Christine & Magdalena
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, ha sido imputada por la Corte de Justicia de la Rep¨²blica (CJR) francesa, que instruye causas contra ex miembros del Gobierno, en un presunto caso de corrupci¨®n por el cual el empresario y ex ministro Bernard Tapie, ex due?o de Adidas, obtuvo 407 millones de euros en 2008. Se trataba de un litigio con el banco nacionalizado Cr¨¦dit Lyonnais. Lagarde era en esa ¨¦poca ministra de Econom¨ªa del gobierno del primer ministro Francois Fillon cuando Nicolas Sarkozy llevaba un a?o como presidente de Francia.
Ya en mayo de 2013, los jueces hab¨ªan dado un paso hacia su imputaci¨®n cuando optaron por considerarla testigo asistida, una posici¨®n intermedia entre testigo e imputado. Lagarde se une ahora a otras cinco personas imputadas en el caso, entre ellas el propio Tapie y el que fuera director de gabinete de la entonces ministra, St¨¦phane Richard. La decisi¨®n judicial de imputarla implica que puede ser procesada al finalizar la instrucci¨®n.
Lagarde rechaz¨®, tras conocer su imputaci¨®n, presentar su renuncia al puesto de directora gerente del FMI. "He pedido a mi abogado que presente todos los recursos. Considero la decisi¨®n (imputaci¨®n) totalmente infundada", declar¨®. La ex ministra puede presentar un recurso de nulidad ante la propia CJR y en caso de inadmisi¨®n, podr¨ªa apelar en casaci¨®n. La causa para los ex miembros del Gobierno ha concluido con la imputaci¨®n de Lagarde; pero contin¨²a la instrucci¨®n paralela para aquellos imputados que carecen de fuero especial.
En su momento, hab¨ªamos puesto de relieve en este blog la diferencia entre la situaci¨®n procesal de Christine Lagarde y la ex ministra Magdalena ?lvarez, entonces vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
blogs.elpais.com/analitica/2014/03/magdalena-christine.html
El Gobierno franc¨¦s modific¨® en 1987 el C¨®digo Penal y, m¨¢s tarde, en 2000, volvi¨® a dar otra vuelta de tuerca con la ley que refuerza la presunci¨®n de inocencia. Se introduce entonces una figura intermedia entre el simple testigo y el inculpado o imputado. La idea es evitar el oprobio o la estigmatizaci¨®n de la persona investigada de manera preliminar. Una persona puede ser declarada en situaci¨®n de testigo asistido cuando "contra ella existen indicios que hacen veros¨ªmil su posible participaci¨®n como autor o c¨®mplice en la comisi¨®n de infracciones". Este figura le permite a la persona prestar declaraci¨®n ante los jueces en presencia de su letrado. Para pasar de testigo asistido a imputado/inculpado en la instrucci¨®n de una causa "los indicios tienen que devenir graves o consistentes".
Es lo que han decidido ahora los magistrados de la CJR en relaci¨®n a Christine Lagarde.
Su situaci¨®n es, por tanto, parecida a la de Magdalena ?lvarez tras su imputaci¨®n por la juez Alaya en el esc¨¢ndalo de corrupci¨®n de los ERE de Andaluc¨ªa. Hay una diferencia importante: Lagarde puede recurrir, mientras que los recursos de ?lvarez no lograron tumbar su imputaci¨®n en la Audiencia de Sevilla, que confirm¨® su situaci¨®n porque la simple existencia de indicios lo justificaba.
Espa?a es socio del FMI, como lo es del BEI.
?Exigir¨¢ el Gobierno espa?ol la dimisi¨®n de Lagarde si se confirma su imputaci¨®n en Francia?? Dir¨¢ que si los recursos de Lagarde son desestimados tendr¨ªa que dimitir?
Ya veremos.
Pero la historia de Lagarde es una ocasi¨®n para recordar qu¨¦ pas¨® exactamente entre el Gobierno y Magdalena ?lvarez.
El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, declar¨®: "En estos momentos hay una imputaci¨®n que en absoluto supone una declaraci¨®n de culpabilidad... Por tanto, mientras no se demuestre lo contrario todas las personas son inocentes".
Sin embargo, antes incluso de ser confirmada la imputaci¨®n, el ministro de Econom¨ªa, Luis de Guindos, comenz¨® su campa?a para conseguir la dimisi¨®n de Magdalena ?lvarez. Envi¨® al entonces secretario general del Tesoro, designado secretario de Estado de Econom¨ªa, ??igo Fern¨¢ndez de Mesa, a una comida con Magdalena ?lvarez en el restaurante Parad¨ªs de Madrid. All¨ª le dijo que el Gobierno le ayudar¨ªa a conseguir otro puesto si dimit¨ªa de su vicepresidencia del BEI. Su contrato venc¨ªa en 2016. El sueldo era de 23.147,26 euros mensuales, a lo que se a?ade un 15% de esta cantidad como gastos de compensaci¨®n por alojamiento, y otros mil euros mensuales de gastos de representaci¨®n. Adem¨¢s, por cada a?o de servicio ?lvarez adquir¨ªa el derecho a una pensi¨®n equivalente al 4,275% de su salario base a partir de los 65 a?os.
Magdalena ?lvarez rechaz¨® la propuesta y consider¨® que una imputaci¨®n no supon¨ªa su culpabilidad.
Seg¨²n una informaci¨®n de la agencia Europa Press del pasado 20 de mayo, "la representante espa?ola en el Consejo de Administraci¨®n del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Clara Crespo, ha pedido por carta al presidente de la instituci¨®n, Werner Hoyer, un dictamen de los servicios jur¨ªdicos sobre los procedimientos internos para acordar el cese de un miembro del Comit¨¦ de Direcci¨®n, con el objeto de activar el cese de Magdalena ?lvarez". A?ad¨ªa: "De esta manera, el Gobierno espa?ol toma la iniciativa tras la imputaci¨®n de ?lvarez por el caso de los ERE en Andaluc¨ªa, despu¨¦s de que varios miembros del Ejecutivo hayan apelado a la responsabilidad de la exministra".
El Ministerio de Econom¨ªa no consider¨® esta filtraci¨®n informativa un motivo de preocupaci¨®n. No elev¨® protesta alguna ante el consejo de administraci¨®n del BEI.
El 29 de mayo, EL PA?S inform¨® de una carta enviada el d¨ªa anterior por la representante espa?ola al consejo de administraci¨®n del BEI en la que se propon¨ªa tratar en la reuni¨®n del 4 de junio, a puerta cerrada, sin presencia de la interesada, la situaci¨®n de Magdalena ?lvarez. Este diario tradujo la carta del ingl¨¦s al espa?ol.
En la reuni¨®n del 4 de junio, Lucinio Mu?oz, representante alterno, expuso la posici¨®n del Gobierno espa?ol a favor de quitar a Magdalena ?lvarez. El BEI autoriz¨®, tras la exposici¨®n de Mu?oz, la entrada de la vicepresidenta para replicar argumentos que no pudo escuchar, por no estar presente. ?lvarez explic¨® su situaci¨®n procesal y se?al¨® que no estaba dispuesta a dimitir, porque no se consideraba culpable de las imputaciones que se le hac¨ªan en el caso de los ERE de Andaluc¨ªa.
La citada reuni¨®n del consejo era una reuni¨®n de car¨¢cter informativo. Se acord¨® dejar el debate resolutivo, con votaci¨®n, para el c¨®nclave del 22 de julio.
Seg¨²n los estatutos del BEI para destituir a un miembro del consejo de direcci¨®n se requiere una mayor¨ªa cualificada de 2/3 del n¨²mero de pa¨ªses (18 sobre 28) y una mayor¨ªa de 2/3 del capital. La votaci¨®n se somete al consejo de administraci¨®n primero y al consejo de gobernadores despu¨¦s.
Todo ello implicaba una odiosa batalla dentro del BEI. Sin precedentes.
?Qu¨¦ dicen los estatutos y normas del BEI?
Las Normas para el staff es el ¨²nico documento que puede tomarse como referencia para una situaci¨®n an¨¢loga a la de Magdalena ?lvarez.
Aunque no se aplican al consejo de direcci¨®n, he aqu¨ª el art¨ªculo 39, traducido del ingl¨¦s: "En caso de una falta grave que puede implicar el despido inmediato, el Presidente podr¨¢ suspender a la persona de sus funciones por un per¨ªodo m¨¢ximo de tres meses".
Y a?ade: "Lo mismo se aplicar¨¢ cuando dicho directivo es acusado por un delito cuya pena m¨¢xima es la de muerte, el encarcelamiento o la p¨¦rdida de los derechos civiles, en cuyo caso la suspensi¨®n podr¨¢ ser prorrogada hasta que se alcance la sentencia final".
El vocablo acusado representa en esta traducci¨®n la palabra inglesa charged.
El texto ingl¨¦s, el ¨²nico disponible, dice as¨ª:
??"The same shall apply when the member of staff has been charged with a criminal offence the maximum penalty for which is death, imprisonment or loss of civil rights; in which case suspension may be extended until the final verdict is reached".?
Charge o cargo significa en el ordenamiento jur¨ªdico anglosaj¨®n un acto judicial por el cual se acusa a alguien. Por tanto, la acepci¨®n del verbo charged es diferente a la acepci¨®n jur¨ªdica de imputar.
Parece evidente, pues, que el art¨ªculo 39 de las normas, aqu¨ª reproducido, est¨¢ hablando no de la instrucci¨®n de una causa sino de la acusaci¨®n y sentencia final.
Por eso, establece la posibilidad de suspensi¨®n de una persona del staff hasta conocer el veredicto final.
El BEI, en una interpretaci¨®n laxa pod¨ªa haber aplicado este art¨ªculo a la situaci¨®n de Magdalena ?lvarez. Laxa porque ella no est¨¢ acusada sino imputada.
Pero el Gobierno espa?ol opt¨®, ante la dificultad de la situaci¨®n, por un atajo. Un atajo m¨¢s eficaz para arrancar la renuncia que ?lvarez se negaba a extender.
?Cu¨¢l fue el atajo?
El Ministerio de Econom¨ªa acus¨® a Magdalena ?lvarez de haber faltado a su obligaci¨®n de confidencialidad y secreto profesional que rigen en el BEI. La prueba de la violaci¨®n, seg¨²n el Gobierno, hab¨ªa sido la publicaci¨®n en EL PA?S del texto de la carta del 28 de mayo por la cual la representante de Espa?a en el BEI, Clara Crespo, solicitaba que se incluyera en el orden del d¨ªa de la reuni¨®n del consejo de 4 de junio la situaci¨®n de Magdalena ?lvarez.
En este campa?a inquisitorial, Magdalena ?lvarez se ech¨® a atr¨¢s en su decisi¨®n de no dimitir. Y present¨® su renuncia el 26 de junio de 2014.
Estos han sido los hechos.
Cualquiera tiene derecho a pensar que Magdalena ?lvarez deb¨ªa dimitir, o no dimitir, a estimar que los 10.000 euros que cobrar¨¢ hasta los 65 a?os y la pensi¨®n vitalicia (establecidos por contrato) se justifican o no, pero la descripci¨®n realizada de la batalla por desalojarla certifican una lucha de poder a cara de perro.
Queda pendiente el tema del momento en el cual un pol¨ªtico o un alto cargo deber¨ªa dimitir por estar implicado en un esc¨¢ndalo de corrupci¨®n, como puede ser, a estas horas, el caso de Madame Lagarde.
Lo que podr¨ªamos llamar el test del magistrado puede ayudar a definir ese momento.
Porque, ?cu¨¢ndo suspende el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la actividad jurisdiccional de un juez implicado en hechos como, por ejemplo, un presunto delito de prevaricaci¨®n?
Cuando se dicta el auto de apertura de juicio oral.
En resumen: En Espa?a el momento de la dimisi¨®n podr¨ªa llegar al dictarse el auto de apertura de juicio oral.
En el caso de Christine Lagarde el momento ser¨ªa, de acuerdo al ordenamiento jur¨ªdico franc¨¦s, al producirse su procesamiento.
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