El Poder Judicial exige concretar el examen de nacionalidad a inmigrantes

El Consejo General del Poder Judicial va a pedir al Gobierno que concrete las preguntas a las que se someten los inmigrantes en la prueba de conocimientos para adquirir la nacionalidad espa?ola por residencia. En el borrador de informe que aprobar¨¢ previsiblemente el pr¨®ximo martes el ¨®rgano de gobierno de los jueces, el Poder Judicial reclama que el reglamento que est¨¢ preparando el Gobierno concrete los "elementos esenciales" sobre los que deben versar el cuestionario de lengua y cultura espa?ola al que se somete a los inmigrantes. Estas preguntas miden supuestamente el grado de integraci¨®n del inmigrante en la sociedad y su respuesta resulta a la postre determinante para la obtenci¨®n de la nacionalidad espa?ola por residencia, pero la disparidad de cuestiones que plantean los jueces de los registros civiles, encargados de hacer esta evaluaci¨®n, provoca numerosas reclamaciones.

Hasta ahora, el inmigrante mantiene una entrevista con el encargado del Registro Civil, que emite un informe y lo remite a la Direcci¨®n General de los Registros y del Notariado. El Reglamento del Registro Civil establece que el juez ¡°oir¨¢ personalmente al peticionario, especialmente para comprobar el grado de adaptaci¨®n a la cultura y estilo de vida espa?oles¡±. Y muchos jueces optan por preguntar por cuestiones como qui¨¦n es el presidente del Gobierno, el comandante en jefe del Ej¨¦rcito espa?ol, d¨®nde naci¨® B¨¦cquer o, incluso, c¨®mo se hace la tortilla espa?ola o el gazpacho.?

El proyecto proyecto de real decreto que est¨¢ preparando el Gobierno para regular el procedimiento de adquisici¨®n de nacionalidad espa?ola deja en manos del Instituto Cervantes estas pruebas. El informe que debatir¨¢ y votar¨¢ el pr¨®ximo martes el ¨®rgano de gobierno de los jueces, elaborado por la vocal Nuria D¨ªaz Abad, valora psitivamente este cambio, pero recuerda el "elevado grado de conflictividad" que presenta la prueba y pide que el futuro reglamento incorpore una ¡°regulaci¨®n sustantiva¡± de los elementos esenciales sobre los que girar¨¢ el cuestionario, ¡°determinando los elementos que lo integran y su grado de exigencia¡±. El texto reclama que el real decreto concret¨¦ ya estos aspectos y no su regulaci¨®n no se deje pendiente para una futura orden ministerial.

Los jueces piden que la norma acote, aunque sea de forma general, los contenidos a los que pueden referirse las preguntas que se formular¨¢n al inmigrante ("idioma, conocimiento de las instituciones y de la realidad pol¨ªtica y social espa?ola, y hechos relevantes para la cultura espa?ola, como ha sostenido de forma recurrente el Tribunal Supremo", detalla el texto). El Poder Judicial pide tambi¨¦n que se detalle el formato de la prueba (sugiere que sea preferentemente una entrevista personal), los criterios de valoraci¨®n y el ¨®rgano encargado para la misma "no bastando a tal efecto, una referencia general al Instituto Cervantes).

El texto que debatir¨¢n los jueces advierte adem¨¢s de que, actualmente, las competencias del Cervantes son fundamentalmente de fomento y promoci¨®n de la ense?anza, estudio y uso del espa?ol, por lo que resulta "dif¨ªcil" atribuirle la competencia que le de el borrador de real decreto. Para salvar este escollo, los jueces recomiendan que se cambie la ley reguladora del instituto para incorporar "expresamente" entre sus funciones las evaluaciones a los inmigrantes.

Muchas de las denegaciones actuales de nacionalidad por fallos en las respuestas sobre cultura y lengua espa?ola llegan a los tribunales. El Supremo ya ha fijado jurisprudencia que advierte de que el analfabetismo no es raz¨®n suficiente para denegar la nacionalidad cuando el inmigrante puede comunicarse en castellano, aunque no sepa escribirlo. Pero los fallos a la hora de contestar las preguntas sobre conocimientos generales que plantea el juez del registro civil siguen creando conflictos.

En diciembre pasado, la Audiencia Nacional deneg¨® la nacionalidad a un discapacitado ps¨ªquico por no saber contestar qui¨¦n era Rajoy o cu¨¢l es la capital de Andaluc¨ªa. ¡°La incapacidad para comunicarse por medios escritos en el idioma espa?ol y el desconocimiento de datos elementales del pa¨ªs del que pretende ser nacional y de su sociedad, con la cual el actor acredita escasos v¨ªnculos, ponen de manifiesto un insuficiente grado de integraci¨®n¡±, concluy¨® el tribunal. La sentencia cont¨® con el voto discrepante de dos de los cinco jueces del tribunal, que entend¨ªan que los par¨¢metros habituales para medir la integraci¨®n deber¨ªan ¡°ajustarse y ponderarse¡± con la discapacidad que padece este inmigrante. ¡°No puede exigirse a un extranjero que solicite la nacionalidad espa?ola un grado de integraci¨®n superior al est¨¢ndar medio de integraci¨®n de un ciudadano espa?ol que se encuentre en sus mismas circunstancias¡±, advirtieron estos magistrados.

El informe elaborado por la vocal Nuria D¨ªaz analiza tambi¨¦n otra de las principales novedades introducidas en el proyecto del Gobierno: la supeditaci¨®n de la concesi¨®n de la nacionalidad al hecho de que el solicitante no haya cometido actos "incompatibles con el requisito de la buena conducta c¨ªvica". El borrador d ela nueva norma extiende esta exigencia al plazo que media entre el reconocimiento de la nacionalidad y el momento de su inscripci¨®n en el Registro. Con este cambio se pretende evitar situaciones que se producen actualmente en las que, en el momento de la inscripci¨®n definitiva, se comprueba, por ejemplo, que el interesado est¨¢ incurso en un procedimiento penal, lo que obliga a declarar lesivo el acto de la concesi¨®n de la nacionalidad.

El Poder Judicial secunda esta opci¨®n, pero recomienda que se incorpore este requisito de forma expl¨ªcita al C¨®digo Civil. Adem¨¢s, la vocal que ha elaborado el texto sugiere que se faculte al encargado del Registro Civil para recabar los informes pertinentes y que se prevea la paralizaci¨®n de la inscripci¨®n hasta que se resuelva sobre los efectos que el incumplimiento de la exigencia de buena conducta debe tener sobre la adquisici¨®n de la nacionalidad.

La ponente se?ala asimismo que en el proyecto de real decreto no queda claro si la utilizaci¨®n de medios electr¨®nicos en la tramitaci¨®n de la nacionalidad es obligatoria o facultativa para los solicitantes y a?ade que, si la intenci¨®n es establecer su car¨¢cter obligatorio, deber¨ªa reconsiderarse la posibilidad de admitir la elecci¨®n del interesado o, cuando menos, facilitar la utilizaci¨®n de los medios electr¨®nicos de forma que el recurso a los mismos ¡°no se convierta en una carga, incluso econ¨®mica si precisa de la asistencia de un gestor¡±.