Pujol Jr. y B¨¢rcenas y la cl¨¢usula de especialidad
La jueza Maria ?ngels Moreno, de la Batllia de Andorra, ha admitido a tr¨¢mite la petici¨®n de auxilio judicial (comisi¨®n rogatoria) solicitada por el juez Pablo Ruz para obtener datos sobre las cuentas bancarias de Jordi Pujol Ferrusola, su esposa, Merc¨¨ Giron¨¦s, y cinco empresas bajo control de ambos: Iniciatives, Marketing i Inversions, Project Marketing Cat, Inter Rosario Port Services, Active Translation e Iberoamericana de Business and Marketing.
La juez ha desestimado, entre otros argumentos, el de que la investigaci¨®n supone una persecuci¨®n de car¨¢cter pol¨ªtico para desactivar el proceso soberanista en Catalu?a a trav¨¦s del ataque a la familia Pujol. Aunque el recurso no se extend¨ªa m¨¢s que cinco l¨ªneas sobre el car¨¢cter pol¨ªtico de la comisi¨®n rogatoria, era una de las bazas utilizadas.
Sin embargo, la juez afirma que no puede enviar inmediatamente los datos porque la defensa de Jordi Pujol Ferrusola, el abogado Cristobal Martell, en Espa?a, y el letrado Joan Miquel Rascagneres en Andorra, han recurrido la petici¨®n del juez Ruz.
Esto implica la apertura de un procedimiento que la justicia ha establecido en 30 d¨ªas. La Banca Privada d'Andorra (BPA) tiene que entregar los datos a la justicia y la defensa tiene que presentar sus alegaciones. Si los tribunales desestiman el recurso, la entrega de datos se hace realidad.
Pero hay m¨¢s. En Andorra, pagar menos impuestos de los que se deber¨ªa no es un delito. Ni tampoco lo es el blanqueo asociado con pagar menos impuestos. Para entregar los datos a Espa?a debe haber, siempre, doble incriminaci¨®n. Esto es: en ambos pa¨ªses se debe considerar la existencia de delito, en este caso del delito fiscal.
No es as¨ª. En este caso, advierte la justicia andorrana al admitir la comisi¨®n rogatoria, los datos, caso de ser entregados finalmente, no se podr¨¢n utilizar para acusar por delito fiscal a Jordi Pujol Ferrusola.
Es lo que se llama cl¨¢usula de especialidad. Nunca se pueden usar, salvo autorizaci¨®n expresa, para acusar a una persona por delito fiscal.
Pero en Andorra s¨ª hay fraude fiscal en el sentido de una persona que evade a trav¨¦s de un esquema para defraudar, esto es, un montaje de corrupci¨®n.
En tal caso, el juez Ruz deber¨ªa demostrar que estamos ante lo que en pa¨ªses como Suiza, del que Andorra calca su legislaci¨®n penal, se llama escroquerie, el fraude fiscal del art¨ªculo 59 de la ley federal de armonizaci¨®n de impuestos.
Si el juez lo consigue entonces podr¨ªa, caso de desestimarse el recurso de Jordi Pujol Ferrusola, utilizar los datos en su investigaci¨®n para el delito fiscal, adem¨¢s de los otros delitos que persigue (banqueo, cohecho, tr¨¢fico de influencias).
En todo caso, ya sabemos algo: los datos no estar¨¢n en la Audiencia Nacional para la declaraci¨®n del imputado y de su ex esposa del 15 de septiembre pr¨®ximo.
Pero, adem¨¢s, hay que tener en cuenta que est¨¢ pendiente la denuncia penal que Pujol Ferrusola ha presentado ante la justicia andorrana (Batllia) por presunta violaci¨®n del doble secreto bancario y de secreto profesional del Codigo Penal andorrano al revelarse en Espa?a, fuera del procedimiento judicial, en una informaci¨®n del diario El Mundo, los once ingresos bancarios de Marta Ferrusola y cuatro de sus siete hijos (Mireia, Pere, Marta y Oleguer) por 3,4 millones de euros en diciembre de 2010 en la Banca Privada d'Andorra.
El argumento es que esta violaci¨®n contamina de ilicitud la comisi¨®n rogatoria, enviada, precisamente, despu¨¦s de conocerse dichos datos.
El tema de la reserva de especialidad, es decir, que los datos no podr¨ªan usarse en una acusaci¨®n de simple delito fiscal es relevante.
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y el juez Ruz tienen una experiencia muy reciente. La justicia helv¨¦tica revoc¨® en junio pasado la autorizaci¨®n que hab¨ªa extendido previamente, el 14 de abril de 2014, a petici¨®n del juez Ruz, la Oficina Federal de la Justicia (departamento de Justicia) para usar los datos de las cuentas bancarias de Luis B¨¢rcenas contra el extesorero por delito fiscal y blanqueo, en la modalidad de escroquerie. Esa revocaci¨®n tuvo lugar como resultado de un recurso de los abogados Jean-Marc Carnic¨¦ y Cl¨¦ment Emery abogados suizos de B¨¢rcenas y de su empresa recurrente.
Esa autorizaci¨®n del 14 de abril de 1014 ha sido revocada de manera cautelar y sigue pendiente del desenlace. El Tribunal Penal Federal helv¨¦tico ha abierto un procedimiento para adoptar una resoluci¨®n.
http://bstger.weblaw.ch/pdf/20140606_RP_2014_55.pdf
Problema: numerosos datos han sido utilizados antes del 14 de abril, donde s¨ª reg¨ªa la cl¨¢usula de especialidad, a saber, cuando no deb¨ªan ser usados para acusar a B¨¢rcenas de delito fiscal. Por ejemplo, algunos de estos datos fueron introducidos en el auto de prisi¨®n de B¨¢rcenas del 27 de junio de 2013.
En resumen: a la luz de esta experiencia, tanto la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n como el juez Ruz deber¨¢n andarse con pies de plomo en el asunto de la comisi¨®n rogatoria de Andorra.
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