La financiaci¨®n ilegal de partidos pol¨ªticos ser¨¢ delito

El Gobierno ya tiene una idea bastante clara de hasta d¨®nde le puede acompa?ar el primer partido de la oposici¨®n, el PSOE, en sus planes de aprobar, en algo m¨¢s de dos meses, un listado de leyes contra la corrupci¨®n pol¨ªtica. Los socialistas, por su parte, ya saben la receptividad que tienen sus propuestas de regeneraci¨®n democr¨¢tica, sus l¨ªmites y los del Gobierno. Sus conversaciones, discretas, han sido ¡°fruct¨ªferas y clarificadoras¡±, se?alan ambas partes. El primer gran acuerdo consiste en incorporar de forma expl¨ªcita por primera vez al C¨®digo Penal el delito de financiaci¨®n ilegal de partidos pol¨ªticos.

Es seguro que el resto de los grupos parlamentarios protestar¨¢n por la negociaci¨®n bilateral entre el Gobierno y el PP con el PSOE, pero los mayoritarios han decidido arrostrar la cr¨ªtica para avanzar. Y lo han conseguido, de forma que antes del 31 de diciembre el Congreso aprobar¨¢ dos leyes y una proposici¨®n de ley que recoger¨¢ modificaciones y adiciones a una docena de leyes.

En estos momentos existe un listado de asuntos en los que hay acuerdo, mientras que otros se han descartado. Aunque todo es planteable cuando empiece la tramitaci¨®n parlamentaria. Lo conseguido en estos pactos iniciales es irreversible, seg¨²n fuentes de las dos delegaciones. En el acuerdo entra el refuerzo del marco penal aplicable a los delitos asociados a la corrupci¨®n, como prevaricaci¨®n, cohecho, tr¨¢fico de influencias y fraudes y exacciones ilegales. Se ha zanjado el debate y los reproches entre partidos en torno a cu¨¢ndo un pol¨ªtico inmerso en un procedimiento judicial debe dejar su cargo. El momento ser¨¢ cuando se abra el juicio oral y no cuando se le impute.

El paso de la pol¨ªtica a la empresa privada, o lo que se ha llamado ¡°las puertas giratorias¡±, se endurece. Los negociadores han acordado ampliar de dos a cinco a?os la incompatibilidad de un ex alto cargo o exministro para trabajar en un sector con el que haya tenido relaci¨®n por raz¨®n de su cargo. A propuesta del PSOE se establecer¨¢ la obligaci¨®n a los altos cargos de presentar un certificado de Hacienda cada dos a?os para constatar la evoluci¨®n de los ingresos, adem¨¢s de la presentaci¨®n anual de bienes y patrimonio ante la instituci¨®n a la que pertenezca.

No ha salido adelante la propuesta socialista de que haya elecciones primarias en todos los partidos para elegir a sus representantes como pretend¨ªa el PSOE. Sin que aparezca el vocablo ¡°primarias¡±, el Gobierno ha aceptado que se introduzcan ¡°mecanismos para que los militantes puedan participar en los procesos de elecci¨®n de sus representantes en los ¨®rganos de direcci¨®n¡±, se?alan los interlocutores consultados. S¨ª se ha aceptado, en el apartado de democracia interna de los partidos pol¨ªticos, la creaci¨®n del ¡°defensor de los militantes¡±.

Entre las propuestas socialistas rechazadas destaca la negativa a abordar el cambio de modelo en la elecci¨®n de cargos institucionales. Por ejemplo, de RTVE. Una mayor¨ªa podr¨¢ dominar la elecci¨®n sin necesidad de contar con la oposici¨®n. No asume tampoco el PP que figure por escrito la limitaci¨®n de ocho a?os para la presidencia del Gobierno y eso que lo practic¨® Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar y es muy probable que tambi¨¦n lo haga Mariano Rajoy. Pero no quiere hacerlo obligatorio. No ha concedido el Gobierno del PP indultos a condenados por corrupci¨®n, pero tampoco quiere dejar por escrito un listado de delitos que impedir¨ªan esta medida de gracia.

Hay acuerdos y desacuerdos, pero en ning¨²n caso habr¨¢ foto. Los socialistas no la quieren, por lo que no se podr¨¢ hablar formalmente de un Pacto Anticorrupci¨®n. ¡°Las conversaciones sobre regeneraci¨®n democr¨¢tica con el PP y el Gobierno no van a servir para que les tapemos sus verg¨¹enzas¡± ha sentenciado el portavoz socialista, Antonio Hernando. El juez Pablo Ruz mantiene muy viva la investigaci¨®n por la supuesta financiaci¨®n ilegal del PP y la existencia de una caja B