El Constitucional suspende la consulta tras admitir los recursos de Rajoy

El pleno del Tribunal Constitucional no ha tenido este lunes ninguna duda y ha aprobado por unanimidad admitir a tr¨¢mite los recursos del Gobierno contra la ley de consultas, aprobada por el Parlamento catal¨¢n el pasado d¨ªa 19, y el decreto de convocatoria del refer¨¦ndum de soberan¨ªa del 9 de noviembre, firmado el s¨¢bado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas. La admisi¨®n supone por s¨ª sola la suspensi¨®n de la vigencia de ambas resoluciones, ya que el Ejecutivo as¨ª lo ha hab¨ªa solicitado, invocando la posibilidad de veto que le otorga la Constituci¨®n para congelar las normas auton¨®micas, tal y como indican las providencias apoyadas por los 12 magistrados que componen el pleno.

El tribunal ha dejado claro en su providencia que con la admisi¨®n de los recursos quedan suspendidos tanto la ley como el decreto de la consulta y sus anexos, "as¨ª como las restantes actuaciones de preparaci¨®n para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ella".

Los efectos de la suspensi¨®n para la Generalitat comenzar¨¢n cuando reciba la notificaci¨®n del tribunal. Para terceros ¡ªes decir, los Ayuntamientos que puedan participar en la campa?a soberanista¡ª son efectivos cuando la decisi¨®n se publique en el BOE. En su resoluci¨®n, el tribunal otorga a las partes 20 d¨ªas para presentar alegaciones.

La suspensi¨®n se extiende durante un plazo m¨¢ximo de cinco meses. En ese tiempo, el tribunal deber¨¢ decidir si mantiene la paralizaci¨®n sin fecha l¨ªmite o si revoca su decisi¨®n. Esta resoluci¨®n ha de estar motivada.

Pese a que el pleno ha sido "ordinario", la inmediatez en su convocatoria apenas seis horas despu¨¦s de la presentaci¨®n de los recursos ha sido el ¨²nico punto que mereci¨® la justificaci¨®n del tribunal ante las cr¨ªticas que estaba recibiendo del propio Mas, quien ha reprochado esa "velocidad supers¨®nica". En un comunicado hecho p¨²blico tras el pleno, que ha durado poco m¨¢s de una hora, el tribunal ha alegado que su decisi¨®n obedece a que "es consciente de la trascendencia constitucional y pol¨ªtica de las cuestiones planteadas, para la sociedad espa?ola en su conjunto y, en particular, para la catalana".

Los magistrados encargados de redactar las ponencias sobre las que se emitir¨¢n en su d¨ªa las sentencias son Pedro Gonz¨¢lez Trevijano y Juan Antonio Xiol. El primero, quien se encargar¨¢ de analizar la ley de consultas, fue rector de la Universidad Rey Juan Carlos y elegido miembro del Constitucional a propuesta del Gobierno de Rajoy. Xiol, quien fue magistrado del Supremo, ser¨¢ el ponente del recurso del decreto. Fue propuesto por los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial.

En el caso de que la Generalitat no acate la resoluci¨®n, se producir¨ªa un hecho ins¨®lito en la historia del Tribunal de Garant¨ªas, que tendr¨ªa que evaluar c¨®mo exige el cumplimiento de su resoluci¨®n. Seg¨²n la ley que regula el propio tribunal, este puede disponer qui¨¦n ha de ejecutar su resoluci¨®n y, en su caso, resolver las incidencias.

La norma se?ala adem¨¢s que el Constitucional podr¨ªa "declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicci¨®n, con ocasi¨®n de la ejecuci¨®n de estas, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del ¨®rgano que las dict¨®¡±. En, al menos, dos ocasiones el tribunal se ha declarado competente para ¡°adoptar cuantas medidas sean necesarias para preservar su jurisdicci¨®n¡±. Sin embargo, otras fuentes afirman que el Constitucional no dispone de los instrumentos para hacerlo con lo que el Gobierno deber¨ªa acudir al juzgado de lo contencioso-administrativo para reclamar la ejecuci¨®n de su decisi¨®n.

El pleno ha durado poco m¨¢s de una hora y el tribunal ha dado un plazo de 20 d¨ªas para presentar alegaciones

El Ejecutivo confiaba, y as¨ª lo hab¨ªa trasladado en privado, en que el Constitucional dejase muy claro qu¨¦ significa la suspensi¨®n, sobre todo para los actos de los preparativos de la consulta de estos d¨ªas. El Gobierno cree que es el propio tribunal el que debe asumir el protagonismo para hacer cumplir la resoluci¨®n dictada este lunes.

El Gabinete conf¨ªa en no tener que tomar medidas dr¨¢sticas para impedir la consulta y todos los preparativos que la rodean. En el Ejecutivo est¨¢n convencidos, tal como este lunes ha trasladado Rajoy, de que la Generalitat no se declarar¨¢ en rebeld¨ªa ante el Constitucional y, sobre todo, no forzar¨¢ a funcionarios p¨²blicos, incluidos los Mossos d¡¯Esquadra o directores de colegios, a arriesgar su empleo al desobedecer una decisi¨®n clara de esa instituci¨®n. En cualquier caso, por si hiciera falta tomar medidas, el Gobierno conf¨ªa en que sea el propio tribunal el que pida a la polic¨ªa judicial en Catalu?a, en este caso los mossos, que ejercen como tales en esa comunidad, que las adopte. Y, de nuevo, nadie se plantea que se nieguen.

El Ejecutivo ha trabajado internamente varios escenarios y se ha planteado la posibilidad, en caso extremo, de enviar una comunicaci¨®n a todos los empleados p¨²blicos en Catalu?a para recordarles las graves consecuencias que tendr¨ªa para ellos ¡ªincluida la posible p¨¦rdida de la condici¨®n de tal¡ª desobedecer una decisi¨®n del Constitucional. Aun as¨ª, conf¨ªa en no tener que llegar a tanto.

Una de las primeras pruebas de fuego ser¨¢ comprobar si la Generalitat frena, como todo parec¨ªa indicar este lunes, la campa?a institucional sobre la consulta que ya hab¨ªa comenzado. Pero habr¨¢ muchas m¨¢s pruebas y el Constitucional, con el apoyo del Ejecutivo ¡ªla Abogac¨ªa del Estado puede intervenir en cualquier momento para solicitar que se cumpla la decisi¨®n del tribunal¡ª deber¨¢ marcar la pauta en cada ocasi¨®n, o eso se?alan al menos fuentes del Ejecutivo. El Gobierno quiere evitar la v¨ªa penal, con la intervenci¨®n de la fiscal¨ªa, y prefiere usar otras mientras pueda para evitar mensajes de victimismo.

Adem¨¢s de la batalla jur¨ªdica con la Generalitat, otro de los principales temores del Gobierno en este momento es lo que pueda pasar en la calle tras la suspensi¨®n. La protesta en Catalu?a ha sido hasta ahora pac¨ªfica y el Ejecutivo quiere a toda costa evitar im¨¢genes de tensi¨®n ciudadana. Rajoy ha optado, y as¨ª se lo ha explicado a todos sus colaboradores, por una respuesta firme, pero suave en las formas y no quiere o¨ªr hablar de aplicar el art¨ªculo 155 para suspender la autonom¨ªa ni ninguna medida policial dr¨¢stica.

El Gabinete conf¨ªa en que no sean necesarias aunque s¨ª le preocupa que se puedan repetir movilizaciones como la celebrada anoche frente a la Delegaci¨®n del Gobierno en Catalu?a u otros lugares simb¨®licos, con la posibilidad de alg¨²n intento de acampada. La protecci¨®n de la Delegaci¨®n es lo ¨²nico que en Catalu?a depende directamente de Interior. Lo dem¨¢s corresponde a los mossos.