua y tendenciosa. Reconocer el problema quiere decir discutir qui¨¦n constituye, para empezar, ese demos y c¨®mo debemos consultarlo: ?Una sola vez o varias en diversos a?os? ?Qu¨¦ tipo de pregunta resulta menos problem¨¢tica?

Al renunciar a discutir la sustancia pol¨ªtica, ¡°Madrid¡± ha dejado que el nacionalismo catal¨¢n monopolice la palabra democracia. De forma que, tanto desde un punto de vista interno como tambi¨¦n internacional, el problema se est¨¢ planteando como Ley contra Democracia. Y, obviamente, la democracia vende mejor, con lo que la causa soberanista, en la carrera de fondo, gana adeptos. Ha llegado la hora de que tanto el Gobierno como las fuerzas pol¨ªticas espa?olas dejen la toga jur¨ªdica y bajen al ruedo pol¨ªtico a enfrascarse en las preguntas inc¨®modas, que, queramos o no, han estado entre nosotros desde hace d¨¦cadas, por no decir siglos.

V¨ªctor Lapuente Gin¨¦ es profesor en el Instituto para la Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo.