El Constitucional ver¨¢ el recurso contra la reforma local de 3.000 Ayuntamientos

El Tribunal Constitucional ha admitido a tr¨¢mite la demanda de cerca de 3.000 Ayuntamientos de toda Espa?a, que representan a unos 17 millones de ciudadanos en contra de la reforma local impulsada por el Gobierno del PP. El recurso critica que la reforma impulsda por el Gobierno no respete ¡°la configuraci¨®n constitucional de la autonom¨ªa local¡± y el hecho de que cree "dos clases de municipios, los grandes y los de menos de 20.000 habitantes, abocados a convertirse en meros foros de discusi¨®n pol¨ªtica sin capacidad de gestionar servicios", tal como se?ala el texto que se?ala adem¨¢s que el cambio legislativo persigue desapoderar "a los peque?os y establecer controles de oportunidad por parte de otras administraciones que sit¨²an a las entidades locales en posici¨®n de subordinaci¨®n".

PSOE, PSC, Izquierda Plural (IU, ICV, CHA), BNG, CiU, ERC y UPyD fueron los partidos promotores del recurso admitido a tr¨¢mite que se une a los presentados y admitidos por los Parlamentos de Extremadura, Catalu?a y Navarra, los gobiernos auton¨®micos de Andaluc¨ªa, Asturias, Catalu?a y Canarias. Solo quedaron al margen los parlamentarios del PP, del PNV --que apoy¨® la reforma local en su tramitaci¨®n en las Cortes Generales--, CiU --que present¨® recurso desde el Gobierno y el Parlamento catal¨¢n-- y varias formaciones del Grupo Mixto.

El Constitucional ha dado traslado del conflicto en defensa de la autonom¨ªa local presentada contra la Ley de Racionalizaci¨®n y Sostenibilidad de la Administraci¨®n Local al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, que disponen ahora de 20 d¨ªas para personarse en el procedimiento y formular alegaciones.

La admisi¨®n a tr¨¢mite, seg¨²n recuerda el tribunal en una nota, no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto. Adem¨¢s, en respuesta a la petici¨®n de suspensi¨®n cautelar de la reforma local realizada por los Ayuntamientos, el pleno del tribunal ha acordado dar un plazo de 15 d¨ªas a las partes para que se pronuncien al respecto.

Encabezados por el vicepresidente de la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, los representantes de la pol¨ªtica municipal acudieron el pasado junio al tribunal de garant¨ªas contra una norma que, a su juicio, atenta contra los derechos de los ciudadanos y la autonom¨ªa local.

A las puertas del Constitucional, Caballero calific¨® la Ley de Racionalizaci¨®n y Sostenibilidad de la Administraci¨®n Local como "el mayor ataque al municipalismo que se hizo nunca en democracia" y advirti¨® de que tendr¨¢ unas "enormes consecuencias negativas para millones de espa?oles". Seg¨²n argument¨®, las entidades locales tendr¨¢n que dejar caer "multitud de pol¨ªticas sociales" en ¨¢mbitos como el empleo, la educaci¨®n o la sanidad porque no tendr¨¢n "recursos, capacidad, ni competencias para hacerlo".

Caballero destac¨® que su demanda no plantea "un conflicto de luchas de poder", sino "un conflicto en defensa de los ciudadanos", especialmente de aquellos que est¨¢n siendo "duramente golpeados" por la crisis, y pretende evitar "una privatizaci¨®n masiva de servicios municipales que al final va a significar peores servicios y un mayor coste" de los mismos.