El PSOE, preparado para recurrir las inmatriculaciones de la Iglesia

El Partido Socialista de Pedro S¨¢nchez ya tiene los argumentos jur¨ªdicos para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la potestad de los obispos de poner a su nombre viviendas, casas, tierras e iglesias sin demostrar que son los propietarios de todo ello. Se trata de impedir que la jerarqu¨ªa cat¨®lica siga utilizando esta capacidad que le otorga la ley hipotecaria de 1946 y abrir v¨ªas para que los ciudadanos y los miles de Ayuntamientos afectados puedan reclamar el patrimonio hist¨®rico art¨ªstico con mayor respaldo legal. Pero el PSOE est¨¢ estudiando a¨²n la conveniencia de presentar ese recurso ante el Constitucional. Unos opinan que todo tiene que estar bien amarrado para que sea admitido a tr¨¢mite y no haya tropezones pol¨ªticos. Otros creen que el partido debe jug¨¢rsela aunque se pierda.

Antes de dejar el Ministerio de Justicia, Alberto Ruiz Gallard¨®n ya present¨® la reforma del art¨ªculo de la pol¨¦mica, el 206 de la ley hipotecaria de 1946, pero no mencionaba en ning¨²n momento las pr¨¢cticas de la Iglesia amparadas en esta norma, ni la declaraba inconstitucional. Adem¨¢s, conced¨ªa un a?o m¨¢s a los obispados para seguir actuando de igual modo, porque hasta entonces no quedar¨ªa derogado el art¨ªculo. Las plataformas ciudadanas m¨¢s activas para recuperar lo que consideran un patrimonio ¡°usurpado al pueblo durante a?os¡±, la de Navarra y la de C¨®rdoba, con la mezquita como principal s¨ªmbolo de toda esta pol¨¦mica, temen que de aprobarse la reforma presentada por el PP se consolide lo que llaman ¡°amnist¨ªa registral¡±, es decir, que todo lo registrado por los obispos sin aportar documentos de propiedad y, en muchos casos, ante el desconocimiento de la gente, quede as¨ª para siempre.

Urge, dicen, presentar un recurso de inconstitucionalidad, pero el ¨²nico partido proclive a esta petici¨®n que podr¨ªa hacerlo pos su n¨²mero de diputados, el PSOE, est¨¢ dudoso. ¡°Estamos de acuerdo con las plataformas para hacer todo lo posible para llevar esto al Constitucional, pero hemos manejado informes jur¨ªdicos y creemos que hay dudas razonables. Queremos hacerlo de tal manera que nos garantice el ¨¦xito de la operaci¨®n¡±, dice el diputado Juan Moscoso. ¡°Estamos en plazo, no es una decisi¨®n pol¨ªtica, sino jur¨ªdica y queremos verlo con mucha seriedad, no tenemos clara la v¨ªa jur¨ªdica para abordar esto¡±, a?ade.

El Parlamento andaluz, con mayor¨ªa de izquierdas entre socialistas e IU, ya hizo una declaraci¨®n pol¨ªtica en la que se manifestaba en contra de esta pr¨¢ctica de las inmatriculaciones (poner a nombre de uno lo que nunca tuvo due?o) pero en ning¨²n momento se hablaba de recurso ante el Constitucional de forma meridiana. Adem¨¢s, la mesa de portavoces aclar¨® despu¨¦s que ya no cab¨ªa recurso porque la ley org¨¢nica de creaci¨®n del propio tribunal estableci¨® en 1979 un plazo de tres meses para proponer conflictos constitucionales de leyes anteriores a su creaci¨®n. Eso conclu¨ªa en 1980.

Para las plataformas de C¨®rdoba y de Navarra esto no tiene sentido, porque aunque no se recurri¨® en aquel momento, la inconstitucionalidad de ese art¨ªculo de la ley hipotecaria y del 304 de su reglamento, es sobrevenida, es decir, la inconstitucionalidad estaba latente pero sin efectos, pero a partir de 1998, cuando el Gobierno de Aznar concedi¨® a los obispos la posibilidad de poner templos a su nombre (lo ¨²nico que ten¨ªan vetado) se produjo un resurgir notable de estas inmatriculaciones. Solo en Navarra registraron en el periodo 1998-2007, hasta 1087 bienes de toda ¨ªndole (monumentos, catedrales, terrenos, casas parroquiales, ermitas, arbolados, cementerios, viviendas, solares, cocheras). ¡°Somos conscientes que lo mismo ha ocurrido en el resto del Estado. Ha llegado a tal extremo la voracidad inmobiliaria de la jerarqu¨ªa cat¨®lica que algunos de los bienes inmatriculados por este procedimiento inconstitucional son plazas p¨²blicas (como la Triunfo de San Rafael o de la Fuensanta en C¨®rdoba), o monumentos de la trascendencia patrimonial y simb¨®lica de la Giralda de Sevilla o la Mezquita-Catedral de C¨®rdoba, Patrimonio Mundial de la Unesco¡±, argumentan las plataformas.

El secretario general del PSOE de C¨®rdoba, Juan Pablo Dur¨¢n, entiende que es dif¨ªcil el recurso, pero se?ala uno que se interpuso pasado ese plazo de tres meses mencionado, que ten¨ªa por objeto la ley de bases de r¨¦gimen local. El Supremo fall¨® en 1998. Algunos juristas apelan a una sentencia, la 340 de 1993 en la que el alto tribunal declar¨® inconstitucional el art¨ªculo 76.1 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 por hacer una equiparaci¨®n parecida de los obispos con el Estado, las provincias, los municipios y las corporaciones de derecho p¨²blico, o sea, lo mismo que ocurre en la ley hipotecaria, que los obispos equivalen a fedatarios p¨²blicos y no han de demostrar con documentos la propiedad de los bienes inmuebles, como se le exige a cualquier ciudadano para ponerlos a su nombre.

Lo que no est¨¢ del todo claro es qu¨¦ pasar¨¢ si el TC declarara finalmente inconstitucional este art¨ªculo. De inmediato no ser¨ªan nulas todas las actuaciones consumadas hasta la fecha. ¡°Habr¨ªa que pleitear uno a uno o en bloque los bienes inmatriculados, que no pasar¨ªan directamente a los Ayuntamientos, pero en esos pleitos tambi¨¦n se le exigir¨ªa a la Iglesia que aporte sus documentos de propiedad¡±, dice el socialista Dur¨¢n.

¡°En todo caso, si el nuevo ministro [de Justicia, Rafael Catal¨¢] no frena la reforma de Gallard¨®n, uan vez pasados 10 a?os desde la inmatriculaci¨®n se entiende ya como bien privado y sobre muchas propiedades no podr¨ªamos recurrir. Eso cuando esos bienes no hayan sido vendidos, por ejemplo¡±, lamenta Antonio Manuel Rodr¨ªguez, profesor de Derecho de la Universidad de C¨®rdoba y miembro de la Plataforma. Y a la mezquita, registrada por la Iglesia en 2006 se le est¨¢ acabando el tiempo.