Completar una rectificaci¨®n

La renuncia del Partido Popular a modificar la ley del aborto es, sin duda, una buena noticia, aunque no disipa los temores que una buena parte de la sociedad espa?ola, especialmente las mujeres, mantienen sobre este asunto. Porque antes de elaborar el desdichado proyecto de ley que ahora retira, cuando estaba en la oposici¨®n, el PP present¨® un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la norma aprobada por el Parlamento en 2009, la llamada ley de plazos, un recurso que sigue vivo.

Lo parad¨®jico de la situaci¨®n actual es que, al desistir en llevar adelante su proyecto de reforma, el PP est¨¢ admitiendo impl¨ªcitamente que la ley vigente es constitucional

Lo parad¨®jico de la situaci¨®n actual es que, al desistir en llevar adelante su proyecto de reforma, el PP est¨¢ admitiendo impl¨ªcitamente que la ley vigente es constitucional. Pues ning¨²n Gobierno, y menos uno que cuenta con el respaldo parlamentario de una mayor¨ªa absoluta, puede permanecer impasible y no modificar una ley que considera contraria a nuestra Constituci¨®n. As¨ª pues, es l¨ªcito suponer que el Gobierno de Mariano Rajoy ha cambiado de opini¨®n y considera, como siempre hemos considerado los socialistas y la mayor¨ªa de los partidos, que la ley de plazos es constitucional. Un respaldo pol¨ªtico que se sumar¨ªa al sentir de una amplia mayor¨ªa social que apoya una norma, por cierto, muy similar a las que existen en buena parte de los pa¨ªses de la Uni¨®n Europea.

Por ello, si el PP no da el paso de retirar tambi¨¦n su recurso ante el Tribunal Constitucional no har¨ªa m¨¢s que trasladar sus propias contradicciones a esta instituci¨®n, porque el alto tribunal tendr¨ªa que considerar el recurso contra una ley de cuya constitucionalidad no duda pr¨¢cticamente ning¨²n grupo del Parlamento y que, adem¨¢s, cuenta con un amplio respaldo social. De esta forma, si el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la ley de plazos ¡ªque es lo que pretende el recurso del PP¡ª, millones de ciudadanos estar¨ªan legitimados para pensar que en nuestra Carta Magna no cabe que las mujeres puedan decidir sobre su embarazo, y que, por lo tanto, est¨¢ desfasada y hay que modificarla.

Si el PP no da el paso de retirar tambi¨¦n su recurso ante el Tribunal Constitucional no har¨ªa m¨¢s que trasladar sus propias contradicciones a esta instituci¨®n

Pero a nadie se le escapa que esa modificaci¨®n es altamente improbable, pues una cosa es que el PP renuncie a cambiar una ley de plazos y otra bien distinta es que acuerde una reforma constitucional que la admita. Ciertamente, tambi¨¦n cabr¨ªa esperar a que se produjera un cambio en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Algo, que de producirse, exigir¨ªa un tiempo largo durante el cual muchas mujeres se ver¨ªan privadas de una libertad de la que ahora, por fin, disfrutan en nuestro pa¨ªs.

En suma: manteniendo su recurso el PP le estar¨ªa pasando una ¡°patata caliente¡± al Tribunal Constitucional. Y no quisiera que se interpretaran mal mis palabras, pero es evidente que un fallo del Tribunal Constitucional a favor del recurso del PP pondr¨ªa, primero al propio tribunal y despu¨¦s a nuestra Constituci¨®n, en una delicada situaci¨®n. Es evidente que estas son consideraciones pol¨ªticas y que la magistratura constitucional debe considerar los aspectos jur¨ªdicos. Aunque no hay que olvidar, y doctrina hay que lo avala, que todas las leyes aprobadas en el Parlamento deben gozar de una presunci¨®n favorable de constitucionalidad que obliga al tribunal a buscar, a explorar, las interpretaciones de la Constituci¨®n que las amparen.

Lo que, en todo caso, cabe pedirle al Gobierno es que complete la decisi¨®n anunciada y encuentre el mecanismo de retirada de su recurso. Deber¨ªa reunir a los diputados que en 2010 firmaron el recurso, con el actual presidente y la vicepresidenta del Gobierno a la cabeza, para que, de manera urgente, presenten el desistimiento. Ser¨ªa un aut¨¦ntico gesto de Estado que, sin duda, aliviar¨ªa al Tribunal Constitucional y eliminar¨ªa la sospecha de que el PP no ha renunciado a cambiar la ley, sino que, simplemente, se sirve de una artima?a para que otros le hagan el trabajo. Algo que, a mi juicio, ser¨ªa una monumental irresponsabilidad.

Alfredo P¨¦rez Rubalcaba es ex secretario general del PSOE. Era ministro del Interior en el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero cuando se aprob¨® la actual ley del aborto.