El Gobierno indemniza con 1.350 millones a ACS por el almac¨¦n Castor
La instalaci¨®n de gas est¨¢ cerrada tras provocar 500 se¨ªsmos en Castell¨®n La compensaci¨®n repercutir¨¢ en la factura de los consumidores
El Consejo de Ministros aprob¨® este viernes indemnizar con 1.350 millones al propietario del Proyecto Castor, el almac¨¦n de gas submarino situado frente a las costas de Vinar¨°s (Castell¨®n) cuya actividad se ha relacionado con al menos 500 se¨ªsmos ocurridos en septiembre de 2013. La instalaci¨®n permanecer¨¢ ¡°en hibernaci¨®n¡±, seg¨²n anunci¨® la vicepresidenta, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa. Tambi¨¦n se aprob¨® la extinci¨®n de la concesi¨®n de explotaci¨®n del almac¨¦n, a la que su hasta ahora propietaria, Escal UGS (controlada en un 66,7% por ACS), hab¨ªa renunciado en julio pasado. Los 1.350 millones se repercutir¨¢n en el recibo del gas durante los pr¨®ximos 30 a?os.
La infraestructura permanece cerrada desde que, en septiembre pasado, el Gobierno decidiera paralizar la inyecci¨®n de gas al registrarse terremotos de magnitud superior a 4 en la escala de Richter. Nunca lleg¨® a estar operativa como almac¨¦n. La concesionaria hab¨ªa empezado en junio a inyectar gas colch¨®n para comprobar que funcionaba correctamente. Informes oficiales determinaron que esa actividad de inyecci¨®n hab¨ªa afectado a una falla no cartografiada hasta entonces, que desencaden¨® los se¨ªsmos.
El Gobierno ha encargado a Enag¨¢s Transporte, la gestora t¨¦cnica del sistema gasista, que administre la instalaci¨®n. Deber¨¢ realizar el mantenimiento y pagar a Escal UGS los 1.350 millones en los que se ha valorado la inversi¨®n. Posteriormente, ser¨¢ el sistema gasista el que le devuelva esta cantidad a lo largo de 30 a?os. Es decir, que la compensaci¨®n a la concesionaria de Castor se ir¨¢ cargando al recibo del gas de los consumidores.
En ¨²ltima instancia ser¨¢n los consumidores los que vayan pagando la compensaci¨®n
El Ministerio de Industria asegur¨® ayer que esta soluci¨®n es m¨¢s barata que poner en funcionamiento el almac¨¦n como estaba previsto. ¡°El ahorro a partir de 2017 se estima en m¨¢s de 110 millones de euros al a?o¡±, asegur¨® Industria en un comunicado. Seg¨²n el ministerio, poner en funcionamiento el dep¨®sito costar¨ªa 210 millones de euros anuales. Pagar la compensaci¨®n costar¨¢ 100 millones de euros al a?o. Enag¨¢s inform¨® de que ya ha acordado con ¡°varias entidades financieras¡± la cesi¨®n de los derechos de cobro, de forma que ser¨¢n ellos los que adelanten el pago a Escal UGS de la inversi¨®n reconocida. Para Enagas, la operaci¨®n ¡°tendr¨¢ un car¨¢cter neutro desde el punto de vista financiero¡± porque no computar¨¢ como deuda.
El dep¨®sito 'despert¨®' una falla
Tras la crisis s¨ªsmica de Castor, en septiembre de 2013, el Gobierno encarg¨® informes a dos organismos p¨²blicos, el Instituto Geol¨®gico y Minero de Espa?a (IGME) y el Instituto Geogr¨¢fico Nacional (IGN). Ambos concluyeron que hubo relaci¨®n entre la inyecci¨®n de gas en este dep¨®sito submarino y los m¨¢s de 500 terremotos que se registraron en la zona. Constataron adem¨¢s que la rotura de una falla no cartografiada hasta entonces ¡ªa la que los expertos bautizan falla Castor¡ª fue la responsable de los temblores. Ambas instituciones recomendaron hacer m¨¢s an¨¢lisis, y evitaron pronunciarse sobre c¨®mo responder¨ªa el terreno a una nueva inyecci¨®n de gas. Tampoco dictaminaron si la empresa actu¨® diligentemente o no al evaluar los riesgos s¨ªsmicos, ni si calcul¨® correctamente la presi¨®n de la inyecci¨®n que pod¨ªa aguantar la estructura geol¨®gica.
El ministro de Industria, Jos¨¦ Manuel Soria, asegur¨® tras conocerse el contenido de esos dos informes ¡ªque tardaron meses en hacerse p¨²blicos pese a haber sido solicitados por diputados en el Congreso¡ª, que tambi¨¦n hab¨ªa encargado estudios a ¡°expertos internacionales¡±: la Universidad de Stanford y el MIT. Todav¨ªa no se conoce el resultado de esas consultas.
El Instituto Geol¨®gico y Minero de Espa?a (IGME) valid¨® en 2007 los estudios t¨¦cnicos que present¨® al Ministerio de Industria la concesionaria de Castor. Dos a?os antes el Observatorio del Ebro, un instituto de investigaci¨®n, hab¨ªa alertado de la actividad s¨ªsmica que pod¨ªa generar un proyecto de la magnitud del Castor, el mayor almacenamiento subterr¨¢neo de gas de Espa?a.
La crisis del Castor comenz¨® a principios de septiembre de 2013, cuando empezaron a sucederse peque?os terremotos en la zona de Vinar¨°s. Con la instalaci¨®n ¡ªsituada a unos 21 kil¨®metros de la costa de Castell¨®n y a dos kil¨®metros de profundidad bajo el mar¡ª ya construida, la concesionaria estaba inyectando el gas colch¨®n, un volumen m¨ªnimo de gas natural que permite que se pueda inyectar y posteriormente extraer el gas ¨²til. El 5 de septiembre se registr¨® el primer temblor. El 24, a las dos de la madrugada, se produjo el primero que notaron los habitantes de poblaciones cercanas. Dos d¨ªas despu¨¦s el Gobierno orden¨® el cese de actividad. El mayor se¨ªsmo fue uno de magnitud 4,2.
El Proyecto Castor se aprob¨® en mayo de 2008 como un dep¨®sito estrat¨¦gico, capaz de almacenar una cantidad de gas natural equivalente al consumo total de Espa?a durante 17 d¨ªas, con el objetivo de cubrir puntas de consumo o interrupciones del suministro. Una cl¨¢usula de aquel real decreto, en el que se autorizaba la concesi¨®n administrativa por 30 a?os, fue considerada abusiva y contraria al inter¨¦s general por el Gobierno actual. Permit¨ªa que se indemnizara a Castor en caso de que mediara dolo o negligencia. El abogado del Estado pidi¨® en mayo de 2012 su anulaci¨®n. El Supremo rechaz¨® la petici¨®n en octubre pasado.
El acuerdo del Consejo de Ministros de ayer especifica que se podr¨¢ poner fin a la hibernaci¨®n ¡°si los estudios t¨¦cnicos lo aconsejan¡± o desmantelar el almacenamiento ¡°en condiciones seguras¡±. Industria sigue pendiente de unos informes encargados hace meses a expertos de las instituciones estadounidenses MIT y Universidad de Stanford.
La diputada de IU Marina Albiol se?al¨® en un comunicado que no deber¨ªan ser los ciudadanos los que pagaran, sino ¡°Zapatero, Camps, Soria¡± y todos los que autorizaron un proyecto ¡°sin los estudios geol¨®gicos y medioambientales que tocaba hacer¡±.
?El proyecto se financi¨® con una emisi¨®n de deuda (bonos) de 1.400 millones que adem¨¢s fue respaldada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) con una l¨ªnea de tesorer¨ªa de 200 millones de euros. Gracias a ese apoyo el proyecto consigui¨® una calificaci¨®n crediticia m¨¢s atractiva para los inversores. La concesionaria, por tanto, tendr¨¢ que devolver la suma de la indemnizaci¨®n a los bonistas que financiaron el proyecto. ACS aseguraba en su informe de gesti¨®n de 2013, depositado en la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que Escal ¡°tiene derecho a devolver la concesi¨®n en cualquier momento¡± y que por tanto ¡°el valor de la inversi¨®n es totalmente recuperable¡±.
La nueva Ley de Evaluaci¨®n Ambiental, aprobada en octubre pasado, obliga a incluir en los proyectos estudios de peligrosidad s¨ªsmica. Esta ¨²ltima obligaci¨®n fue incluida a ¨²ltima hora, en forma de dos enmiendas presentadas por el PP despu¨¦s de que estallara la crisis del proyecto Castor, el almac¨¦n de gas que se relaciona con centenares de se¨ªsmos frente a las costas de Vinar¨°s (Castell¨®n).
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